Trabajo forzoso: la esclavitud moderna que reporta beneficios "obscenos" a los explotadores
Este 1 de mayo, hay casi 50 millones de empleados que tienen poco que celebrar: son los forzados, los obligados por la servidumbre, la explotación sexual o la trata de personas. Con ellos, mafias y otros desalmados ganan 218.000 millones al año.
"Arbeit macht frei", "el trabajo te libera", escribían los nazis a las puertas de sus campos de exterminio. No fue verdad para los 17 millones de personas (de judíos a comunistas, de gitanos a prisioneros de guerra) a los que mataron sus uniformados, como no lo es para los casi 50 millones de personas que hoy, en pleno siglo XXI, están sometidos a trabajos forzosos.
Dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que forzoso es todo empleo o servicio "exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente". La definición tiene casi cien años y sigue condensando una realidad que, lejos de reducirse, crece, que reporta unos beneficios "obscenos" a las mafias y los individuos que someten a sus iguales. Estos últimos sí tienen algo que celebrar en este Primero de Mayo.
Según las últimas Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna de la OIT, con datos de 2021, hay exactamente 49,6 millones de personas en el planeta en situación de esclavitud moderna. De ellas personas, 17,6 millones realizaban trabajos forzados y 22 millones más estaban atrapadas en matrimonios forzados. La mayoría, se ven atrapadas por sectores privados (17,3 millones) aunque también hay administraciones o estados que lo imponen, sobre todo autoritarios (3,9 millones de personas explotadas por ellos, 14% del total).
El campo de la explotación sexual comercial forzosa contabiliza a 6,3 millones de empleados forzosos, copando el 23% del total de trabajos no deseados e impuestos. La inmensa mayoría de las víctimas (77,7%) son mujeres y niñas. La mitad del total son menores de edad, en un mundo en el que hay un 12% de niños en trabajos forzosos. De esta forma, casi una de cada ocho personas que realizan trabajos forzados son niños, 3,3 millones. Una barbaridad que trasciende la frialdad de la estadística.
El número de personas en esta situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. En 2021, había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.
Las mujeres y los niños siguen siendo "desproporcionadamente vulnerables", indica el informe, que incide reiteradamente en que no es un problema focalizado, sino planetario: se da en casi todos los países del mundo y "atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas". Para los que hacen lecturas simplistas, un dato demoledor: más de la mitad (52%) de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta.
Revisando por zonas, la región de Asia-Pacífico es la que tiene el mayor número de personas en situación de trabajo forzoso (15,1 millones) y los Estados Árabes, los que reflejan una la mayor prevalencia (5,3 por cada mil personas).
De qué hablamos cuando hablamos de trabajo forzado
La OIT, el un organismo especializado en el trabajo de las Naciones Unidas, explica que hay varios tipos de trabajo forzado, todos ellos empeorando con el paso de los años. El clásico es aquel en el que las personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes contextos, de campos de concentración a explotaciones agrícolas, fábricas o barcos de pesca.
En el caso del trabajo servidumbre, los explotados son personas que contraen un préstamo o tienen cargar con una deuda y se ven obligadas a trabajar muchas horas, en pésimas condiciones y por un salario irrisorio para hacer frente a estos pagos. En no pocas ocasiones, lugar de trabajo y techo son el mismo, porque quedan confinados hasta que salden su deuda.
Uno de los modos de esclavitud más extendido en estos momentos es el de la explotación de mujeres, niños y niñas para ejercer la prostitución e intercambiar servicios sexuales a cambio de dinero. Extendida y lucrativa, como la trata de personas, que se basa en el engaño por parte del traficante que, a través de mentiras, coacción o abuso y aprovechando la situación desfavorable de las víctimas, consigue una posición de dominación y control sobre estos.
Todos estos tipos incluyen el trabajo infantil, extendido en cualquiera de las modalidades, y que afecta duramente en el caso de los matrimonios a la fuerza. Afectan a mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin posibilidad de elección. Muchas veces, estas uniones ocurren por intereses y frecuentemente lleva implícito para ellas una situación de servidumbre, explotación en el hogar o en negocios familiares e incluso maltrato. Por eso la OIT los añade en su informe, publicado el pasado septiembre. "La verdadera incidencia de los matrimonios forzados, en particular los que involucran a niños de 16 años o menos, es probablemente mucho mayor de lo que las estimaciones actuales pueden captar", constata.
El trabajo obligado se ceba especialmente con los migrantes y su desesperación. Ellos tienen más de tres veces más probabilidades de realizar este tipo de cometidos que los trabajadores adultos no migrantes. Si bien la migración laboral tiene un efecto ampliamente positivo en las personas, los hogares, las comunidades y las sociedades, "este hallazgo demuestra cómo los migrantes son especialmente vulnerables al trabajo forzoso y a la trata de personas, ya sea por la migración irregular o mal gobernada, o por las prácticas de contratación injustas y poco éticas", sostiene la OIT.
Tú sufres, yo gano
El pasado marzo, la OIT publicó sobre estos datos un nuevo informe, Profits and Poverty: The economics of forced labour, (Beneficios y pobreza: la economía del trabajo forzoso), esta vez centrándose en el beneficio que deja el trabajo forzado en las redes, estados y particulares desalmados en general. Y es mucho. "Obsceno", es la palabra con la que lo definió el director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.
