La Audiencia Nacional acredita la existencia de una caja B del PP desde 1989

Dura y reveladora sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. El tribunal desgrana el caso en 1.687 folios, en los que, entre otros asuntos, considera que la llamada "caja B" del PP existe desde el año 1989 y condena a título lucrativo al partido de Mariano Rajoy a pagar 245.492 euros.

Según la Audiencia, esta caja es una "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado (Luis) Bárcenas".

En esas hojas, según el tribunal, "se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

"Un sistema de corrupción institucional"

En la sentencia, se considera también acreditado que en los primeros años de la trama entre "el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político".

Según la Sala, se creó "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

La Audiencia describe cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública.

Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, "o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos".

Estos recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones.. También se beneficiaban familiares, como es el caso de Ana Mato.

Y ahí la Audiencia estipula que otras cantidades sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada "Caja B" del partido.

Por los hechos juzgados en esta pieza, Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos "generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado "era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones".

Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.