La batalla contra la mutilación genital femenina en España
La mutilación genital femenina es un rito de paso a la edad adulta, un elemento de socialización de las niñas, una práctica forjada en un entramado de creencias culturales, tradiciones, a veces también religión mal entendida y, desde luego, presiones de los mayores, de la comunidad. Una amalgama compleja que acaba en ataque a la integridad física de las mujeres, que no puede defenderse como "práctica saludable" -porque ni cura ni previene nada, sólo causa dolor- ni como "imprescindible rasgo cultural" -cuando hay infinitas alternativas al corte, la ablación, los puntos, para marcar las etapas de una vida o pedir fidelidad a una mujer-.
Actualmente hay más de 200 millones de mujeres y niñas vivas que han sido objeto de algunos de los cuatro tipos de mutilación genital en la treintena de países donde se concentra esta práctica, la mayoría en África pero también en Oriente Medio y Asia. Son datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero los casos ya no se concentran sólo allí, el mundo global y sus migraciones han hecho que la prevención y la vigilancia para que ninguna mujer más pase por este trance sea también una preocupación de Occidente. También, claro, en España.
Yolanda Rodríguez, actual presidenta de Médicos del Mundo (MDM) Navarra y portavoz sobre mutilación genital femenina en dicha ONG, explica que en nuestro país no puede hablarse de un "problema", porque la emigración desde los países donde esta práctica está extendida es "minoritaria". Según datos del Ministerio de Sanidad, hay unas 200.000 personas procedentes de dichos estados, de los que 55.000 son mujeres y niñas. Pese a ello, hay que estar "vigilantes" para que no se produzcan casos en las 24.000 chicas en que se cifra la población de riesgo, según el cálculo de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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MDM, la ONG más activa en cuanto a prevención se refiere en España, hace balance en este Día Internacional contra este tipo de violencia e insiste en que se dan "muy pocos" casos -en su mayoría en chicas que viajan a sus países de origen y ven cómo sus familias las obligan a pasar por la mutilación-, porque "ha calado el mensaje" de que es un ultraje para la mujer y puede tener incluso consecuencias penales; mediadoras africanas, muchas de ellas víctimas antes que educadoras, trabajan a diario en ello. La semilla que plantan en las comunidades de riesgo acaba dando frutos en sus países de origen, "los mensajes clarificadores tienen en las familias que están en España un efecto multiplicador que está haciendo que las cosas cambien en sus sociedades locales", sostiene Rodríguez.
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Fuente: Ministerio de Sanidad.
Los países de procedencia de la población de riesgo son, por este orden, Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Mauritania, Camerún y Guinea Bissau, donde la prevalencia de los casos suele superar el 85%.
El primer caso de niñas sometidas a esta agresión en su país se detectó en 1993, cuando la alerta sonó por una anemia severa en el caso de dos menores. Se había pagado el viaje desde su país a una circuncidadora. No obstante, aunque la práctica es frecuente en naciones como Francia, no se han detectado más casos así ni parecidos al que, en enero, se dio en Murcia, cuando se descubrió a un falso sanitario que circuncidaba a niños sin formación ni medios.
El trabajo de sensibilización, de apertura de ojos, es casi una filigrana, tan complejo y sutil es. Rodríguez narra el ejemplo de Navarra, donde comenzó a actuarse en 2008. "Primero se hace una labor de archivo, buscando en las estadísticas del INE para detectar dónde puede haber personas de las nacionalidades que nos preocupan. Una vez localizadas, entramos en contacto con asociaciones que ya tengan creadas, con trabajadores sociales... A veces, accedíamos a las mujeres a través de los hombres, habitualmente más organizados por ser ellos los primeros que llegaron a España como avanzadilla. Luego, conversamos con las mujeres hablando del tema a través de otros asuntos. Las citamos a una charla sobre economía doméstica y acabamos hablando de planificación familiar, de salud sexual... y de mutilación. A veces es algo lento, pero es seguro", justifica.
Se enfrentan a mitos muy arraigados, como que la mutilación asegura la fidelidad de una mujer, la hace más fértil, agranda el placer masculino... "¿Beneficios para la salud? Ninguno. ¡Sólo daños!", como escribe enfáticamente la OMS. Hay que ir desmontando unos esquemas muy férreos, pero la información gana terreno. "Las familias se dan cuenta de que someter a sus hijas a esta práctica es un paso atrás en sus derechos", insiste Rodríguez.
