Se cumplen 15 años de la exhumación de la primera fosa común del movimiento memorialista
Hace 15 años que la pelea de un nieto inconformista logró un hecho insólito en este país: que se abriera la fosa común en la que estaba su abuelo -junto a 12 hombres más-, usando todas las técnicas forenses y arqueológicas disponibles, con los permisos oportunos y sin miedos, sin esconderse. 15 años desde que se hincó la pala en la tierra y los huesos hablaron, tres lustros desde el primer logro de las asociaciones de memoria histórica en España.
Desde aquel primer acto de justicia en Priaranza del Bierzo (León) hasta este verano moribundo lo que se ha vivido es una montaña rusa de alegrías y decepciones, de logros y obstáculos, de ayuda institucional, de olvido institucional. Se ha aprobado hasta una ley específica -con un cumplimiento modesto-, pero 114.226 españoles siguen desaparecidos, civiles identificados con nombre y apellidos que siguen en una fosa, un monte, una cuneta.
La historia que abrió una nueva senda en la lucha por la reparación empieza el 15 de octubre de 1936. Emilio Silva Faba es detenido. Su hijo, Ramón, de ocho años, lo acompañó al Ayuntamiento de Villafranca y allí, en la puerta, lo vio por última vez. Manolo, otro de sus hijos, de seis años, fue a verlo más tarde con su madre, Modesta. Emilio les dio un reloj y un anillo con sus iniciales, el recuerdo que lega quien se sabe sentenciado. Otro hijo más, Emilio, de diez años, fue a la mañana siguiente a los calabozos a llevarle el desayuno a su padre. Que no estaba, le dijeron. Que igual se había escapado.
El 16 de octubre, Emilio fue conducido en un camión de Gaseosas Olarte hacia el lugar de su asesinato. Con él iban 14 hombres más, hacia la carretera de Ponferrada. Uno escapó. Los demás fueron fusilados en la cuneta de Priaranza.
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La fosa de Priaranza, en su primera fase de excavación.
El 28 de octubre de 2000 aquella fosa se exhumó, finalmente. Fue localizada gracias al empeño del nieto de Emilio, Emilio Silva, periodista, hoy al frente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Durante una investigación, encontró casualmente el hilo del que tirar para sacar a flote la historia de su familia, el que le permitiera enterrar a su abuelo junto a su abuela, que vivió hasta los 93 años, esperando.
Empezó una cadena que llevó a un niño de 10 años que, entonces, escuchó las detonaciones, a los comentarios antiguos, las identificaciones de los demás fusilados, la búsqueda del expediente de ejecución y, al fin, la colaboración de un alcalde y la cesión del terreno. "Tantos años y en el corazón tan pocos", recuerda Silva que resumió Belia, la hija de Enrique González, uno de los fusilados.
Hoy Priaranza no es sólo una cuneta con placa, donde de vez en cuando se ponen flores. Es el símbolo de una pelea organizada, desde abajo, en la que las familias, los historiadores, los civiles y no los gobiernos, consiguieron poner en primera línea del debate nacional la necesidad de localizar y enterrar dignamente a los represaliados en las Guerra Civil y el franquismo.
6.200 HALLADOS
En 15 años se han hallado restos de 6.200 personas, apenas un 5,4% de los desaparecidos que restan. "Hay miles de familiares pendientes, gente mayor que lo que quiere es morirse en paz", resume la ARMH, que este fin de semana conmemorará el aniversario de aquella primera exhumación con coloquios y conciertos en León, más una performance en la que se recordarán nombres de prisioneros del franquismo.
Un aniversario agridulce, con el presupuesto estatal para memoria inexistente por tercer año consecutivo, administrando la precariedad con ayudas que llegan de fuera -EEUU, países nórdicos- y que aún impulsan los proyectos. "El estado tiene que ser garante, no las familias de las víctimas", exigen las asociaciones.
LUCES Y SOMBRAS
Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía e impulsor de Todos los Nombres -que este octubre cumple también 10 años- reconoce que "las cosas han cambiado de la noche a la mañana" en cuestiones de memoria en España. "Ha habido un avance tremendo: fluye la información, se han creado grupos de investigación en las universidades, bancos de ADN, una ley...", pero todo lo que enumera tiene un "pero", porque hoy todas esas iniciativas se topan con límites, recortes o desidia.
"La ley, por ejemplo, ya era pobrecita cuando nació, pero es que ni siquiera se está cumpliendo. Se ha modificado la de Registros Civiles pero no hay recursos, ahora. Sólo en Andalucía hay 30.000 personas sin inscribir. Hacen falta partidas económicas, fijar que las intervenciones en cementerios sean revisadas y se eviten desmanes o expolios, utilizar debidamente los bancos de ADN, donde hay personal y medios técnicos que darían respuestas a muchas familias...", añade.
La crisis no es más que una excusa, denuncia. Las partidas estaban siendo de 200.000 a 300.000 euros anuales. Falta "voluntad". Son las asociaciones y las familias las que hoy llevan el empuje de la memoria, pero a la vez se enfrentan a la contradicción de que en estos años se ha "institucionalizado" la causa y, en ocasiones, ese excesivo control limita la posibilidad de avanzar. "Usar y tirar", dice gráficamente, pasados los años de furor memorialista. Ese "desamparo institucional" lleva al cierre de asociaciones -dos en tres meses, pone como ejemplo, sólo en Andalucía- y a confiar en el micromecenazgo y el voluntariado para que no se pierda lo logrado. Los "seis o siete" proyectos universitarios creados en todo el país hoy no tienen financiación y han dejado la línea de investigación. Muchos de sus datos o conclusiones ni se han podido publicar.
