Así negocian (o no) los 'ministrables' de Rajoy
Son muchas las quinielas que se hacen estos días sobre los nombres que formarán parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Con los 137 escaños del Partido Popular en la mano, al Ejecutivo se le hace indispensable llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para sacar las leyes adelante en el Congreso. Como aseguró el propio Rajoy en su discurso de investidura, la legislatura va a comenzar con una llamada al acuerdo y al diálogo con otras fuerzas políticas.
En estas circunstancias, se debería imponer la cintura política y el talante negociador. De los nombres que se barajan para ocupar una cartera ministerial, ¿quién aprueba y quién suspende a la hora de ser capaz de lograr un acuerdo?
En El Huffington Post hemos sacado los colores a algunos ministrables según su talante negociador. En rojo, los que suspenden. En verde, los que aprueban. Y en amarillo los que aprueban raspando pero necesitan mejorar.
Luis de Guindos, el ministro en funciones con más funciones, “el hombre de los ajustes"-como se le vino a llamar por su apego al control del gasto-, se ha convertido en un imprescindible del Gobierno. Sorteó el rescate de España, aunque propuso una versión light al FMI, renegoció el límite de déficit con el Eurogrupo en 2012 y evitó la multa por incumplirlo en mayo pasado a cambio de dos años más de plazo.
Con su perfil de economista, está dispuesto a llegar a acuerdos que sean técnicamente posible. Sabe reconocer un fracaso -se le escapó la presidencia del Eurogrupo que hoy ocupa Jeroen Dijsselbloem- y también perder, como cuando Mariano Rajoy escuchó a Cristóbal Montoro antes que a él al preferir subir el IRPF en lugar del IVA.
Veterano en las negociaciones con Bruselas, sus continuos saltos desde la administración pública a la empresa privada, y viceversa, le han procurado una cintura política bien moldeada. Y, aunque la trayectoria del exdirectivo de Lehman Brothers es criticada por estos movimientos de puertas giratorias, ese talante negociador y su perfil técnico hacen más que posible su lugar en el triunvirato del próximo Gobierno junto a Soraya Sáenz de Santa María y Mariano Rajoy.
Para lo bueno y para lo malo, es el rostro de la reforma laboral. Esta segunda legislatura, si repite, lo será de la reedición del Pacto de Toledo.
De perfil bajo, Fátima Báñez prefiere pasar desapercibida, lejos del foco mediático. Su talante negociador se desplegó durante las negociaciones del pacto de investidura con Ciudadanos. El equipo de Albert Rivera dijo de Báñez que se mostró “muy resolutiva para no bloquear el ritmo de la mesa de negociación y con capacidad de llevar las riendas”.
El tanto la ha colocado de nuevo en la parrilla de salida para resucitar el diálogo social y dirigir las negociaciones en materia laboral y de pensiones que habrá que pactar con el resto de grupos durante la próxima legislatura, aunque ya advirtió el presidente Rajoy que “sin revocar nada”.
Esto en el haber, porque en el debe Báñez tiene la tarea ciclópea de reducir el paro, el primer reto económico del nuevo Gobierno, y mejorar la calidad del empleo.
"Tiene una red de contactos espectacular, mucha mano izquierda para negociar y es muy querida en todas las áreas europeas y en los máximos niveles de dirección", dijo de ella su predecesor Miguel Arias Cañete cuando dejó las riendas del Ministerio en sus manos en 2014.
Desde la organización agraria Asaja creen que Mariano Rajoy no prescindirá de Isabel García Tejerina, ingeniero agrónomo y máster en Economía Agraria por la Universidad de Davis (Estados Unidos), por su perfil técnico y “excelente conocimiento del área”, y su talante prudente y negociador.
Criticada por desatender el área medioambiental, las organizaciones ecologistas dicen de ella que es "más productivista que medioambiental", pero los agricultores le tienen aprecio. Defendió a España durante las negociaciones de la reforma de la PAC, pidió y distribuyó ayudas compensatorias a los ganaderos por la caída del precio de la leche, logró el acuerdo para el Trasvase Tajo-Segura y aprobó una Ley de Costas, una Ley de Pesca y una polémica ley de Montes, que permite cambiar aunque con carácter excepcional el uso forestal de una zona incendidada.
