Las pensiones no se reforman ni se imponen por decreto

Es innegable que vivimos una situación que es excepcional, que exige muchos sacrificios, y que obliga al Gobierno del Estado a afrontar con medidas drásticas el desafío que supone garantizar la sostenibilidad de una estructura social demasiado pesada para las debilitadas arcas de la Administración pública.

Todos los ciudadanos somos conscientes de la delicada situación que atraviesa este país por las implacables imposiciones de la troika europea y por el escaso margen de decisión de un Gobierno cuya agenda política y económica es dictada a diario desde Bruselas y Berlín. Y conocemos el difícil escenario al que nos enfrentamos pero, sin embargo, no estamos dispuestos a ser cómplices de un Gobierno que recurre cada viernes a la misma estrategia basada en la imposición. Una estrategia recurrente consistente en la aprobación de decretos en los Consejos de Ministros de manera unilateral, puenteando el diálogo con los agentes económicos y sociales, y con las fuerzas políticas.

Y eso fue lo que dejamos patente en el pleno celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, en el que el Gobierno y el Partido Popular volvieron a quedarse solos, aislados, en la defensa de un Real Decreto con el que modifican unilateralmente el sistema de pensiones por la vía más urgente posible y sin permitir que el resto de los grupos parlamentarios nos pronunciemos a través de su tramitación como proyecto de ley. Un asunto de una extrema sensibilidad que no puede quedar expuesto a los vaivenes políticos ni puede formar parte de la agenda que nos marcan desde el exterior.

Es cierto que nos encontramos en un callejón casi sin salida. El escenario económico y el marco presupuestario no admite muchos movimientos. Y el Gobierno ha optado, a través de este decreto, por recurrir a un atajo consistente en encarecer las jubilaciones anticipadas y pagar menos pensiones. Ante la disyuntiva de anticipar la entrada en vigor de los 67 años como edad legal de jubilación, el Ministerio se ha decantado por un paquete de medidas de manera precipitada y sin conocer con exactitud el cálculo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones. Un cálculo que tendrá que definir un comité de expertos durante este semestre.

Este decreto supone un nuevo engaño a quienes hace sólo 15 meses dieron su apoyo al Partido Popular. No existe en el programa del PP ni una sola alusión a "menos jubilaciones y menos subsidio". Al contrario, su apuesta era otra: más jubilaciones y más subsidios. Y lo más grave es que este decreto se tramita con la máxima diligencia, a tenor de las prisas impuestas por Bruselas, pese a que nos encontramos ante una de las reformas de la Seguridad Social más importantes de nuestra Historia.

Un decreto en el que el Gobierno vuelve a recurrir a los eufemismos para tratar de maquillar lo que es innegable. El objetivo no es "favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad". El decreto no favorece, impone. Y tampoco pretende "promover el envejecimiento activo". No promueve, obliga. Y nosotros no vamos a ser cómplices de una reforma de pensiones por decreto ley ni tampoco de una política basada en imposiciones a las Cortes Generales y, en este caso, al Pacto de Toledo.