¿Quién es el responsable de que tengamos mejores o peores servicios públicos?
Dentro de unos días, numerosas comunidades autónomas y municipios celebran elecciones. Estos procesos electorales son cada vez más importantes porque muchas políticas y servicios públicos dependen de estos niveles de gobierno.
Sería muy interesante para los ciudadanos de una región (o incluso municipio) conocer cómo es la calidad de los servicios que reciben en comparación con los servicios de los que disfrutan los habitantes de otros territorios.
Esta información contribuiría a mejorar la calidad de su voto, permitiéndoles castigar o premiar a los gobiernos que aparentemente están gestionando los servicios más importantes para ellos. Sin embargo, en nuestro país es especialmente complejo que los gobiernos regionales acepten participar en ejercicios comparados sobre la calidad de los servicios, salvo en muy contadas excepciones.
Aún así, existe un indicador que es ciertamente valioso para conocer la calidad de los servicios públicos. Se trata del nivel de calidad percibida que de los mismos tienen los propios ciudadanos de los distintos territorios.
Esta información puede conseguirse fácilmente a través de la realización de una encuesta (sin necesidad de poner de acuerdo a los gobiernos) y podemos suponer que gran parte de la evaluación de los servicios públicos que realizan los ciudadanos reflejará su funcionamiento real.
Con la excepción del Barómetro Sanitario, que únicamente pregunta a los ciudadanos por sanidad, sólo una vez, en 2009, se ha preguntado en una misma encuesta por un abanico muy amplio de políticas y servicios públicos (alrededor de 50), lo que proporciona datos sólidos por comunidad autónoma.
En aquella ocasión, con la crisis recién comenzada, los datos mostraban un panorama muy interesante, con significativas diferencias entre territorios que apuntaban a que algunos gobiernos regionales tenían por delante un importante reto si querían ponerse a la altura de otros en cuanto a la calidad de los servicios.
En el caso de la sanidad, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con los servicios sanitarios públicos alcanzaba casi el 80% en CCAA como la asturiana, mientras que en otras solo llegaba al 50% (Canarias o Extremadura).
En el caso de la educación, también hay diferencias llamativas en la valoración de los institutos, colegios o universidades, destacando de nuevo Asturias y La Rioja por la calidad percibida del sistema público frente a Madrid, donde la preocupación por el funcionamiento del sistema era, ya entonces, antes de los recortes vinculados a la crisis, muy importante.
La valoración de la gestión de la atención a la dependencia o los salarios sociales mostraba diferencias entre regiones de entre 40 y 30 puntos, respectivamente.
En relación con la seguridad ciudadana, los españoles que decían sentirse más seguros vivían en Galicia, Cantabria y Extremadura y los habitantes de las diferentes CCAA estaban preocupados por distintos tipos de inseguridad o delitos. Los más insatisfechos con los transportes y las infraestructuras eran los gallegos, baleares o cántabros.
La encuesta también preguntaba por otro gran abanico de servicios importantes para los ciudadanos, como los servicios de empleo, la promoción de la cultura y el deporte, y otros más cotidianos, como la recogida de basura, la seguridad vial, el control de la calidad del aire o del ruido y el funcionamiento de los servicios de tipo administrativo.
Hay quien pensará que proporcionar información sobre la calidad de los servicios que prestan los gobiernos subestatales puede tener poco sentido porque existe la extendida creencia de que los ciudadanos no conocen qué nivel de gobierno es el responsable de la gestión de cada servicio. Sin embargo, los ciudadanos tienen un mapa mental de la distribución competencial sobre la mayoría de los servicios que prestan los tres niveles de gobierno bastante ajustado a la realidad.
Según los últimos datos disponibles sobre el tema (CIS, 2014), un 80% y un 71% de ellos, respectivamente, tienen claro que las pensiones de jubilación y las prestaciones por desempleo son competencia de la Administración central.
En sanidad, al menos la mitad de los ciudadanos piensa que la administración regional es la principal responsable de la gestión de este servicio y un 15% afirma que se trata de una competencia compartida (lo cual no es del todo inexacto puesto que, aunque en la práctica es efectivamente el Gobierno regional quien gestiona la sanidad, los ciudadanos siguen observando que existe un Ministerio de Sanidad o han podido comprobar que ha sido el Parlamento nacional el que ha convalidado el decreto de recortes que en 2012 afectó a este sector de política pública.
En definitiva, no existen excusas para que los ciudadanos de los diferentes territorios no dispongan de información periódica y comparada sobre si los servicios de los que disfrutan son mejores o peores que los que reciben quienes viven en otras comunidades autónomas o municipios del país.
Es posible, además, que las diferencias en la valoración de los mismos se hayan agudizado con la crisis porque no todas las CCAA han recortado igual en las políticas y servicios que prestan a los ciudadanos.
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