Prisión incondicional sin fianza para Ángel María Villar y su hijo Gorka
Fueron detenidos el martes en el marco de una operación contra la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este jueves el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, por desvío de fondos del organismo a empresas vinculadas por la trama.
El juez que investiga la operación Soule atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos y para el cuarto detenido, el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, a quien envía a prisión eludible bajo el pago de una fianza de 100.000 euros, según informan fuentes jurídicas.
En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.
El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.
A lo largo de 44 folios el magistrado apunta que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros". Todos ellos han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.
UN DÍA DE INTERROGATORIOS
Según fuentes fiscales, los tres acusados han respondido a las preguntas de las partes en relación a las contraprestaciones que habrían recibido para la contratación de servicios y relaciones comerciales con la celebración de partidos entre la Selección Española de Fútbol y otras selecciones, así como el cese del contrato con el Grupo Santa Mónica Sports y que habría causado un perjuicio para la Federación de 50 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha comenzado tomando declaración a Gorka Villar, abogado especializado en derecho deportivo y a quien los investigadores le acusan de beneficiarse de la influencia de su padre como presidente de la Federación. Tras él ha comparecido Ángel María Villar, quien ha declarado durante dos horas. Luego lo ha hecho Padrón.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el vicepresidente económico se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. También habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio, en forma de contraprestación económica.
TRASLADO DESDE LOS CALABOZOS
Ángel María Villar ha sido trasladado desde los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Las Rozas hasta las dependencias judiciales, donde ha llegado pasadas las 8.15 de la mañana mientras que los otros tres acusados han llegado procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde permanecen desde su detención el pasado martes.
Los investigadores les imputan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación se inició a principios de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha explicado que las detenciones se realizaron en el marco del "contacto directo y estrecho con la Guardia Civil", siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado en una instrucción de 2008 y a la circular en el mismo sentido de 1989.
"Este contacto con la Guardia Civil", explicó Anticorrupción, "es el que debe permitir, en el más breve plazo posible, apreciar la necesidad de mantener la privación de libertad para conseguir el doble objetivo de, por un lado, asegurar las fuentes de prueba y, por otro, calibrar la necesidad de solicitar del Juzgado nuevas medidas de carácter personal".
