Incendios: un drama evitable

Mientras escribo estas líneas, el fuego sigue arrasando la isla de la Gomera, destruyendo casas y cultivos, calcinando animales, devastando ecosistemas con especies únicas en el mundo... ; y en Alicante se entierra a las dos víctimas mortales del incendio de Torremanzanas.

Una vez más, brigadistas forestales, pilotos, militares, agentes medioambientales... exponen sus vidas (y a veces, algunos la pierden) para evitar daños aun mayores; y de nuevo se reabre el debate sobre las causas de los incendios y sobre las medidas más adecuadas para prevenirlos y combatirlos. Un debate que, lamentablemente, amaina cuando pasa el calor...

En estos días mi memoria vuelve a revivir, con fuerza, la tragedia de Guadalajara acaecida en julio de 2005: 11 brigadistas murieron durante la extinción de un incendio provocado por una negligencia en una barbacoa. Jamás he sentido mayor dolor, mayor impotencia, mayor angustia... a lo largo de más de 20 años ejerciendo responsabilidades públicas. Acudí a dar el pésame a las familias, a pesar de ser consciente de que solo recibiría comprensibles insultos y reproches; y días después comparecí en el Parlamento, a petición propia, para rendir cuentas sobre la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, asumiendo fallos y, sobre todo, comprometiendo nuevos esfuerzos legislativos y presupuestarios, en medio de acusaciones gravísimas e infundadas por parte del Partido Popular. En ningún momento eludí responsabilidades invocando las competencias de gestión de la Comunidad Autónoma -porque el Gobierno central también tiene muchas competencias que inciden en la prevención y en la extinción de incendios-, ni tampoco atribuí a las durísimas condiciones meteorológicas mayor relevancia que la que le otorgaban los expertos en la materia.

Aquel drama supuso un antes y un después en mi trayectoria como ministra: a partir de entonces, mi prioridad absoluta fue la de utilizar al máximo toda competencia estatal (no solo las del Ministerio de Medio Ambiente), para adoptar nuevas medidas en la lucha contra los incendios, incluyendo, por ejemplo, una mayor duración de los contratos de nuestros brigadistas -para reforzar tareas de prevención en invierno- así como la mejora de sus condiciones de trabajo. Asimismo, dedicamos varias Conferencias Sectoriales a concretar con las Comunidades Autónomas cómo mejorar la información y la coordinación de las respectivas actuaciones. El presupuesto del Ministerio registró importantes aumentos en los años sucesivos, que se tradujeron en mayor aportación estatal a los programas autonómicos de reforestación y lucha contra la desertificación, así como en el aumento de los medios estatales de extinción. Por su parte, el Ministerio de Defensa puso en marcha la creación de la UME, la unidad militar de emergencia, que se ha convertido en una potente herramienta cuya intervención está hoy muy bien valorada, aunque inicialmente fue objeto de críticas y suspicacias.

La reforma de la Ley de Montes en 2006 incorporó la creación de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo -para combatir más eficazmente, entre otros, los delitos de incendios-, así como la prohibición de recalificación durante treinta años de los suelos incendiados, y la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad, con objeto de reforzar su función preventiva. Un Decreto Ley, aceptado por todas las Comunidades autónomas, estableció por primera vez, en todo el territorio nacional severas restricciones al uso del fuego (barbacoas, quema de rastrojos...) y puso en marcha un programa de apoyo a planes autonómicos para la recogida y uso energético de la biomasa forestal residual, que permitió algunas experiencias pioneras.

Los incendios no son inevitables: el calor, el viento, la baja humedad... son factores agravantes, pero solo en un 5% de los casos los incendios se producen por causas ajenas a la acción del hombre, y tanto las negligencias como los actos intencionados pueden reducirse (y mucho) mediante medidas normativas, incluyendo una auténtica educación cívica para fomentar comportamientos responsables. Por supuesto es importante la persecución y penalización de cualquier actitud irresponsable -y en ello está jugando un papel destacado la Fiscalía especial-, pero creo que hoy día el mayor esfuerzo debe centrarse en el adecuado tratamiento y la puesta en valor de los espacios forestales, en una estrecha colaboración entre las Administraciones. Por eso me sorprende que el ministro Cañete afirme que no se han producido recortes en su presupuesto en la lucha contra los incendios, haciendo referencia solo a la partida relativa a los medios estatales de extinción, cuando en 2012 se han reducido hasta en un 80% las cuantías destinadas a los programas de desarrollo rural, así como a actividades de reforestación y conservación de espacios naturales; en particular, en el caso de los Parques Nacionales, (cuatro se han visto afectados por incendios) cuyos planes de gestión están financiados principalmente por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y, además, siguen sin concretarse los prometidos planes estatales de apoyo al uso energético de la biomasa, en un contexto de paralización general de las primas a las energías renovables.

No parece tampoco que al Ministro Cañete le preocupase, en absoluto, la legislación aprobada el pasado mes de enero en la Comunidad Valenciana, por la que se exime del cumplimiento de la prohibición de recalificar los suelos incendiados, establecida en la Ley estatal de Montes; una modificación que debería haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, al ser contraria a una legislación de carácter básico. No sabemos si en otras CC AA se están contemplando iniciativas semejantes, ante la pasividad intolerable del Ministerio de Medio Ambiente.

El cambio climático está ya comportando una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros las olas de calor, que generan consecuencias tan espectaculares como el deshielo casi total de Groenlandia. Este verano, por ejemplo, Estados Unidos sufre una gravísima sequía que compromete ya la seguridad alimentaria global, y que incidirá, sin duda, en los próximos incendios forestales en aquel país, donde por cierto se ha reactivado el debate sobre las consecuencias del calentamiento global. Aquí, en cambio, tanto el Gobierno como la mayoría de los medios de comunicación siguen concediendo una importancia marginal a este debate: y sin embargo, hay cada vez más expertos que señalan el creciente coste económico del cambio climático y sus graves efectos sociales.

Hay que insistir, y mucho, en que los incendios forestales agravan el proceso de calentamiento global, y viceversa; y, sobre todo, hay que insistir en que España solo saldrá de esta crisis con un horizonte de prosperidad para todos si aprendemos a gestionar con inteligencia nuestro valioso patrimonio natural. Ello supone aprender de los errores cometidos en el uso del suelo, del agua, de los bosques... y de los inmensos recursos energéticos renovables.