Carmena evita el desahucio de 220 familias en Madrid
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que más de 220 familias que vivían de alquiler en pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que habían sido vendidos a 'fondos buitre' han recuperado el alquiler social que tenían antes de la venta a un fondo de inversión.
Carmena ha comparecido junto a miembros de la plataforma "Yo no me voy", un grupo de familias que se asoció para poder recuperar el alquiler social de condiciones "muy garantistas" del que disfrutaban en estas viviendas, cuyas condiciones cambiaron cuando los inmuebles fueron adquiridos por el fondo en 2012.
La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido.
Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas".
"Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda, ha dicho la alcaldesa madrileña.
Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior EMVS intentó desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando todo el parque de viviendas" públicas de la capital.
La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo".
LA GESTIÓN ANTERIOR
El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha habido "acoso, malas palabras y malos modos".
El abogado de la Asociación Yo no me Voy, Endica Zulueta, ha dicho que se trata de contratos de alquiler de vivienda social que se renuevan cada dos años si cumplen unas determinadas condiciones económicas, cosa que los titulares han cumplido desde hace 30 años.
Sin embargo, en 2012, -según el abogado- "de la noche a la mañana, la anterior administración decidió dar por terminados los contratos con la intención de vender cinco edificios de viviendas a la sociedad Renta Corporación por 12 millones de euros".
El abogado ha destacado cómo los afectados, "que vieron cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales".
"La Empresa Municipal de la Vivienda ha cambiado de política con el nuevo Ayuntamiento" y esto supone que los vecinos ahora pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha dicho Zulueta.