El polémico indulto a Fujimori: por qué cumplía 25 años de prisión
Fue condenado por dos matanzas y dos secuestros, crímenes de lesa humanidad por los que no ha pagado ni la mitad de su pena.
En un vídeo difundido este lunes en su cuenta de Facebook, el expresidente peruano Alberto Fujimori dio las gracias al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski por haberle otorgado el indulto que le evitará cumplir su condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Desde su habitación en un hospital de la capital, el exmandatario dijo literalmente: "Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón".
La decisión de Kuczynski ha sido un mazazo para el país. El presidente ha defendido en un mensaje televisado a la nación el indulto a Fujimori como forma de "pasar página". El mensaje iba dirigido a los ciudadanos que, desde hace dos días, se manifiestan en las calles, recordando que la pena de Fujimori fue ratificada en 2010, por "homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves". Demasiado contundente para salir libre, denuncian.
Fue un tribunal compuesto por tres jueces quien lo envió a prisión por ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres. Una en 1991, en la zona de Barrios Altos, en Lima, y la otra en la Universidad de la Cantuta, también en la capital, un año más tarde. Ambas acabaron con 25 personas asesinadas. La justicia encontró culpable al expresidente, además, de participar en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, que tuvieron lugar igualmente en el año negro de 1992.
La sentencia que lo mandó a prisión se dictó el 7 de abril de 2009 y era la primera vez que un mandatario de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio estado por crímenes de lesa humanidad, que fue como los catalogaron los jueces. Fujimori ha llegado a cumplir la mitad de su pena, antes de que le lloviera del cielo este polémico indulto. Su perdón no calma la calle.
Los crímenes de los que se le acusaron sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú, en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso. En eso se apoyó el gabinete para defender su actuación, que desde luego ni la ONU le disculpa.
¿QUÉ PASÓ EN BARRIOS ALTOS?
El 13 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial. Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes difundido por la BBC, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito real era matarlos. Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de ocho años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Sin embargo, esta matanza fue "un error". Hubo mala información de inteligencia que hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes, sin relación alguna. El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
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¿Y EN LA CANTUTA?
La segunda matanza se produjo en la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) -la mayoría miembros del Grupo Colina-, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a la explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entretanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron. Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
LOS SECUESTRADOS
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización. También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado fujimorazo o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad. Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EEUU y luego en Panamá.
El 27 de julio de 1992, por su parte, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos. Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar "vínculos terroristas".
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede y lo dejó en una calle y lo "hizo huir". Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México, en Lima, y poco después salió a EEUU con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
