El Parlamento danés debate confiscar los bienes de los refugiados
El Parlamento danés inició este miércoles el debate de un proyecto de ley sobre política de asilo que incluye polémicas medidas para confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar, que será aprobado previsiblemente por amplia mayoría.
La propuesta del Gobierno liberal en minoría, que será votada el 26 de enero, recibió como era previsto el apoyo de sus tres aliados del bloque de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza de la oposición, que suman casi tres cuartos de la Cámara.
El Gobierno se había asegurado el apoyo de esas formaciones tras excluir los objetos "de valor afectivo especial" de las confiscaciones (como las alianzas de boda) y triplicar hasta las 10.000 coronas danesas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y del dinero en efectivo que pueden ser requisadas.
"Ha habido mucho debate y muchos malentendidos, algunos de forma consciente. El punto de partida es que el Estado asuma los gastos de todos los refugiados. Pero me parece razonable y justo que no lo haga para quienes pueden mantenerse a sí mismos", dijo durante el debate la ministra de Integración, Inger Støjberg.
EL OBJETIVO: QUE NO VAYAN A DINAMARCA
Tanto Støjberg como su compañero de partido y portavoz en temas de integración, Marcus Knuth, resaltaron que el objetivo es reducir de forma "notable" la llegada de refugiados a Dinamarca, que en 2015 recibió a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014.
"No lo hacemos porque nos apetezca, sino para no poner en peligro el Estado de bienestar", afirmó Knuth, que al igual que el portavoz socialdemócrata, Dan Jørgensen, alertó contra seguir el ejemplo de Suecia, cuyo sistema de asilo ha "colapsado" por ser generoso.
Suecia acogió en 2015 a 163.000 peticionarios, la cifra per cápita más alta en toda la Unión Europea y el doble que el año anterior, lo que hizo que el Gobierno endureciera hace dos meses la política de asilo e impulsara controles fronterizos y de identidad.
El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza en escaños del bloque gubernamental y segunda del Parlamento tras los socialdemócratas, habló de "paso en la dirección correcta" y "propuesta de sentido común".
MÁS RESTRICCIONES, SOBRE TODO DE PAÍSES ÁRABES
Su portavoz, Martin Henriksen, reclamó no obstante endurecer más los controles fronterizos temporales y aleatorios con Alemania, prolongados este miércoles por el Gobierno, y la política de asilo, otorgando solo permisos temporales y limitando la inmigración de países árabes.
Los ataques a la propuesta llegaron desde varias formaciones de centroizquierda y de izquierda, que acusaron al Gobierno de mandar un mensaje simbólico para hacer desistir a los refugiados.
"El objetivo es enviar una señal de que Dinamarca no es un buen país para los refugiados y asustar a aquellos cuyas vidas están en peligro para que no pidan asilo aquí", dijo la líder de la rojiverde Lista Unitaria, Johanne Schmidt Nielsen.
Las críticas apuntaron también a medidas como la prohibición de que los peticionarios puedan vivir fuera de los centros de acogida y sobre todo a que quienes reciban asilo temporal deban esperar tres años para solicitar la reagrupación familiar, en vez de uno.
Esa propuesta ha sido cuestionada por asociaciones de abogados, el Instituto para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que consideran que puede violar las convenciones europeas, "riesgo" admitido por Støjberg, que no rechazó medidas adicionales.
"Yo no soy psicóloga", respondió Støjberg al ser preguntada por los posibles traumas que pueden sufrir los niños refugiados, según la Asociación de Psicólogos Daneses.
Støjberg, que hace meses impulsó una campaña en medios libaneses para desincentivar las peticiones de asilo de sirios que huían de la guerra, defendió que cambiar las reglas de reagrupación familiar es un método para reducir el flujo al que han recurrido otros países y sostuvo que el Gobierno danés actúa con "honestidad".
El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, declaró en Bruselas que este organismo "evaluará la ley una vez esté adoptada" para examinar si viola de alguna manera los valores de la UE.
