Una casilla para reducir la desigualdad

De acuerdo con los últimos estudios publicados al respecto, España es el país de la OCDE donde más se han incrementado las desigualdades durante la crisis. De hecho, en los últimos meses hemos asistido a la publicación de distintos informes por parte de diversas organizaciones no gubernamentales y otras entidades, tanto nacionales como internacionales, que ponen de manifiesto ese crecimiento de la brecha social y de las desigualdades y la pobreza en nuestro país.

El desempleo, las medidas fiscales adoptadas y los recortes de las prestaciones sociales han aumentado la distancia entre ricos y pobres, lo que ha provocado que el 20% de las rentas más altas acumulen el 44% de la riqueza española. Solo en lo que llevamos de crisis la desigualdad ha aumentado más de un 10%.

Por tanto, las medidas que, desde mayo de 2010, han venido adoptando tanto el anterior Gobierno como el actual, con la intención de contener el déficit, han incidido directamente en ese crecimiento de las desigualdades, destacando en este sentido las importantes subidas de impuestos indirectos así como el recorte de los gastos sociales. Podemos decir sin equivocarnos que dichas medidas han supuesto un mayor gravamen para las clases medias y las más desfavorecidas, no repartiéndose, por tanto, de forma equitativa el esfuerzo exigido a los ciudadanos con la finalidad de remontar la crisis.

En este sentido, el 87% de los ciudadanos, según el último estudio del CIS al respecto, opina que los impuestos no se cobran justamente, que no paga quien más tiene y, en definitiva, que nuestro sistema fiscal es injusto. Una percepción que se corresponde con la realidad si analizamos los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución, deben inspirar nuestro sistema tributario (generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica), y que hoy en día está en entredicho como consecuencia del fraude, de los numerosos mecanismos de elusión ofrecidos por el sistema, de la diferencia entre la tributación de las distintas fuentes de renta, de los menores tipos efectivos pagados por las grandes empresas respecto de los pagados por las pymes, de la amnistía fiscal, del funcionamiento de la AEAT y un largo etcétera.

En consecuencia, son necesarias medidas políticas para revertir esta situación, como una reforma fiscal que dote al sistema de una mayor equidad, haciendo efectivos los principios constitucionales que, según el mandato constitucional, tienen que inspirar nuestro sistema fiscal, de forma que cada uno pague de acuerdo con su capacidad económica, situación que hoy dista mucho de producirse.

Asimismo, son necesarias políticas valientes para reducir el alto nivel de fraude fiscal y economía sumergida de nuestro país, que según el último informe de Gestha alcanza una cuantía equivalente al 24,6% del PIB, habiendo crecido durante los años de crisis a una media de 15.000 millones por año, hasta alcanzar los 253.000 millones de euros, bastante más que el PIB de Cataluña o la Comunidad de Madrid.

Pero junto a estas medidas políticas, también son necesarias medidas ciudadanas en ese objetivo prioritario de ayudar a los más desfavorecidos, y marcar la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta es una de ellas. Una ayuda ciudadana que, en este caso, además, no tiene coste para el contribuyente, ya que no verá aumentada su tributación por marcar la casilla, ni verá mermada su devolución, si es ese el resultado de su declaración. Y ello, sin perjuicio de la presión que los ciudadanos pueden y deben hacer para que las citadas medidas políticas sean una realidad, contribuyendo a la necesaria reducción de las desigualdades sociales y la pobreza.