La defensa de Rosell cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle por hechos fuera de España

La defensa de Sandro Rosell ha cuestionado este lunes ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que esta instancia sea competente para enjuiciar al expresidente del Fútbol Club Barcelona porque entiende que los hechos acontecieron fuera de España, —en Brasil y Andorra— y constituirían, en todo caso, conductas que no eran punibles en 2006 en ninguno de los países implicados. Afirma además que la investigación fue prospectiva y solicita la nulidad.

Así lo ha explicado el letrado Pau Molins en la primera sesión del juicio a Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de "una estructura estable" que desde al menos 2006, se dedicó "al lavado de capitales a gran escala".

La sesión ha arrancado con 45 minutos de retraso y al poco de empezar se ha suspendido durante media hora más a fin de solventar problemas técnicos en la sala. El tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel ha reanudado la sesión pasadas las 11:20 horas, con la discusión sobre las cuestiones previas en la que el fiscal Jose Javier Polo ha defendido la incorporación de nuevas pruebas y la defensa de Rosell ha solicitado directamente la nulidad.

Considera que "es un mero artificio" de la Fiscalía "el presentar como miembros de una organización criminal a estas personas" dado que no todas han participado en todas las operaciones de presunto blanqueo continuado que están en cuestión y se trata de "una abrazadera totalmente forzada para intentar mantener la competencia de los tribunales españoles en las tres operaciones".

En concreto, el Ministerio Público pide 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa para Rosell, en prisión provisional desde mayo de 2017, por liderar una red que blanqueó cerca de 20 millones de euros. Solicita la misma pena y 54 millones de multa para Besolí; siete años y 50 millones para Pineda, ocho años para Ramón, siete para Ohanessian y seis para Colomer, como integrantes todos de esa "estructura estable" de blanqueo.

"Si se quiebra la artificiosa, y se ha de quebrar, unidad fáctica construida por la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, nos encontramos con dos operaciones cometidas en el extranjero que carecen de carácter delictivo donde se cometieron y una tercera actuación cometida en España en el ámbito jurisdiccional de una sola provincia", ha señalado.

Se refiere a la intermediación de Rosell en la compra de derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol a través de la sociedad Uptrend Development y al mismo negocio en el patrocinio de Nike al equipo, operaciones estas que según el escrito de acusación sirvieron para blanquear comisiones ilegales del entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Terra Teixeira, mediante un entramado societario que movió el dinero hasta Andorra. El abogado pide que se archiven las actuaciones sobre ambos asuntos por haber transcurrido en otros países donde además, las conductas señaladas por Fiscalía no tenían reproche penal en 2006.

Una operación en Barcelona

En cuanto a la tercera operación, se trata de la venta de la sociedad Bonus Sport Marketing a una mercantil libanesa y que según la Fiscalía, fue "simulada" para traer a España el dinero de origen ilícito de Teixeira. La defensa argumenta que, en todo caso, sería una transacción desarrollada en una sola provincia y pide por ello que la Audiencia Nacional se inhiba en favor de los juzgados de Barcelona.

La defensa ha puesto en duda además de la competencia, la imparcialidad del tribunal, dado que, conforme ha explicado, es la misma Sala que le ha venido negando reiteradamente salir en libertad bajo fianza.

"Es lógico y humano que aunque sea involuntariamente, los magistrados pudieran sentirse inclinados a condenar a Rosell por el hecho de que haya pasado dos años injustamente en prisión", ha planteado.

En todo caso, ha solicitado a la Sala que reconsidere su postura sobre la libertad de Rosell, cuyo encarcelamiento vulnera en su opinión su derecho a la defensa, y se le deje en libertad "en este mismo momento" o, en todo caso, cuando acabe el juicio, antes de que se dicte sentencia.

"Esta misma justicia no ha dudado en dejar en libertad provisional a personas procesadas y condenadas en primera o incluso en segunda instancia, como 'La Manada', por delitos más graves", ha añadido Molins.