El ritmo de aprobación de nuevas leyes se ha reducido a la mitad desde el inicio del 'Procés'

Desde que a finales de 2012 empezó el llamado proceso soberanista, el ritmo de aprobación de nuevas leyes se ha reducido a la mitad en Cataluña. Sólo 58 nuevas leyes aprobadas desde el inicio de la X legislatura están hoy en día en vigor, en lo que representa una drástica reducción del ritmo legislativo en la comunidad.

El pleno del Parlament retomó el martes su actividad para celebrar el debate de política general, después de un parón de más de 70 días condicionado por las vacaciones y por las divergencias entre los partidos independentistas respecto a cómo abordar la suspensión de sus diputados procesados por la justicia. Precisamente esas diferencias volvieron a paralizar la cámara el jueves y el pleno se tuvo que aplazar sin que se pudieran votar las propuestas de resolución, tras un jornada cargada de tensión y reproches entre JxCAT y ERC.

De 19 a 9 al año

Entre 1980 y 2012 se aprobaron 612 leyes en el Parlament, una media de 19 normas anuales. Entre 2012 y 2018, sin embargo, sólo se aprobaron 73 leyes de las cuales 58 están en vigor. El resto de normas han sido suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional tras los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo central. Teniendo en cuenta este bagaje, la media de normas aprobadas al año se ha reducido de 19,1 a 9,6 desde 2012, fecha de inicio del proceso independentista. El promedio podría subir ligeramente si se levantara la suspensión a alguna de las normas recurridas.

Durante su intervención del martes, el president de la Generalitat, Quim Torra, se jactó de que su Govern ha presentado cuatro proyectos de ley, dos decretos ley y nueve decretos. Desde la oposición, sin embargo, señalan que el Govern sigue en una situación de provisionalidad, enfocado únicamente en denunciar la "represión" y la existencia de "presos políticos" sin ningún gran proyecto legislativo en marcha. La improvisación y el caos en la cámara durante esta semana evidencian la falta de un plan en el Ejecutivo de Torra. El pasado enero empezó la tercera legislatura independentista consecutiva —si bien hasta mayo no tomó posesión el president— y la actividad legislativa sigue estancada.

En casi un año no se ha conseguido aprobar ninguna norma excepto la modificación de la ley de presidencia el pasado mayo para tratar de investir a Puigdemont desde el extranjero. Esa modificación también fue suspendida por el Constitucional. Durante los primeros meses de esta XII legislatura el Govern también ha llevado a la cámara cuatro proyectos de ley relacionados con los discapacitados, el tercer sector, la industria del vino y la creación de una Agencia de Salud Pública. Todavía no se ha aprobado ninguno, a la espera de que el independentismo resuelva su pugna por los diputados suspendidos que, a día de hoy, no le permite tener una mayoría efectiva en la cámara.

Sin visos de mejora

La creciente desconfianza entre los partidos en el Govern tampoco augura un cambio durante los próximos meses. Torra y el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, trataron de cerrar el viernes la crisis con una comparecencia conjunta, pero nadie sabe cuánto va a durar esta solución que muchos califican de "parche". La intención, por ahora, es tratar de sostener la legislatura hasta que salga la sentencia del juicio del 1-O.

El Govern no ha aprobado el Presupuesto de 2018 —sigue con los de 2017 prorrogados— y las dudas planean sobre las cuentas de 2019. La coalición entre JxCAT y ERC necesita los votos de la CUP, que ya avisó en julio de que no volverían a caer en el "chantaje" que les llevó a votar las cuentas de 2017. Desde la Generalitat sondean la opción de aprobar el presupuesto con los 'Comuns', pero tampoco es una posibilidad que genere mucho entusiasmo en las filas independentistas.

A pesar que desde la oposición se acusa al bloque independentista de tener el Parlament "cerrado", en el independentismo responden que la cámara catalana funciona desde principios de septiembre, cuando se pusieron en marcha varias comisiones de trabajo, como la de Justicia, Territorio o Salud, por ejemplo, donde se debaten propuestas de resolución y se han constituido ponencias para presentar proposiciones de ley.

La pugna entre JxCAT y ERC también tiene bloqueada la renovación de varios organismos que dependen de la Generalitat, como por ejemplo el Consell de Garanties Estatutaries o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el órgano que gestiona los medios públicos en Cataluña. Todos los miembros de la CCMA han vencido su mandato, pero la falta de acuerdo entre los dos partidos independentistas tiene su renovación bloqueada y sin fecha prevista para que se solucione.