El voto particular del presidente del TAD afirma que sí hubo abuso de autoridad en el beso
Francisco de Miguel Pajuelo estima que el organismo debería haber abierto expediente disciplinario por infracciones muy graves por actos notorios y públicos.
El voto particular del presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Francisco de Miguel Pajuelo, indica que sí hubo abuso de autoridad en el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.
Pajuelo emitió un voto particular en contra de la decisión del TAD, ya que estima que el organismo debería haber abierto expediente disciplinario a Luis Rubiales por infracciones muy graves por actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivo, así como por abuso de autoridad.
Según publica Iusport este sábado, Pajuelo considera que, sin dar contenido sexual al beso entre el Rubiales y la internacional Jenni Hermoso, es un acto desmedido e injusto, indecoroso, discriminatorio para la mujer y realizado precisamente por quien se halla en la posición de superioridad que permite realizar este tipo de actos, con absoluto desprecio hacia la persona a la que se besa.
"Este exceso, aún desprovisto de un contenido sexual, no puede tener la simple consideración de reacción pasional inadecuada, dado el marco en el que se realiza, sobre quien se realiza y la situación de preeminencia del que lo hace. Esta desconsideración hacia una subordinada en las condiciones en las que se produjo creo que podría llenar el tipo infractor administrativo de abuso de autoridad", señala.
Por ello, opina que el TAD debería haber abierto expediente disciplinario por este hecho como falta muy grave, así como por actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivo.
Así lo expone Pajuelo, letrado de la Seguridad Social y anteriormente vocal y secretario del tribunal que ahora preside, un día después de que este órgano estimara la petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre la apertura de expediente a Rubiales, aunque por posibles infracciones graves y no muy graves como pedía el organismo.
Para el presidente del TAD, la "petición razonada cumple con los requisitos previstos, por lo que concurriendo indicios suficientes para entender que podrían concurrir las infracciones que señala, la conclusión del Tribunal Administrativo del Deporte hubiera debido ser la de abrir el expediente disciplinario solicitado, sin otras consideraciones que puedan contaminar la instrucción y en su caso decisión por el propio Tribunal de lo acordado".
También considera que se podría abrir el expediente solicitado por abuso de autoridad por "la posible utilización de los medios federativos para encubrir, mitigar, difuminar o blanquear una conducta indecorosa del presidente de dicha federación, que ha sido reconocida por el mismo y por la que ha pedido disculpas".
El presidente del TAD discrepó igualmente de la consideración que hace la resolución aprobada por el tribunal TAD sobre la falta disciplinaria consistente en actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y el decoro deportivo para considerar los hechos analizados solo como falta grave.
El TAD es un órgano colegiado de ámbito estatal, adscrito orgánicamente al CSD, que actúa con independencia de éste. Se compone de siete miembros licenciados en Derecho, que designan un presidente por elección entre ellos mismos.
Para su composición, cuatro de sus miembros se designan a propuesta del presidente del CSD y tres son propuestos por las federaciones deportivas. La duración de su mandato es de seis años y no pueden ser reelegidos, aunque la renovación se produce parcialmente cada tres años.
Actualmente lo forman su presidente, Francisco de Miguel Pajuelo, el secretario Guillermo de Blas Bados (abogado del Estado) y los vocales Eva María Fernández Cifuentes (abogada del Estado), Pilar Juárez Pérez (profesora titular de la Universidad Carlos III), Alfonso Ramos de Molins Sainz de Baranda (abogado del Estado), Jaime Caravaca Fontán (abogado del Estado) y María Adela Porta Serrano (abogada del estado).