IU se querella contra Rajoy en el Supremo por el acuerdo sobre los refugiados
Izquierda Unida ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el resto del Consejo de Ministros por el acuerdo de refugiados alcanzado en marzo por la UE y firmado por España.
A juicio de la formación de izquierdas, al suscribir el acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados, estos han incurrido en diversos tipos penales, como la denegación de socorro y trato inhumano y degradante a este colectivo.
La querella ha sido presentada por el líder de IU, Alberto Garzón, la eurodiputada Marina Albiol y el abogado Gonzalo Boye.
Garzón ya anunció ayer miércoles en la tribuna del Congreso que presentaría esta querella contra Rajoy y su Gabinete "por delitos de lesa humanidad". "Parece que no aprenden de la experiencia", expresó el portavoz de IU, que acusó a España de colaborar en la "deportación y el traspaso forzoso" de los refugiados.
Durante su intervención, Garzón acusó también al Ejecutivo en funciones de participar en una UE que está "poniendo trabas" y negando el refugio a los que huyen de la guerra en Siria, más de 50.000 personas desamparadas por toda Europa.
"La realidad concreta es que usted y otros dirigentes europeos han firmado un contrato comercial y mercantil donde la mercancía son las personas que deberían tener derechos humanos, que ustedes niegan, y han contratado a un matón [Turquía], al que pagan, para que todos los dirigentes europeos puedan mirar hacia otro lado. Un matón que no sólo no les protege, les da palizas y les trata con autoritarismo", subrayó.
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SE INCUMPLE EL CÓDIGO PENAL
El propio Boye, durante la presentación en marzo de la querella, denunció que además, con el acuerdo entre la UE y Turquía se ampara la deportación y el trasladado forzoso de personas que gozan de una "especial protección" por huir de conflictos armados, otro de los preceptos del Código Penal que, en su opinión, incumple el Ejecutivo español en funciones.
Aunque no entró en detalles sobre las penas que pedirán para los miembros del Ejecutivo, Boye señaló que para algunos de estos delitos están previstas 'penas de cárcel', elevadas en algunos casos y también de inhabilitación.
Además de incumplir el Código Penal español, el acuerdo firmado con Europa atenta, según detalló, contra varios acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados europeos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Albiol, por su parte, denunció que, además de crear diferencias entre los migrantes, el acuerdo, al que se ha querido dar una "falsa apariencia de legalidad", deja en manos de Turquía el futuro de los deportados, asumiendo que ese país es "seguro" cuando organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertan continuamente de que no lo es.
En este sentido, advirtió de que la UE no ha obtenido garantía alguna del trato que van a recibir los migrantes que sean devueltos a Turquía y que se desconoce si van a ser recluidos en campos de refugiados, en campos de detención o qué va a pasar, por ejemplo, con los kurdos procedentes de Siria.