Sin recursos no hay feminismo

Foto: ISTOCK

Hoy es 25N. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Bueno, pues no nos llega con un día al año contra la violencia machista. Necesitamos los 365.

Entre 50 y 75 mujeres. Esas son, cada año, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Así que lo preocupante ante estas cifras son, precisamente, las cifras que faltan. Todas las que perdieron la vida por la violencia machista, pero no a manos de su pareja o expareja. Nuestra Ley de 2004 sigue, así, sin hacerse eco de lo que el propio Gobierno ha reconocido al ratificar el Convenio de Estambul. Según estas otras cifras, estaríamos hablando de en torno a 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 10 años. Por no hablar de los 5 millones de mujeres que han sufrido violencia física o sexual o de las 3 violaciones que se producen cada día.

¿Por qué esas cifras no varían prácticamente desde hace 10 años? ¿Por qué, a pesar del gran esfuerzo que se ha llevado a cabo no se ha conseguido reducir esta cifra? ¿Está el feminismo poniendo encima de la mesa todas las herramientas para solucionar esta lacra social? ¿ Cómo se traslada esto a la sociedad y a las instituciones?

De todos los asesinatos de los últimos 10 años, solo en el 15% de los casos la víctima había denunciado previamente, pese a que el asesinato no ha sido el primer acto de violencia. El 85% de los casos no denunció y aun así tenemos todo un sistema de protección que depende del hecho de que se presente una denuncia. Y que, además, se basa en un presupuesto que se ha demostrado falso: no, no es cierto que los agresores vayan a cambiar su comportamiento y no cometerán el delito si se les amenaza con una pena lo suficientemente grave. Esta perspectiva penalista obvia constantemente que el problema al que nos enfrentamos no es la violencia que la ley del 2004 llama "de género": el maltrato y el asesinato en las relaciones sentimentales. El problema tiene forma de iceberg, y enfrentando sólo su punta no lograremos nuestro objetivo. El problema, que se llama machismo, cubre todas y cada una de las capas de  nuestra sociedad. No nos podemos permitir limitarnos al machismo de tanatorio, ambulancia o denuncia. El machismo está antes en las escuelas, en los centros de trabajo, en los espacios públicos, en los medios de comunicación, en la política y, de forma sangrante, en nuestras nóminas.

Esto último es crucial. Es necesario un cambio de enfoque: aún considerando que tenemos en nuestro país un buen marco legislativo del que partir, en este momento nuestras leyes son insuficientes; de hecho, incluso los propios datos que nuestras administraciones nos ofrecen para analizar el problema son, en sí, también insuficientes. El Convenio de Estambul recuerda, como tantos otros documentos internacionales, que es inevitable vincular desigualdad de género con desigualdad económica. La erradicación de violencia exige promover la igualdad, y no solo la igualdad legal sino la real. La material. Éste es el elemento clave. Si no entendemos y asumimos colectivamente este vínculo entre desigualdad y violencia seguiremos viendo como los sucesivos gobiernos recortan tanto en los Presupuestos Generales del Estado en las partidas contra la violencia machista (un 23%), en las partidas por la igualdad de oportunidades (un escandaloso 49%) o en fomento del empleo femenino (un 97%) sin ver un vínculo o una lectura que atraviese todas estas cifras.

Hablemos de desigualdad económica. Hablemos de brecha salarial. Un reciente informe de la fundación FEDEA sobre la brecha de género en el mercado laboral señala cómo a lo largo de los últimos 15 años, la tasa medio de desempleo femenina (20%) ha sido más de 6 puntos porcentuales superior que la masculina (14%). Además advierte de que las tareas domésticas se siguen repartiendo de manera sumamente desigual. Las mujeres asumen a diario más de 2 horas más de media al día de trabajo doméstico, incluyendo el cuidado infantil, que los hombres. Prácticamente el 70% de todas las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en nuestro país las realizan las mujeres. Por no hablar de los indicadores preocupantes de segregación ocupacional de las mujeres en el mercado de trabajo, concentrándolas en los sectores ocupacionales con los salarios relativos más bajos y precarizados y por lo tanto más vulnerables. Esto, además de ser injusto y peligroso, es un desperdicio: las mujeres obtienen el 59% de las titulaciones académicas y las obtienen con 10 puntos más de rendimiento académico y, sin embargo, están un 14% menos en el empleo cualificado.

Hoy es 25N y la gente en la calle está poniendo sobre la mesa una idea que es de sentido común en la ciudadanía, pero que aún no han asumido nuestras instituciones: eliminar la violencia machista debe ser un objetivo central y debe suponer un acuerdo de todas la sociedad. Debe formar parte del acuerdo social que tenemos que construir para un nuevo país donde la vida de las personas esté en el centro. Por eso creemos que un acuerdo de Estado, como el que se está promoviendo desde el Congreso de los Diputados, no significa solamente que varios partidos se pongan de acuerdo en que la violencia contra las mujeres no nos gusta. Significa un compromiso real y profundo sobre la responsabilidad de todo el aparato institucional en los distintos niveles para resolver este problema. Si no existe un compromiso real y efectivo para dotar con suficientes recursos y medidas la lucha por la igualdad, unos acuerdos entre partidos terminan por ser papel mojado.