Así funcionaba la red de "clientelismo" creada por Villar en la Federación, según el juez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este jueves el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, por desvío de fondos. Según el magistrado, Villar se valió de una red de clientelismo, soborno y presiones con el fin de garantizar su permanencia al frente de este organismo.

En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. A lo largo de mas de cuarenta páginas, el magistrado detalla el funcionamiento del entramado creado por Villar para el desvío de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados y el "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

El pasado mes de junio, según recoge el auto, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Pélaez, comunicó a Villar que había dejado fuera de reparto de los presupuestos de la Federación 5.210.000 euros para disposición personal del principal acusado, a quien le llegó a decir que podría emplear esa cantidad para lo que le saliera "de los huevos".

SOBORNOS PARA GARANTIZAR SU REELECCIÓN

Respecto al presunto cabecilla de esta trama, Pedraz detalla en su auto que Villar cometió "excesos en las facultades de administración" aprovechándose de su posición de dominio en calidad de presidente de la Federación desde 1988 y precisa que existen indicios para afirmar que se garantizó la mayoría necesaria para seguir al frente del organismo.

Concreta dichos excesos en los nombramientos de la Junta Directiva por un lado (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, en la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Así se desprende de la transcripción de unas grabaciones telefónicas incorporadas al sumario que se atribuyen a Villar, a Padrón y al que fuera entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Javier Clemente. En estas se aprecia como el principal acusado le ofrece a José Ángel Pélaez una entrada gratis para la final de la Champions League en Cardiff (Reino Unido) de este año.

CLEMENTE ADVIRTIÓ DE LA COMPRA DE VOTOS

En dichas conversaciones, Clemente le dice a Padrón que Juan Luis Larrea, delegado de la Selección Nacional, está preocupado por tener que pagar 300.000 euros a la Federación Cántabra de Fútbol por unos campos de fútbol que nunca serían de la federación sino del Ayuntamiento. Padrón le responde que Villar no va sino a lo de él y que le importa "tres cojones" la federación.

Igualmente, Clemente advirtió a Padrón de que Villar había comprado votos ya que en su conversación dijo: "Son votos, son votos comprados. ¡Joder Juan!... Apoyos comprados... Decir amén, amén por... llevarse unos dineros", dijo.

Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apunta tratos de favor a su hijo a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. En concreto Villar se aprovechó de los partidos de fútbol amistosos de la Selección Española de Fútbol con otras como la de Corea del Sur, Venezuela o Chile para beneficiar a su hijo, abogado especialista en derecho deportivo.

Las grabaciones también ponen de manifiesto cómo el presidente de la Federación "ejercía presión" sobre los que pudieran votar una candidatura contraria a la suya en las elecciones del organismo como es el caso del presidente de la Federación de Fútbol Sala de Madrid, Julio Cabello, a quien le expresa sutilmente que le compensará económicamente en el futuro si obtiene su voto favorable.

INDEMNIZADA CON 300.000 EUROS Y VUELTA A CONTRATAR

La investigación, que surge a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deporte (CSD), expone igualmente que una auditoría del organismo concluyó que el promedio de retribuciones anuales a 40 empleados era de 5,5 millones de euros y alertó sobre la contratación excesiva de personal, los altos sueldos y la baja productividad de parte de éste.

Villar también maniobró para que la secretaría general de la RFEF, Esther Gascón, percibiese 300.000 euros en calidad de indemnización por su despido para posteriormente ser de nuevo contratada.