PROTOCOLOS ESENCIALES
No obstante, más allá del cambio de mentalidad, hace falta un protocolo que permita detectar casos y denunciarlos. Actualmente, existe uno nacional, aprobado en 2015, y varios regionales, en Navarra, Cataluña, Aragón, País Vasco y, ahora, Baleares. El primero, el general, se aplica en la sanidad, unificando instrucciones para los médicos de atención primaria, ginecólogos, pediatras... Lo fundamental es que pide a los sanitarios que hablen con sus pacientes y, si detectan que van a viajar a sus países de origen, donde se incrementa el riesgo de mutilación, les reclamen que firmen un papel en el que se comprometen a mantener intactas a sus hijas. En el caso de que se nieguen, se informa al departamento autonómico de protección de menores y éste a la fiscalía, que puede tomar decisiones como la retirada del pasaporte a los padres, la niña o ambos para impedir dicho viaje.
Los padres viajan con ese documento a sus países, para explicarle a sus familiares que en España es un delito y que no deben llevarla a cabo -no es la primera vez que las ablaciones se hacen por abuelos o tíos- y también se revisa a las menores al regreso, por comprobar que todo está bien. Por ahora, los resultados de este protocolo están siendo satisfactorios.
No obstante, tanto Médicos del Mundo como otros organismos de defensa de la mujer lamentan que el protocolo nacional se limite al campo sanitario, cuando los casos se pueden detectar en otras áreas. Así, los textos autonómicos incluyen, por ejemplo, la coordinación con trabajadores sociales o con profesores, un círculo integral de alerta. "A veces se enteran antes las vecinas o los compañeros del colegio... Todos los de su entorno deberían estar informados sobre qué hacer", añade la especialista de la ONG.
Sanidad recoge en un informe elaborado hace casi dos años el caso de una niña de siete años que, en 2002, comentó a sus compañeros de clase que la iban a mandar sola a un país africano y que no quería ir. Gracias al aviso de sus amigos la fiscalía intervino y retiró el pasaporte a la pequeña, poniéndola bajo tutela de la administración pero aún viviendo con sus padres. Fue una lección definitiva.
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Ablación a una menor en una localidad cercana a El Cairo, en 2005.
La información no sólo es esencial para frenar nuevos casos, sino para tratar los existentes. Muchas mujeres víctimas no asumen que sus problemas de salud proceden de una práctica que sus comunidades defienden a ultranza. El ministerio que dirige Dolors Montserrat reconoce que es "difícil" hacer algunos exámenes o llevar incluso una estadística porque hay menos controles ginecológicos en estas comunidades -pudor, vergüenza, falta de hábito- o porque los profesionales españoles tampoco tienen la formación necesaria para detectar lo que pasa ni han visto en su trayectoria heridas así.
Que quede reflejado en la historia médica es un debate abierto, entre los que consideran que puede ser un dato muy personal de las pacientes y los que creen que puede ayudar en tratamientos futuros. Si consta, como defienden las ONG, se puede actuar mejor en caso de sangrados, infecciones urinarias recurrentes, partos complicados...
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LAS CONSECUENCIAS PENALES
En España, tras la reforma del Código Penal en 2003 el artículo 149 fija penas de prisión de seis a 12 años "al que causare a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones"; "si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz”, abunda el texto. Técnicamente, se trata como un delito de lesiones con el agravante de género. Las leyes de protección a la infancia o el Convenio del Consejo de Europa protegen igualmente a las víctimas.
Los casos sobre los que la jurisdicción española tiene competencias son los que implican a niñas que viven en España, cuyos padres residan aquí o sean nacionales y si se recurre a un consulado español en los países de origen, en caso de peligro. En los casos de reagrupación familiar o adopción, cuando la niña viene ya mutilada sin haber sido antes ciudadana española, no hay posibilidad de actuar. Sí se han dado casos como el de una niña, en 2004, adoptada en España y que al venir, a los 11 años, fue sometida a una desinfibulación para intentar corregir el daño causado. Ha sido el primer caso del que se tiene noticia en el territorio nacional.
Uno de los atenuantes que se han aplicado en varios casos es el del llamado "error de prohibición", cuando los progenitores defienden que no sabían de la operación, que la habían llevado a cabo sus familiares sin su consentimiento.
Yolanda Rodríguez remarca que en su ONG "desaconsejan" acudir a la vía penal, porque a veces viene acompañada de la retirada de la custodia y acaba dejando a la niña "desprotegida". La mutilación no busca el mal por el mal, y es mejor explicar, prevenir, hacer entender que hay que "revertir la situación e impedir que se den nuevos casos". "Primero hay que reconocer que la mutilación genital femenina está presente en nuestro país y luego, ver qué se puede hacer aquí y en origen, donde hay mucho por explicar. Con el foco en estos puntos, en la educación, no habrá que llegar a ese punto", concluye.
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN ESPAÑA by El Huffington Post on Scribd