40 años de Amnistía en España: estas son las "grietas" en el respeto a los derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) cumple 40 años desde su legalización en España en 1978. En este tiempo, la organización se ha convertido en un referente en derechos humanos -como lo es a nivel internacional-, citado con respeto por medios, gobiernos, instituciones independientes. Entre sus logros en estas décadas están que 141 países hayan abolido la pena de muerte, que empezara a funcionar la Corte Penal Internacional o que, tras décadas de trabajo, entrara en vigor el Tratado del Comercio de Armas que prohíbe la transferencia cuando un país sabe que esas armas se podrían usar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Hay mucho éxitos en el balance presentado esta mañana por Esteban Beltrán, el director de AI España, logros "independientes" sustentados por más de siete millones de personas en todo el mundo. En nuestro país hay más de 84.000 socios, 2.400 activistas y alrededor de millón de colaboradores asiduos que firman sus peticiones. Y, pese a ese esfuerzo, quedan "grietas" por las que se cuelan las violaciones de derechos humanos, menores que en zonas menos democráticas y privilegiadas económicamente, pero igualmente denunciables. "El mundo y España están mejor que hace 40 años, pero peor que hace diez", concluye la organización.

En estos momentos, la defensa de estos derechos está "en la gente", y solo las movilizaciones pacíficas y algunos recientes desbloqueos en el Parlamento como el que afecta a la ley de seguridad ciudadana pueden hacer superar esa "regresión", ha apuntado Beltrán. ¿Cuáles son los motivos de ese retroceso? Las políticas de austeridad, la crisis "sin precedentes" de unos conflictos armados de una "crueldad medieval", recibida con medidas migratorias por parte de los Estados cada vez más restrictivas, o la pérdida de peso político de cuestiones como la violencia machista o los crímenes del franquismo.

Estas son las asignaturas pendientes que, cuatro décadas más tarde, España aún debe superar.

¿País de acogida?

Al igual que el resto de los países europeos, España debe cumplir con la responsabilidad y su compromiso de acoger a las personas necesitadas de protección internacional. España se comprometió a acoger a 17.337, algo que está cumpliendo a un ritmo muy lento. Hasta el momento sólo 2.782 personas han llegado a nuestro país, el 15,7%. Según la Agencia Europea de Migración, de las 160.000 personas refugiadas que los Estados miembros de la Unión Europea deberían haber acogido, a finales de 2017 sólo lo habían hecho con50.929, lo que equivale a un 31,8%.

"Hasta hace unos años se podía pedir asilo y refugio en cualquier embajada europea, ahora ese derecho está en peligro de extinción"; en España, que ha incumplido con su compromiso de acogida, los refugiados viven en la "indigencia" a medio plazo y se prosigue con las devoluciones en caliente de inmigrantes, ha censurado Beltrán.

También se debe poner fin, dice AI, a las expulsiones sumarias y colectivas mediante la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y la Ley de Extranjería en las que se justifican estas prácticas, consideradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciadas por la organización desde hace más de 20 años.

Amnistía Internacional denuncia cómo el sistema de acogida en España es discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a corto y medio plazo a la indigencia. Un sistema que no se adapta a los estándares internacionales, mantiene durante meses a las personas migrantes y solicitantes de asilo en un limbo jurídico en enclaves como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, donde entre otros abusos a los derechos humanos, se restringe su libertad de movimiento.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

La violencia de género sigue siendo imbatible

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017, es un paso adelante para frenar una lacra que ha acabado con la vida de 924 mujeres desde 2003 hasta el 12 de marzo de 2018, y 31 menores en los últimos ocho años. No hay que olvidar, sin embargo, que muchas de las 212 medidas sobre sensibilización y prevención que recoge el Pacto de Estado, centradas en la educación, mejora de la respuesta institucional, protección de menores y formación de agentes especializados, ya figuraban en la Ley Integral y hasta el momento no se han implementado.

Para Amnistía, es necesario también que se eliminen las barreras que impidan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual; que se evite la revictimización de las mujeres no recurriendo a estereotipos de género en todo el proceso judicial; y que se les proporcionen servicios de atención sanitaria, psicológica y asistencia jurídica de calidad.

El derecho a la vivienda y la salud, en jaque

La crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas en estos últimos 10 años han supuesto violaciones de derechos humanos en el ámbito del derecho a la vivienda y el acceso a la salud, entre otros derechos. Es necesario que se reforme la Constitución, a través de su artículo 53, para que se blinden estos derechos humanos y cuenten con garantías de cumplimiento.

