Acaba el aniversario y ¿qué sigue pasando ahora con ETA? Las deudas y heridas pendientes

Diez años del fin de ETA, diez años del abandono de la lucha armada. Lo hemos recordado este 20 de octubre. Pero, pasado el día d, se apagan los focos, se cierran las hemerotecas, se archivan los discursos. Toca, otra vez, vivir en esta España sin terroristas, sin entierros ni sobresaltos, que es la España, también, en la que los etarras aún son arma arrojadiza entre los partidos políticos y herida abierta para las víctimas.

Se ha demostrado esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el popular Pablo Casado, se han enzarzado a cara de perro a cuenta de los rescoldos de aquel abandono de las armas. Todo ha venido a cuenta de unas polémicas declaraciones de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu y uno de los negociadores del acuerdo que acabó con la banda. “Si para que salgan los presos hay que votar los PGE, los votaremos”, ha afirmado. Y, de inmediato, los conservadores han cargado contra los socialistas por “blanquear” a ETA. Sánchez ha tenido que defenderse diciendo que nunca van a usar políticamente el terror, ni cuando estaba viva la banda ni ahora que no existe.

Casado ha reprochado a Sánchez que, en campaña, prometió no pactar con la izquierda abertzale, y aunque el presidente no ha entrado a ese trapo y no es la primera vez que ha logrado el apoyo de su grupo en el Congreso, ha puesto el foco en otra cosa: en la necesidad de que todos los españoles, de cualquier color, entiendan lo conquistado. También los del PP. “El éxito es de todos”, ha enfatizado.

Sánchez ha hablado de amargura y de dolor por la división que aún genera esta conquista “del estado de derecho”, pero para los populares el mérito es de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no de la mediación política. Una vuelta de tuerca de Casado, ya que Mariano Rajoy acabó aparcando el tema y sumándose, con los hechos, al proceso iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero. A diez años de su claudicación, ver este espectáculo en el Congreso genera la incómoda certeza de que los etarras, en esto, ganaron un poco: no permiten la unidad.

Ni en la Cámara Baja ni en la calle, como evidencia la ausencia de asociaciones de víctimas en el acto que esta tarde ha tenido lugar en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (otro histórico perseguido por ETA cuando era juez en la Audiencia Nacional).

Más allá del debate de cómo se venció a ETA y con qué precio, en el que no se ponen de acuerdo ni Gobierno ni oposición ni víctimas, este aniversario demuestra la necesidad de lograr un relato, estable, claro, transparente, que se pueda enseñar en las escuelas. Construir memoria desde la verdad. Es una de las máximas reivindicaciones puestas sobre la mesa hoy por las asociaciones de supervivientes y familias de asesinados, secuestrados y heridos por ETA.

Para que la herida cicatrice es esencial, de partida, el perdón, y ese, tal cual, no ha llegado. El pasado lunes, Otegi dijo que “eso no tuvo que ocurrir nunca”, que sentía el dolor de las víctimas, pero no decía: asumimos que nos equivocamos y pedimos perdón. Un paso adelante muy valorado en las últimas horas pero que deja la deuda pendiente, esperemos que no para dentro de otros diez años. ¿Cuándo se decidirá la izquierda abertzale a reconocer su error, que el crimen no les ha llevado a su supuesta meta de la independencia del País Vasco? Como escribe hoy en El HuffPost el exministro de Presidencia socialista Ramón Jáuregui, es difícil que eso pase porque supondría una “enmienda a la totalidad” de sus actos viejos de 43 años. Tampoco se ve una toma de conciencia real, aún, del sufrimiento ocasionado.

Y, sin embargo, es lo único que puede reintegrar al que fuera brazo política de ETA, HB reconvertido en Sortu reconvertido en Bildu, para tener plena legitimidad democrática y acceder, por ejemplo, a pactos de Gobierno, como ocurre con otras fuerzas en otros países con un pasado de terror a sus espaldas. La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha vinculado esas declaraciones sobre los presos a la “mochila que arrastra” Otegi, de la que no se ha desprendido. En los comunicados de fin de la banda hablaban de resolver las “consecuencias del conflicto” y esa era una fundamental para ellos. “Otegi y el entorno político alentaron a mucha gente a que se lanzara a ser terrorista y, por lo tanto, arrastran esa responsabilidad”, concluye. El exlehendakari Patxi López ha replicado también que “los presos salen de la cárcel cuando cumplen las condenas”. Pero ese caballo aún no lo van a soltar.

Más allá del perdón

Las asociaciones reclaman claramente que haya una “autocrítica sincera” por parte del entorno de Otegi y los abertzales, porque aunque la convivencia es posible hoy en el País Vasco y nadie tiene que irse de su tierra por sentirse amenazado ni nadie tiene que llevar escolta por lo que pueda pasar, hay ramalazos de aquella violencia que siguen vivos: como defiende Marta Buesa, hija del asesinado Fernando Buesa, hay que actuar en todo el entorno, los que ayudaron, los que callaron, los que alentaron. Que no son parte de los 84 presos etarras que aún siguen en cárceles españolas.

Los insultos, las pintadas, los carteles. Eso no se ha ido. Tampoco los ongi etorri, las bienvenidas a los convictos que salen libres, que se repiten en sus lugares de origen. Las asociaciones reclaman que se vigilen estos eventos, en los que a veces se ven hasta familias enteras jaleando a los condenados. Ha habido recientes escándalos por ellos pero, también, casos de anulaciones, por presión, signo de la fuerza menguante de estas convocatorias.

Hace falta, coinciden la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en que sin un pacto social por la convivencia y la memoria seguirán las desavenencias y se mantendrá sin atender plenamente a quien merece todo el foco: las víctimas. Y ese pacto tiene que incluir la voluntad de apretar al entorno etarra que aún vive para que no sólo condenen a ETA y acaben con los homenajes, sino que también colaboren con la justicia y permitan aclarar los 377 casos sin resolver, que es el gran escollo judicial, pasada una década sin acumular más muertos.