Fin a la impunidad de los candidatos a la Presidencia francesa

La decisión del Consejo Constitucional de sancionar las cuentas de campaña de Nicolas Sarkozy es histórica. Supone acabar con la impunidad de la que se beneficiaban los candidatos a la Presidencia cuando se consideraban exentos de las normas comunes, salvo, por supuesto, en el caso de los candidatos menores. Derivada de las investigaciones actuales sobre diversos casos relacionados con la financiación política, esta decisión parece augurar que, por fin, Francia ha entrado en una nueva era en cuanto a las normas de financiación de las campañas de los partidos políticos, y eso tendrá, por supuesto, consecuencias en la vida política en general.

Para empezar, acabemos con la teoría de la conspiración que pretenden difundir los aduladores de Nicolas Sarkozy. El cuestionamiento de la máxima institución judicial francesa por una parte de la derecha que afirma que, si Nicolas Sarkozy hubiera sido reelegido, el Consejo no habría anulado las cuentas de la campaña, es sobrecogedor. O están diciendo que el Consejo Constitucional tiene una geometría variable, o están poniendo en duda su independencia, influidos por el expresidente de la República.

Los miembros del Consejo Constitucional fueron nombrados en su mayoría por la derecha, de modo que no se les puede acusar de querer complacer al presidente actual; el episodio de la censura del 75%, que la derecha sí celebró, es un buen ejemplo. El Consejo simplemente se ha negado a avalar algo que era imposible avalar, que ya había juzgado la Comisión nacional de las cuentas de campaña y de la financiación política (CNCCFP). Esta Comisión consideró que había tres infracciones: un exceso de gasto de casi 1,7 millones de euros (es decir, un 8% más que la cantidad declarada), la falta de sinceridad respecto a los gastos no declarados y la financiación irregular procedente del Elíseo. Recordemos que la decisión del Consejo Constitucional se produce después de un recurso, lo cual quiere decir que hay dos jurisdicciones que han emitido el mismo fallo al rechazar el mal uso de los dineros públicos en una campaña, aunque sea presidencial. Recordemos también que, en todas las demás elecciones se aplican los mismos principios, con las mismas sanciones; por ejemplo, en las legislativas, se anularon cuentas de diputados del Partido Socialista que, como consecuencia, tuvieron que retirarse. En las elecciones legislativas parciales, la UMP no se quejó del espíritu sectario de la CNCCFP y el Consejo Constitucional. Si hoy resulta que las consecuencias para la UMP y Nicolas Sarkozy son muy graves es sencillamente porque demostraron una audacia increíble al pensar que, una vez más, estaban por encima de las leyes y las normas de financiación y no corrían ningún peligro. Pues bien, han perdido.

Esta decisión significa que, en el futuro, ningún candidato a la presidencia decidirá no respetar al pie de la letra las reglas del juego, porque sabrá que puede caerle la sanción. Por supuesto, existe el precedente de 1995. Los sabios de la época, bajo la autoridad de Roland Dumas, no tuvieron el mismo valor frente a las cuentas de campaña de Edouard Balladur, en contra de la opinión del relator -obligado a reescibir su decisión-, con el pretexto de que el cuestionamiento de las cuentas podría entrañar el del propio presidente electo, por el mismo motivo que ahora, exceso de gasto. El caso es que surge un interrogante sobre la no validez de las cuentas de campaña y, por tanto, la posibilidad de que el Consejo Constitucional pudiera anular su elección. Habrá que plantear la cuestión con claridad, porque es difícil que se deponga a un presidente con un retraso de varios meses, incluso un año, y se convoquen nuevas elecciones. Pero eso sería lo lógico.

En cualquier caso, el riesgo financiero es de tal gravedad que ningún candidato podrá atreverse a correrlo en el futuro. Ni que decir tiene que los casos Karachi y Gadafi, que afectan a la financiación de las campañas de 1995 y 2007, contribuyen a llamar aún más la atención sobre las consecuencias incluso gravísimas que puede tener la búsqueda de dinero a cualquier precio. A partir de ahora, las campañas deberán atenerse a las normas, lo cual supondrá una reducción de sus gastos, a veces exorbitantes y que generan un abismo entre los candidatos de la UMP y el PS y los demás. La reducción de los medios de los partidos políticos, independientemente de la ameaza que pesa sobre la UMP, va a estar a la orden del día. No solo se han vuelto peligrosos los pequeños acuerdos entre amigos, en la medida en que la justicia pueda ejercer su labor, y los pagos a través de cuentas en el extranjero, problemáticos -con la puesta en marcha de un principio de lucha contra los paraísos fiscales-, sino que la reducción del gasto público podría muy bien alcanzar a la financiación de los partidos políticos. Para los grandes partidos políticos, aprender a ser sobrios es una novedad que tendrá consecuencias para un determinado clientelismo típico del funcionamiento de sus estructuras. Esta nueva situación debería más aliento a los movimientos más modestos y, sobre todo, un mayor papel a las redes sociales.

Dado que no lo han hecho de forma voluntaria, es obligatorio que los partidos políticos y sus dirigentes se enteren de que las leyes que aprueban, a veces, les afectan también a ellos, siempre que la justicia pueda llevar a cabo su trabajo. Sigue siendo difícil cuando se ve que el Senado se niega a levantar la inmunidad de Serge Dassault, en contraste con la decisión del Parlamento Europeo de quitársela a Marine le Pen, que es un voto casi automático salvo cuando se trata de una amenaza contra el Estado de derecho en un Estado miembro, y no de mero hostigamiento a Marine le Pen.

Es de temer también que esta evolución, tan necesaria, haga aún más difíciles las indispensables innovaciones sobre la transparencia, la reducción y después la prohibición de los conflictos de intereses, el marco de actuación de los grupos de presión y, por supuesto, la no acumulación inflexible de los mandatos. El aplazamiento sine die de la reforma del Consejo Superior de la Magistratura y de la supresión del Tribunal de la Justicia de la República dan fe de ello. Es más imprescindible que nunca que se reconozca el derecho al referéndum popular que será el único capaz de ejercer la presión necesaria sobre los parlamentarios para que acepten el cambio. En la misma línea, ¿no sería lógico que los parlamentarios no se pronuncien sobre su propio estatuto y dejen la cuestión en manos del pueblo francés, para lo esencial, y del Consejo Económico, Social y Medioambiental para lo accesorio? Por último, el refuerzo de los poderes de investigación de la CNCCFP y, llegado el caso, de paso a las competencias del Ministerio fiscal, podría acabar de convencer a los últimos recalcitrantes apegados a esas costumbres inaceptables a las que, por desgracia, nosotros hemos contribuido.

Esta revolución gradual es sin duda uno de los instrumentos más poderosos para disminuir la influencia del Frente Nacional, cuando pretende explotar unos resultados de república bananera. Si hacemos desaparecer las causas, desaparecerán los efectos y, por tanto, los estragos del "todos corruptos".

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia