El independentismo dice que su ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier norma
El texto se apoyará en el concepto internacional de derecho de autodeterminación.
La ley con que el Gobierno catalán prevé convocar el referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta.
Así lo han explicado los diputados de JxSí Lluís Corominas y Jordi Orobitg en el acto de explicación del proyecto ante los diputados del Parlament, en un acto en el auditorio de la Cámara catalana convocado por JxSí y la CUP, aunque no han asistido Cs, PSC, PP ni SíQueEsPot -algunos miembros de esta última coalición sí han asistido pero no como grupo, sino en representación de Podem y EUiA-.
Han detallado que la ley estipulará que el pueblo de Cataluña es un sujeto político con derecho a ejercer el derecho a decidir, y que el Parlament actuará en todo momento como representante de este pueblo y garante de sus derechos: "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante".
El texto, que se se tramitará en el Parlament previsiblemente a finales de agosto, establece que la aplicación de los resultados del referéndum se materialicen en 48 horas, según recoge la agencia EFE. En el caso de ganar el sí a la secesión, Cataluña proclamaría su independencia dos días después, el 3 de octubre.
DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN
El preámbulo de la futura ley se apoya en el concepto internacional del derecho de autodeterminación reconocido en la Corte Internacional de Justicia de 2010. Según el diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas, la Corte Internacional especifica que ejercer el derecho de autodeterminación implica que la reivindicación sea pacífica y que se hayan hecho intentos previos de negociación con el Estado, "algo que se ha dado incesante y reiteradamente, aunque han sido intentos fallidos".
Salellas ha explicado que es el Tribunal Constitucional el que "ha roto de forma unilateral el pacto constitucional con el recorte del Estatut" y ha recordado que la respuesta en la manifestación de julio de 2010 contra esa resolución del TC trascendió a los partidos.
El diputado considera que el derecho internacional les ampara pero que, si no lo hiciera, su reivindicación del derecho a decidir sería legítima porque es "voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña".
"Esta ley es la que abre la cerradura", y ha añadido que el preámbulo también incluye la opinión de la Corte Suprema de Canadá en el referéndum del Quebec, que considera plenamente aplicable a Cataluña como sujeto de soberanía.
También explicado que el texto que plantean es una ley "de mínimos que no hace ninguna propuesta extraordinaria" y que está destinada a ejercer el derecho al voto.
UNA DEMOSTRACIÓN DE FUERZA
El acto de presentación está dividido entre las intervenciones de Jordi Turull, Marta Rovira, Jordi Orobitg, Lluís Corominas (JxSí), Anna Gabriel, Joan Garriga y Gabriela Serra (CUP), y es previó al que se prevé para la tarde en el TNC, donde intervendrán el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Turull, Rovira y el también diputado de JxSí Lluís Llach.
Al acto del Parlament estaban invitados los 135 diputados del hemiciclo, y han asistido los de JxSí y la CUP; Albano-Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez (Podem); y Joan Josep Nuet (EUiA), aunque fuentes del grupo del que forman parte -SíQueEsPot- han aclarado que estos cuatro diputados no lo hacen en representación del grupo.
También han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers del Govern; los diputados del Congreso Joan Tardà, Gabriel Rufián (ERC), Jordi Xuclà (PDeCAT) y Marta Sibina (EnComúPodem), y el exportavoz del PDeCAT en la Cámara Baja inhabilitado por el 9N, Francesc Homs, entre otros.
LA CARTA DEL GOBIERNO A LOS AYUNTAMIENTOS
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado este martes que la carta que el Gobierno envió a los ayuntamientos y corporaciones locales de Cataluña es una "nueva muestra de la impotencia" del Ejecutivo central ante el movimiento soberanista.
El Gobierno envió este lunes una carta a 993 ayuntamientos y corporaciones locales para advertir a secretarios e interventores locales de "la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria", de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Munté ha afirmado que es una "nueva muestra de la impotencia" del Gobierno central ante el mundo municipal.
Y también "una muestra de la incapacidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy para responder a un planteamiento "mayoritario" a favor del referéndum que apoya un "mundo local de diferente signo político", ha aseverado.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió hoy a la Generalitat de que no permitirán "presiones arbitrarias a los funcionarios de los ayuntamientos", a los que el Estado "protege" con la carta remitida ayer para que puedan rechazar participar en un referéndum de independencia.