"PAPÁ, DESCANSA EN PAZ"
"Os pido que no recordemos a los nuestros como víctimas, sino como héroes. El Gobierno central no busca a sus desaparecidos ni muchos niños desaparecidos conocen su identidad verdadera. Es una vergüenza, es dejar vivo el antecedente de un genocidio que queda impune y que van a pagar las generaciones futuras". Lo dijo en 2011 un hombre llamado Darío Rivas, ante miles de personas, en Madrid, en un acto de reivindicación en el que, al fin, él mismo podía ser ejemplo de que la batalla tiene sentido y puede acabar con la paz, con el entierro digno.
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Darío Rivas pone flores sobre la tumba de su padre.
Rivas supera los 95 años y vive en Buenos Aires desde que tenía nueve. Su padre, Severiano Rivas Barja, fue alcalde de Castro de Rei (Lugo) y murió a manos de falangistas el 29 de octubre de 1936. Fue el último regidor democrático de su pueblo hasta que llegó la guerra. 69 años después, en 2005, se logró localizar su cuerpo en el cementerio de Cortapezas-Portomarín. El alcalde Rivas fue el primer exhumado e identificado de Galicia.
Su hijo, aún lúcido para cruzar el charco, homenajear a su progenitor y explicar lo ocurrido, relata que Severiano era "un hombre bueno", que recuperaba tierras sin dueño, que ayudaba a los necesitados. Y lo mataron acusándolo de "comunista". Lo detuvieron una vez, y pudo ser liberado. A la segunda, lo tirotearon junto a la capilla de Cortapezas, junto a otro hombre. Sus cuerpos quedaron expuestos y custodiados, como escarmiento público. Darío tenía 17 años cuando supo por carta del asesinato de su padre.
En 1952, aunque se había prometido no ir a Galicia más, viajó con su esposa. Encontró la orden de detención, comentarios de que quizá su fosa había quedado enterrada por un embalse, vecinos que recordaban a su padre con cariño. Todo se le revolvió entonces, y se prometió dar con la tumba. Sus hermanos mayores supieron en su momento la ubicación, pero ya habían muerto. Así llegó a 2004, cuando en un homenaje sencillo al alcalde, un comentario le llevó a otro. "Yo vi los cuerpos", "estaban allá", "uno llevaba un gabán", "parecía hombre de importancia", "el carnicero lo sabe todo...". Y así se confirmó el enterramiento, pese a las pocas facilidades de la iglesia local. El alcalde Rivas ahora descansa en el panteón familiar en Loentia. Una placa lo recuerda. "Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado, Darío".
LA DENUNCIA ARGENTINA
Darío Rivas no se conformó con cerrar su historia particular, sino que fue quien promovió la denuncia presentada en Argentina en 2010 para investigar casos de genocidio y lesa humanidad, que no prescriben, aludiendo al criterio de justicia universal. La jueza María Romilda Servini de Cubría ha iniciado la causa y está tomando declaración a víctimas del franquismo y sus descendientes, uno de los hitos más ilusionantes en estos 15 años. Este viernes, por ejemplo, ha dado su testimonio Antonio Narváez, de Marchena (Sevilla), un niño de 82 años al que le mataron a su padre y a su madre.
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Antonio Narváez, en el centro, durante un homenaje a represaliados en Marchena.
Cuenta Antonio que está "desbordado" por el proceso, con "incertidumbre" por los resultados que podrá tener, y "satisfecho" por ver que "poco a poco se avanza". "Nada más dar el paso y entrar en el juzgado se hace historia", resume.
Su vida ha sido "muy intolerable" desde que tenía tres años, criado por una abuela que había perdido a dos hijos y un yerno en la guerra y que prefirió el silencio y la sobreprotección. "Yo la entiendo", dice, porque a ella también la raparon y la pasearon por el pueblo. "Pero yo sentía algo raro en mí", insiste Antonio, así que se puso a investigar.
Su padre, jornalero que hacía de panadero cuando no había cosecha, "era un hombre que sabía leer y escribir y por eso lo tenían enfilado". Un día, iba andando por la calle y un tiro se coló por una ventana, a su paso. "No era casualidad", remacha, por si hace falta. En el hospital del pueblo "lo dejaron morir". Le dieron un nicho pero a los pocos meses lo mandaron a una fosa común. Antonio sabe dónde está. Un mes después mataron a su madre, a la que días antes también habían rapado y ridiculizado. Se la llevaron de madrugada cuando sus hijos dormían. De ella no sabe más.
Antonio y su hermano se fueron a Sevilla, a la capital, a por trabajo y escapando de las "bestias, que no personas" que les señalaban como "hijos de". "Incluso miembros de mi familia", relata. Antonio trabajó desde los cinco años haciendo de todo y, cuando no podía más, se escapaba a las afueras, al campo, a llorar con su hermano. "No pude contar con nadie", lamenta, hasta que se decidió a remover lo pasado, ya en democracia, y dio con un grupo de profesionales, historiadores sobre todo, que estaban empezando con el movimiento memorialista en Marchena. "Esto no es sólo política, es una deuda de amor con mis padres, para que estén en paz, para que descansen", insiste.
"Lo tenemos que pelear. Yo soy viejo pero no dejaré de contarlo. Y de exigir mi derecho a tener a mi gente en paz. ¿15 años? Los que haga falta. Aunque le echen tierra encima, esto sigue ahí, no va a desaparecer, y los jóvenes están tomando el relevo. No van a hacernos olvidar", concluye Antonio.