En su contra, el caso Acuamed y el de las desaladoras le han caído sin salpicarle, por la responsabilidad de sus antecesores. "El sector valora su buen carácter y espera que continúe", corrobora la periodista Mercedes Salas, desde Efeagro.
Cuando llegó al cargo en septiembre de 2014, para sustituir al dimisionario Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá tenía que restañar el daño producido por una Ley del Aborto que tuvo que ser retirada y lidiar con una Ley de Tasas que nadie quería. Las tasas judiciales quedaron también en el olvido y el nuevo ministro anunció su intención de retomar los grandes proyectos pendientes, pero apenas disponía de dos años de legislatura para lograrlo.
La primera prueba de fuego fue la reforma del Código Penal, para la que no fue capaz de muñir acuerdo alguno: el PP sacó adelante la norma, que incluye la prisión permanente revisable, en solitario. Tras paralizar la privatización del Registro Civil, por la imposibilidad de llevarla a cabo y por las protestas en su contra, la siguiente idea fue la de sancionar a los medios que informasen de sumarios en marcha. Incluso el PP se opuso. Sí hubo acuerdo, con el PSOE, para la lucha contra el terrorismo yihadista.
Pero el ministro tampoco logró consenso, ni con el resto de fuerzas políticas ni con el sector de la justicia, para la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Jueces, fiscales y abogados se opusieron a ella. Su ministerio tampoco ha sido capaz de llevar adelante el proyecto de digitalización de la Justicia y, en los últimos meses, a Catalá le ha tocado sacudir de vez en cuando la amenaza del artículo 155 de la Constitución frente a la escalada soberanista en Cataluña.
José Manuel García-Margallo llevaba 14 años fuera de España, en el Parlamento Europeo, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le eligió para ser ministro. De fuerte temperamento y constante en su trabajo, Margallo no ha disimulado a la hora de centrarse en asuntos en clave nacional - Cataluña y Gibraltar- que han hecho que se le conozca como el ministro para asuntos catalanes o por sus disputas por el Peñón. Ha protagonizado cinco años de enfrentamientos permanentes con Fabián Picardo, el ministro principal de la Roca, y, tras Brexit, ha ejercido más presión en el asunto.
"Marca España" ha sido su proyecto más ambicioso, pero no ha tenido un desarrollo fácil: se gestó en plena crisis económica, la misma que ha provocado que España haya estado ausente de espacios clave y en los que se solía mover con asiduidad. Es el caso de Latinoamérica y de grandes asuntos como Cuba, Venezuela o Colombia, donde otros países europeos han aprovechado para llenar el vacío español.
A lo largo de 2014 García-Margallo inició una intensa campaña diplomática que le llevó a recorrer numerosos países para que España ocupase un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, meta que al final alcanzó.
Además, durante su cargo ha tenido que hacer frente a episodios de difícil negociación como la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF a Repsol o el caso Carromero. También consiguió que España y Estados Unidos firmaran una declaración de intenciones para la limpieza del suelo contaminado de la localidad almeriense de Palomares con el objetivo de "reparar un error que se cometió hace 50 años".
Los cinco años de Margallo no pasarán a la historia como los que dieron lugar a grandes acuerdos internacionales, si bien es cierto que el ministro ha ejercido el cargo con talante negociador. A última hora, acaba de aparecer una mancha en su expediente. Se ha presentado una querella contra el embajador de España en Afganistán por falta de medidas de seguridad en el atentado contra la sede diplomática en Kabul en 2015 en el que murieron dos policías españoles. Los servicios secretos franceses habían alertado de riesgo de atentado contra la Embajada de España, "lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad", según el auto, algo que no sucedió y que provocó el fatal desenlace. Falta por ver cómo afecta todo esto en la decisión de Rajoy.
La llegada de Íñigo Méndez de Vigo fue aplaudida con unanimidad y alivio; al fin y al cabo, venía a sustituir a José Ignacio Wert, uno de los ministros de Educación más broncos y peor valorados de los últimos tiempos. Frente al orgullo y el desabrimiento de aquel, la corrección diplomática del nuevo.
Pero nada más. En su año y medio de mandato, Méndez de Vigo no ha podido construir, mediante concesiones o negociación, un mínimo acuerdo sobre la LOMCE, no ha logrado hallar una respuesta efectiva contra la piratería en el cine y la música y no ha conseguido tampoco, a pesar de sus afirmaciones de haberlo peleado, bajar el 21% de IVA que lastra la cultura en España y la condena a la precariedad.
