La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones al año
Gürtel, Bárcenas, Palma Arena, Nóos, Cooperación, Imelsa, Fundación, Malaya, Orquesta, Taula… Más de 175 tramas desde que comenzó la democracia, 126 originadas solo entre PP y PSOE, 1.660 causas en 2013, en datos del Consejo General del Poder Judicial, y hasta 125 casos de corrupción en 2016, según la hemeroteca de El Huffington Post.
La corrupción saquea las arcas del Estado, las reservas que financian los servicios al ciudadano, sus derechos y prestaciones sociales, denuncia Jesús Lizcano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del capítulo español de Transparencia Internacional, la primera entidad mundial de prevención y lucha contra la corrupción, este viernes 9 de diciembre, Día internacional contra la corrupción.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos en España. Más de la mitad, 47.500 millones de euros, el 4,5% del PIB, corresponde a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Por esto dice Jesús Lizcano que la corrupción es un impuesto implícito al ciudadano, una pérdida, un gravamen imprevisto que no se factura y no se presupuesta. Los otros 40.000 millones son absorbidos, directa o indirectamente, por las muchas formas de corrupción existentes.
Esta lacra cuesta más de 500 euros al año a cada español, una cifra en ascenso al ritmo que aumentan los casos de corrupción, a una media de diez nuevos al mes. Solo en dependencia, el recorte fue de 1.234 millones de euros entre 2012 y 2014, casi la misma cantidad defraudada en el caso de los ERE (1.200 millones de euros), más de la mitad del caso Pujol(3.000 millones de euros) y la mitad de la factura del caso Malaya, con 2.400 millones en comisiones y blanqueo de capitales. Un despilfarro de fondos públicos que, para el presidente de Transparencia Internacional en España, roe los pilares de nuestro estado de bienestar.
¿Todavía la corrupción en España se asienta en cemento?
La corrupción se ha mudado desde la construcción a la contratación y a las subvenciones públicas. Conocemos macroproyectos, aeropuertos, estaciones de tren o de tranvía cuya rentabilidad económica y retorno social son cero. Este tipo de obras, que se conceden sin la más mínima garantía, generan riesgos económicos considerables que recaen sobre la ciudadanía. Cuando el juez determina el derribo de la obra o el cierre de la instalación, el perjudicado es el ciudadano.
¿La corrupción se irá a negro algún día?
Soy optimista y en ese juego de palabras viene al caso otro de los problemas derivados de este tipo de delitos y otra forma de saqueo a los ciudadanos como es la caja B implícita a estas prácticas. Con la corrupción, el dinero se ennegrece, se zambulle en la economía sumergida, con todas las consecuencias para el ciudadano que tiene que pagar lo suyo y lo de los que no pagan, con un efecto perverso sobre sus condiciones de vida.
¿Las sanciones no funcionan?
España cumple los mandatos de los Convenios de lucha contra la corrupción de Naciones Unidas y, además, tras la reforma de 2015 el Código Penal ha ampliado la casuística de casos de corrupción e intensificado las penas, al incluir la corrupción entre particulares, la corrupción privada, la responsabilidad penal de las empresas.
¿Sancionar es más caro que prevenir?
La solución más efectiva es la prevención y educación de los ciudadanos. Transparencia Internacional imparte módulos en colegios e institutos pero sería de recibo que el Gobierno impulsara la formación en valores de todos los ciudadanos, en sus distintos niveles educativos, y así se lo hemos trasladado a los distintos partidos políticos.
¿No clama al cielo este desequilibrio entre lo que cuesta prevenir y el precio de la corrupción?
Prevenir es barato, pero con todo faltan medios. En la prevención, operan los costes fijos administrativos, no introduce costes variables y, por lo tanto, extraordinarios. Mejorar la lucha contra la corrupción requiere cambio institucional y, sobre todo, legal. Para establecer sistemas de control y seguimiento ya tenemos todo el aparato normativo del Estado. Solo se necesita cambiar la normativa y generar sistemas efectivos de control. Esto por el de lado de la prevención.
Por el de la transparencia, el otro brazo en la lucha contra la corrupción, las necesidades son mayores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se está haciendo cargo de muchas cuestiones de las comunidades autónomas. Las autonomías se quejan de falta de plantilla para atenderlas. No cumplen, pero con un buen sistema de sanciones ya veremos si lo hacen. Este es el gran fallo de la primera parte de la Ley de Transparencia, sin referencias punitivas. Si creas figuras pero no las dotas de personal, toda intención se queda en algo para la galería, en un simple título en el BOE. Dotar de medios y dejar actuar a la justicia es clave para luchar contra esta lacra.
DEVUÉLVEME MI DINERO
¿No se trata entonces de endurecer las sanciones?
Sino de prevenir y de hacer que los corruptos devuelvan lo robado. En eso se está trabajando desde la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación de Activos, también falto de personal con un solo empleado a media jornada.
¿Los partidos políticos que integraron corruptos son menos sensibles?
Los partidos políticos se han puesto las pilas y nos han escuchado para incluir en medidas de transparencia y lucha contra la corrupción en sus programas electorales. A la hora de prometer, han prometido más cosas que nunca. Ahora tienen que cumplirlas. Ciudadanos es el partido más batallador contra la corrupción, como lo fue en su día UPYD. También PSOE, aunque su situación ahora sea singular. La preocupación política está demostrada, cuando 15 de las medidas de los acuerdos entre Ciudadanos y PSOE y Ciudadanos y PP son anticorrupción.
Ya lo dice la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta es la segunda preocupación de los españoles, después del paro. La repercusión es cada vez mayor en los medios. Los fiscales y jueces son cada vez más activos y no tienen ya reticencias a juzgar sea quien sea el encausado. Las fuerzas de seguridad hacen un trabajo excelente y dos de cada tres ciudadanos dice estar muy concienciado de los efectos negativos de la corrupción. El problema son los errores de concepto: la ciudadanía ha empezado a llamar corrupción a todo lo que ve mal o deshonesto. Es el caso de los futbolistas penados por evadir Agencia Tributaria. Pero defraudar a Hacienda es un delito, no corrupción. La corrupción emana de un cargo público.
PACTO DE ESTADO CONTRA LA CORRUPCIÓN
¿Cuánto queda por hacer?
Mucho. Entre los aspectos a mejorar está reducir el perímetro del aforamiento. Una persona puede atropellar a un aforado, habiendo bebido, y este hecho nada tiene que ver con su aforamiento. Eliminar los indultos por corrupción. Mejorar las sanciones e incluir el delito enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia. Aprobar el Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente. Redactar y publicar una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción. Los registros de lobbistas deberían ser de obligado cumplimiento para todas las administraciones. La ley de financiación de partidos políticos tiene que ampliarse a las fundaciones y a todas las entidades perimetrales en torno a los partidos. En resumen, lo que ya hemos pedido en infinidad de ocasiones: un pacto de Estado contra la corrupción.
-
