¿Puede Europa vencer la evasión de las multinacionales?

No es una nueva batalla, pero ha cobrado especial intensidad esta semana tras las revelaciones de los papeles de Panamá. El dinero fluye como pompas de jabón por un mundo que no conoce fronteras para la especulación y las finanzas, mientras las oxidadas maquinarias recaudadoras de los países observan a escala nacional, impotentes, cómplices o resignadas. ¿Puede ser la Unión Europea un instrumento útil para lograr que las grandes compañías que operan en Europa paguen los impuestos que les corresponde en el lugar dónde se originan sus beneficios?

Es una pregunta importante para una Unión Europea que necesita desesperadamente historias de éxito que mostrar a un público cada vez más euroescéptico. La Unión, en el año en que los británicos votarán en referéndum si abandonan el barco europeo, los holandeses han votado en contra de un acuerdo clave con Ucrania y muchos franceses sitúan a la cabeza de sus encuestas a Marine Le Pen, se juega su propia supervivencia. El reto de meter en cintura fiscal a las multinacionales es mayúsculo, pero los incentivos para lograrlo –de acuerdo con el dinero que hay en juego en una era de austeridad en la que los Estados sudan la gota gorda para cuadrar sus cuentas– deberían ser extraordinarios.

Las cifras del gran agujero negro por el que el sector público de los países europeos pierde dinero que no se recauda hablan por sí solas. Frente a las pequeñas y medianas empresas que operan en un solo país, las multinacionales pagan de media un 30% menos en impuestos. Según un informe del Parlamento Europeo de 2013, cada año deja de recaudarse en Europa un billón de euros debido al fraude, la evasión y la elusión fiscales y la planificación fiscal agresiva de las grandes multinacionales.

Este dineral que se ahorran las grandes empresas supone un coste de unos 2.000 euros anuales para cada ciudadano europeo. La Comisión Europea denuncia que entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales se van por el desagüe de los sistemas recaudatorios debido a la elusión fiscal, una práctica legal pero moralmente inaceptable para la gran mayoría del público europeo.

Esta semana, la Comisión Europea ha presentado un plan para lograr que las multinacionales cuyos ingresos superen los 750 millones de euros tenga la obligación de incluir en su página web información clave sobre su actividad tributaria en los países europeos en los que operan. Además, las compañías deberán también dar cuenta de su tributación en cada paraíso fiscal en el que operen, en caso de que tengan actividades en alguno de los países que aparecerán en una lista negra de paraísos fiscales que la Comisión espera tener lista en un plazo de seis meses.

Esta propuesta de la Comisión no aumentará por sí misma la recaudación de los Estados sobre las grandes compañías, pero las obligará a dar la cara frente a ciudadanos, ONGs y medios de comunicación. “La dimensión que está adquiriendo esta alarma social, y la indignación ciudadana que conlleva, asusta a la reputación corporativa. Las empresas se lo están haciendo mirar porque les preocupa enormemente que su reputación quede lastrada por algo que nadie entiende ni acepta”, comenta a El Huffington Post Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y miembro de la comisión parlamentaria Taxe, creada a raíz del escándalo Luxleaks.

El eurodiputado socialista, Ramón Jáuregui.

La propuesta de la Comisión Europea comenzará ahora su proceso legislativo, con la participación del Parlamento Europeo y los Estados miembros a través del Consejo. La Comisión estima que las compañías tendrán la obligación de airear sus entrañas fiscales en sus páginas web a partir de 2018. Son, probablemente, plazos largos para un público cada vez más indignado con la capacidad de algunas élites mundiales para eludir las obligaciones fiscales que sí tienen la gran mayoría, tras años de una crisis en Europa que ha obligado a la población a hacer grandes sacrificios.

A los ritmos del proceso legislativo, se deben sumar los retrasos por falta de voluntad política en la UE de haber actuado antes. En el pulso que la UE libra con las grandes compañías, la dificultad europea no sólo reside en la complejidad de los mecanismos de los que se valen las grandes corporaciones para pagar muy pocos impuestos, sino también en las resistencias que existen dentro de la propia Unión.

Varios Estados (como Irlanda o Luxemburgo, aunque no sólo) son celosos a la hora de cooperar en esta materia, puesto que compiten con sus impuestos de sociedades a la baja para atraer a las grandes compañías internacionales. “Ahí está la piedra de toque, el obstáculo más complicado. El Consejo paraliza mucho estas directivas. Desgraciadamente, estamos comprobando que los Estados se resisten a una política de desarme de la fiscalidad como elemento competitivo”, reconoce Jáuregui.