En la última década, recuerdan, el Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para proteger más a las personas y garantizar el derecho a la vivienda. Entre 2013 y septiembre de 2017, se han producido 297.828 desalojos (127.302 por ejecución hipotecaria y 170.522 por impago de alquiler). Al tiempo, el presupuesto público para acceder a la vivienda en 2017 se redujo en un 70,4% on respecto al del año 2009. No se sabe cuántas personas han perdido sus hogares, ni cuántas de ellas estaban en situación de especial vulnerabilidad como es el caso de las víctimas de violencia de género, menores, personas mayores o personas con discapacidad. "La crisis económica se ha convertido en una crisis de los derechos humanos", resumen.

Por otro lado, Amnistía Internacional destaca el deterioro del acceso a la salud de colectivos especialmente vulnerables por la aplicación de medidas como el Real Decreto Ley 16/2012. Es el caso de personas con escasos recursos económicos que sufren enfermedades crónicas o requieren un tratamiento, por ejemplo de cáncer; o el de personas migrantes en situación administrativa irregular.

Esperando verdad, justicia y reparación

Desde 1960 más de 6.000 personas han sido víctimas de actos terroristas en España. Después de seis años del cese definitivo de los atentados de ETA, "es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos en el País Vasco", señala AI. Las víctimas de ETA, de los GAL y otros grupos armados, así como las víctimas de tortura y malos tratos cometidas por fuerzas y cuerpos de seguridad en el contexto de la lucha antiterrorista deben estar en el centro del diálogo.

Sin embargo, España no investiga adecuadamente las denuncias de tortura en este marco, así lo ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde el año 2010 ha condenado en nueve ocasiones a España por no investigar adecuadamente este tipo de denuncias. Además el Gobierno central, "obstaculiza sin plantear alternativas" las iniciativas autonómicas que pretenden garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, como ha hecho con los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del País Vasco 12/2016 o contra la Ley Foral 16/2015 de Navarra, leyes que abordan la reparación a las víctimas.

Amnistía Internacional recuerda que lleva más de una década exigiendo verdad, justicia y reparación para los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la justicia española, la mayoría desapariciones forzosas. Dos países, Argentina y México, están investigando unos delitos a los que la justicia española no quiere enfrentarse, mientras que España no deja de obstaculizar cualquier intento de llevar ante la justicia a los responsables, mediante resoluciones judiciales, decisiones parlamentarias, o legislación interna contraria al derecho internacional que bloquean las investigaciones que se intentan llevar a cabo dentro y fuera de España. Unas resoluciones cuestionadas por cinco mecanismos de Naciones Unidas. "En esta última década peligrosa para los derechos humanos, hemos renunciado a la jurisdicción universal, cuando éramos pioneros", lamentan.

Libertad de expresión amordazada y en peligro

El impacto de la Ley Orgánica para la Protección de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, en los derechos de la ciudadanía, o de la reforma del Código Penal (artículo 578), que criminaliza conductas muy vagas como "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas", están poniendo en riesgo derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión, o la libertad de información.

La LOSC limita el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se está usando contra periodistas, activistas sociales, en especial contra los que defienden el derecho a la vivienda. También personas usuarias de las redes sociales, raperos, e incluso titiriteros, han sido procesados por motivos de seguridad nacional, en base al Código Penal.

Mientras en los 80 "Tip y Coll podían hacer chistes de Carrero Blanco sin temor a ir a la cárcel", en los dos últimos años se han condenado a 66 personas por enaltecimiento del terrorismo en aplicación del Código Penal y se han impuesto 36.000 multas por el mero hecho "de expresar opiniones" en virtud de la citada ley, dice Beltrán. Esto está teniendo un profundo efecto paralizante al crear un entorno en el que la ciudadanía teme expresar opiniones alternativas, hacer chistes o expresar opiniones controvertidas.

Cómo hacer un mundo mejor desde España

España debe contribuir a mejorar el mundo, para ello debe poner en el centro de su política exterior los derechos humanos, y junto a otros Gobiernos, ser un contrapeso a la creciente tendencia a cuestionar la universalización de éstos. Ello implica cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de mecanismos internacionales, dentro y fuera de España, y dar prioridad a los derechos humanos en sus agendas bilaterales con otros países.

Además, en los próximos tres años, España formará parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una gran oportunidad para que el Gobierno tenga un papel activo, como ha anunciado, en la defensa del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, la lucha contra la pena de muerte, la igualdad de género, y la promoción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros aspectos.

Para visibilizar estas deudas pendientes con los derechos humanos en España, Amnistía ha presentado además el documental Grietas, junto a Mediapro, que da cuenta de la batalla que queda por delante.