La agencia de la ONU sostiene que las ganancias ilegales derivadas del trabajo forzoso aumentaron un 37% durante la última década, hasta los 236.000 millones de dólares por año (220.000 millones de euros al cambio). La subida es de 64.000 millones en la última década. La explotación sexual representa casi las tres cuartas partes del total de ese montante. Hay dos razones que explican ese incremento: hay más personas obligadas a trabajar y las víctimas cada vez generan más dinero a sus explotadores. Los traficantes y delincuentes ganan ahora cerca de 10.000 dólares por víctima, frente a los 8.269 dólares de hace una década.
Son ganancias "en la práctica robadas de los bolsillos de los trabajadores" por quienes les obligan a trabajar, así como dinero sustraído de las remesas de los migrantes y la pérdida de ingresos fiscales para los Gobiernos. En términos de beneficio por víctima, las cifras más altas se registraron en la inmaculada Europa y, también, en Asia central, seguidas por los Estados árabes, las Américas, África y Asia y el Pacífico.
Después de la explotación sexual comercial forzada, el sector con mayores ganancias ilegales derivadas del trabajo forzoso es la industria (35.000 millones), seguida de los servicios (20.800), la agricultura (5.000) y el trabajo doméstico (2.600 más). Además de hacer rico a quien se salta la ley, estas prácticas pueden "fomentar la corrupción, fortalecer las redes criminales e incentivar una mayor explotación", afirma la OIT.
"Las personas sometidas a trabajos forzosos están sujetas a múltiples formas de coerción, siendo la retención deliberada y sistemática de los salarios una de las más comunes", afirmó Houngbo. "El trabajo forzoso perpetúa los ciclos de pobreza y explotación y ataca el corazón de la dignidad humana". Algo que no ablanda, parece, a los que tienen el bolsillo lleno (muy lleno) por violar los derechos humanos. Lo que se hace con estas personas sigue apuntalando la economía mundial, sin sonrojo.
Lo que se puede y se debe hacer
En los dos informes, la OIT hace una valoración muy negativa de lo que los estados hacen para frenar estas prácticas, la antítesis de los derechos laborales que se defienden en la jornada del 1 de mayo. "Es escandaloso que la situación de la esclavitud moderna no mejore. Nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos", se lee.
¿Pero cómo se acaba con este tipo de empleo o, como poco, se revierte esa tendencia al alza? "Es fundamental contar con políticas y regulaciones nacionales eficaces. Pero los gobiernos no pueden hacerlo solos. Las normas internacionales proporcionan una base sólida, y es necesario un enfoque que incluya a todas las partes. Los sindicatos, las organizaciones empresariales, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen un papel fundamental que desempeñar", indica Naciones Unidas.
Como quiera que las migraciones soportan en buena parte esta explotación, los informes subrayan la urgencia de "garantizar que toda la migración sea segura, ordenada y regular". "La reducción de la vulnerabilidad de los migrantes al trabajo forzoso y a la trata de personas depende, en primer lugar, de marcos políticos y jurídicos nacionales que respeten, protejan y hagan realidad los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes -y de los migrantes potenciales- en todas las etapas del proceso migratorio, independientemente de su situación migratoria. Toda la sociedad debe colaborar para revertir estas impactantes tendencias, incluso mediante la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración", añade.
"Es un problema creado por el hombre, relacionado tanto con la esclavitud histórica como con la persistente desigualdad estructural. En una época de crisis agravadas, una auténtica voluntad política es la clave para acabar con estos abusos de los derechos humanos", concluye.
En Europa se acaban de dar pasos importantes en este sentido, recogiendo el guante de las reclamaciones de la OIT, que podrían suponer una esperanza para las víctimas de trabajo forzoso y de vulneraciones a los derechos humanos y el medio ambiente, porque es la primera vez que los principios rectores de Naciones Unidas en cuanto a la responsabilidad social de las corporaciones se codifican en legislación europea y dejan de ser voluntarios y también es la primera vez que los parámetros de trabajo forzoso se plasman negro sobre blanco para impedir que sus productos derivados entren al mercado común de 450 millones de europeos.
Así, la Directiva sobre debida diligencia obligará a las grandes empresas a mitigar los riesgos de sus actividades para la sostenibilidad social y medioambiental, que contempla multas de hasta el 5% de la facturación global de las infractoras (un dinero que puede acabar ahora en manos de los explotados). La norma exige a las empresas y a sus socios, incluidos los que se encargan del suministro, la producción y la distribución, prevenir, poner fin o mitigar su impacto adverso sobre derechos humanos y medio ambiente, incluidos la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la destrucción del patrimonio natural.
Ahora cabe la posibilidad de que un producto sea retirado del mercado, destruido o reciclado, lo que va a tener efecto en los sometidos a trabajo ilegal. En el caso de productos generados con trabajo esclavo, podrán volver a entrar al mercado europeo cuando se pruebe que las condiciones laborales han cambiado, mientras que se fomentarán las organizaciones y sindicatos que den asistencia a los trabajadores.
"Los europeos no podemos exportar valores e importar trabajo forzoso", como resumió la europarlamentaria socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. "La presencia de productos hechos con trabajo forzoso en nuestro mercado es cada vez más evidente y es inaceptable. No podemos hacer la vista gorda ante lo que sucede en nuestras cadenas de suministro", incide.
Aunque la norma ha salido adelante rebajada, con menos conquistas de ls anheladas de inicio, es un ejemplo de que con voluntad política se puede acabar con esos 50 millones de personas que pican en la mina, levantan edificios o limpian suelos en condiciones que claman al cielo, si existe. El infierno, está claro, lo ven ellos todos los días.