La Fiscalía pedirá el archivo de la causa por robo de agua contra el ministro Planas
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La Fiscalía pedirá que se archive la causa contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, investigado por un delito medioambiental durante su etapa de consejero de la Junta de Andalucía por unos pozos de agua ilegales en Doñana.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado hoy a Efe que el Ministerio Público, que es la única acusación, pedirá el archivo respecto a Planas. En la causa también están investigados varios agricultores y dos exalcaldes socialistas de Almonte (Huelva).
El juez ya ha dictado auto de procedimiento abreviado y ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre sus solicitudes de condena o absolución respecto a los investigados antes de abrir juicio oral a aquellos contra los que sí formule acusación la Fiscalía.
Planas ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, abierta en 2016 en el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva). La Fiscalía se ha opuesto a sus recursos, la última vez el 13 de diciembre de 2017, si bien ya anunciaba que no tenía previsto formular acusación contra él.
En el escrito, el Ministerio Público exponía que las diligencias practicadas impiden determinar que los investigados de la Junta de Andalucía "hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento".
La querella por las extracciones ilegales comprende los años 2010-2013 y Luis Planas fue consejero de Agricultura entre 2012 y 2013.
El Gobierno andaluz asumió esas competencias entre enero de 2009 y octubre de 2011 por la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que falló a favor del Gobierno central.
En el periodo investigado, el control de la política sobre aguas cambió entre la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente, a veces fusionadas y otras separadas.
La Fiscalía señala que las disposiciones legales del decreto de estructura de la Junta impiden determinar la responsabilidad en los hechos de los cargos del Gobierno andaluz.