Se ha enemistado con los profesores por plantear la posibilidad de que sus sueldos dependan de sus resultados y tampoco ha hallado el entendimiento con las Universidades sobre el modelo y los precios de grados y másteres. Además, se ha enfrentado a varios paros estudiantiles por los recortes en las ayudas públicas al estudio y por la resucitación de las reválidas, cuyos efectos Rajoy se comprometió a paralizar en su última y exitosa sesión de investidura.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones, mantiene una conocida mala relación con el otro brazo económico del Gobierno, el ministro Luis de Guindos.
A Montoro le gusta recordar que trabaja mucho y que Hacienda es la base del Estado español, pero usa la vara de mando en todas sus gestiones. Da cera, no la pule. Las comunidades autónomas le plantaron cara en abril pasado, cuando las acusó de ser las responsables del déficit del Estado, desbocado en su caso al 1,66% frente al 0,3% que les exigía el Gobierno central. De hecho, la reforma de la financiación autonómica constituirá una de sus tareas prioritarias, junto a la pretendida búsqueda de estabilidad del sistema de pensiones.
Cristobal Montoro se ha enfrentado a todos y por casi todo, en un tono de permanentes amenazas y chascarrillos. Con Luis de Guindos a cuenta del IRPF y las cuentas de la Generalitat. Con José Manuel Soria con motivo de la reforma eléctrica. Con José Manuel García Margallo, con quien se cruzó insultos desde los medios de comunicación. Con Ignacio González, a cuenta del Impuesto sobre Patrimonio. Con las comunidades autónomas por el modelo de financiación autonómica; con los medios de comunicación en general... Y hasta con José María Aznar por la filtración de los datos fiscales del expresidente.
También se lleva en la mochila los escándalos en la Agencia Tributaria por los casos Cemex y Noos y la dimisión de la directora de la Oficina Antifraude por un escándalo que afectaba a su marido.
Hace solo 15 días, todos los partidos salvo el PP reprobaron en el Congreso a Jorge Fernández Díaz, acusado por la Comisión de Interior de utilizar a las fuerzas de seguridad contra otros políticos, tras ser salpicado por el escándalo de sus conversaciones con el juez responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, ya cesado. El episodio y la posterior reprobación parlamentaria pueden dar la medida de este ministro veterano y muy discutido.
Fernández Díaz, además de haber protagonizado episodios como el de la condecoración de una Virgen y haber dado titulares sobre ETA, Podemos, Venezuela, la homosexualidad o incluso Josep Guardiola, no ha tomado medidas, a pesar de los constantes llamamientos de la oposición, contra algunos miembros del ministerio que han llevado la sospecha de corrupción y malas prácticas a su estructura. El caso del comisario Villarejo es el más evidente.
Su reunión con el procesado Rodrigo Rato en la propia sede ministerial no mejoró las cosas. Desde el punto de vista político, Fernández Díaz no es precisamente una figura de consenso. Lo más recordado de su legado será, seguramente, la Ley Mordaza. Todos los partidos, salvo PP y Ciudadanos, han pedido su derogación por ver en ella un claro retroceso en los derechos civiles.
María Dolores de Cospedal está en todas las quinielas sobre el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. La Secretaria General del Partido Popular desde 2008 no sólo es uno de los pesos pesados de la formación, sino que tiene experiencia en algunas de las carteras para las que suena: entre mayo de 2000 y julio de 2002, fue Subsecretaria de Estado de Administraciones Públicas y entre julio de 2002 y abril de 2004, Subsecretaria de Interior. Lo que no parece tener es un perfil excesivamente conciliador.
Como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre 2011 y 2015, gozó de una mayoría absoluta que le permitió llevar a cabo su “cruzada de austeridad” sin el concurso del resto de fuerzas políticas. Durante su mandato, Castilla-La Mancha fue una de las comunidades autónomas que más redujo el déficit, aunque ese logro se debió, en gran parte, al recorte de servicios públicos, especialmente en Sanidad. El cierre de los servicios de urgencias nocturnos en muchas localidades y la reducción de la plantilla de personal sanitario fueron algunas de las medidas más contestadas.Algunas de sus medidas en este sentido han sido tumbadas por los tribunales de justicia.