Algunos cuestionan la voluntad política del presidente Juncker para actuar. El Ejecutivo comunitario ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal –además de esta iniciativa ha aprobado ya otras, como la directiva que obliga a los Estados a cooperar e informar sobre sus acuerdos fiscales con las multinacionales–, pero la sombra de la etapa de Juncker como primer ministro de Luxemburgo es alargada. Durante ese largo periodo de casi 20 años (1995–2013), Luxemburgo, país fundador del proyecto europeo, puso en marcha un sistema de acuerdos fiscales con grandes compañías para que éstas se beneficiaran de un régimen fiscal a medida y muy laxo.

“La propuesta de la Comisión es un fuego de artificio, no se puede cumplir porque no ataca la línea de flotación... No hay que irse a Panamá para encontrar un paraíso fiscal, sino tomar un tren a Suiza o Luxemburgo. Juncker no tiene legitimidad, y la propuesta es claramente insuficiente”, ha afirmado esta semana con total escepticismo el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán desde Estrasburgo, en compañía de Hervé Falciani, el que fuera empleado del banco HSBC y pasase a la fama mundial tras su filtración de cuentas opacas a partir de 2008.

El grupo de la Izquierda Unitaria, al que pertenecen Podemos e IU en la Eurocámara, trató con muy poco éxito de censurar al presidente Juncker tras el escándalo Luxleaks, pero no lograron reunir las 76 firmas de eurodiputados necesarias para plantear la cuestión, algo que sí logró la extrema derecha de Marine Le Pen y Nigel Farage. Juncker superó sin demasiados problemas aquella votación (461 votos en contra de la moción, frente a 101) y trata desde entonces de actuar con firmeza en un terreno resbaladizo.

El Parlamento Europeo lleva años pidiendo medidas concretas que permitan a los Estados gravar más y mejor las actividades de los gigantes económicos. En mayo de 2013, aprobó un extenso informe sobre lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Entre las muchas medidas que sus euroseñorías pedían a la Comisión Europea y a los Estados miembros, se incluía la obligación de que las grandes compañías publiquen de forma detallada los impuestos pagados en cada Estado miembro en el que operan, y la elaboración de una lista negra pública europea de paraísos fiscales “para antes del 31 de diciembre de 2014”. Ambas medidas se contemplan ahora, tres años más tarde, en la propuesta que acaba de realizar la Comisión Europea.

“Este tema ha adquirido una velocidad de crucero a partir de la primavera del año pasado, tras la aparición de los los Luxleaks, y el propio Juncker (que tiene mala conciencia, como es obvio, aunque eso no nos lleva a decir que haya que cargárselo, porque somos institucionalmente más responsables que otros) decide junto a Moscovici lanzarse en tromba con este asunto… La Comisión ha tardado, sí, pero no olvidemos que, en el mes de junio, hubo otra directiva que establecía la necesidad de dar coordinación entre los Estados cuando hacen acuerdos con las grandes compañías”, comenta Jáuregui.

La Comisión especial, conocida como Taxe1 en la jerga parlamentaria, fue prolongada otros seis meses en diciembre. Taxe2, tras haber realizado un largo informe con numerosas recomendaciones, ahora podría alargar su vida nuevamente si asume las competencias de la nueva comisión de investigación que el Parlamento Europeo va a crear a raíz del escándalo de los papeles de Panamá. Los socialistas aspiran a que esta nueva comisión obligue al comisario español Miguel Arias Cañete, que ostenta la cartera de Energía y Cambio Climático, a comparecer para explicar su relación con lo revelado en los papeles de Panamá.

Jáuregui, veterano político socialista, no puede ocultar su optimismo ante los avances que se están produciendo, a pesar de las dificultades de esta batalla: “Sinceramente, creo que estamos a las puertas de una revolución fiscal en el mundo; no sé si soy demasiado ambicioso en mi término, pero quiero darle fuerza a esta idea. Creo que hay una maravillosa ventana de oportunidad para que esta punta del iceberg que estamos viendo sea combatida, porque el 99% de los ciudadanos -ni siquiera distingo en categorías ideológicas– está cabreado con que las empresas no paguen, o que las empresas grandes paguen mucho menos que las pequeñas, o que los ricos se lleven su dinero a otros espacios. Estando como están las haciendas nacionales, famélicas, hay una maravillosa oportunidad de que el impulso político se ponga al frente”.