El PP no quiere hablar de Luis Bárcenas este fin de semana
El Partido Popular (PP) no quiere que la salida de prisión de Luis Bárcenas le empañe la Convención Nacional que celebra este fin de semana. Cuando le han preguntado al vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, sobre la influencia que este asunto puede o no tener estos días, ha respondido monosilábico: "No", y se ha negado a decir nada más sobre el tema. Lo mismo ha contestado Ana Botella cuando le han preguntado si el PP le tiene miedo.
"Ya he hecho declaraciones esta mañana", se ha limitado a decir ante las preguntas de la prensa. Se refería a su intervención en Los Desayunos de TVE donde ha asegurado que su partido no necesita querellarse contra el extesorero porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han pedido para él más de 40 y 60 años, respectivamente. Ha aprovechado para recordar que el juez instructor expulsó a los populares del procedimiento, en el que inicialmente estaban personados como acusación particular. Se le ha olvidado decir, sin embargo, que el juez Pablo Ruz lo hizo porque consideró que la actuación del PP había ido más en la línea de defender a Bárcenas y su mujer que con un ejercicio de acusación popular.
Floriano ha asegurado que el PP trabaja para que "se establezca la verdad" del caso Gürtel y como parte de ella "la inocencia del PP", pero no para "intentar derribar a un Gobierno que es lo que algunos pretenden".
Preguntado si le preocupa el posible impacto electoral de la salida de Bárcenas de prisión, ha replicado que lo que sí le preocupa es que, seis años después de iniciarse la instrucción, se resuelva el proceso y se averigüe de dónde sacó Bárcenas su dinero.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha contestado también con un escueto y rotundo no a la pregunta sobre si en el PP hay miedo a Bárcenas.
Floriano ha insistido una y otra vez en que, según el auto del juez instructor, Pablo Ruz, y según la jurisprudencia, el hecho de que el PP sea definido como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel "exige el desconocimiento del delito", porque si lo conociese sería acusado "de cómplices o de cooperadores necesarios". "Sé que hay gente que no nos creerá nunca, pero esta es la verdad", ha remachado.
"NUNCA HA HABIDO CAJA B"
En la misma línea, ha recalcado que en el PP "nunca ha habido ni hay caja B", y que lo que dice el escrito de la Abogacía del Estado es que "había una caja B que utilizaban unos señores", es decir, que hubo quien "aprovechó la posición que tenían dentro del PP para enriquecerse" y que incluso organizó "un sistema" para ello.
Por eso, ha asegurado que el PP quiere "llegar hasta el final" para que los culpables asuman su responsabilidad. "Este señor nos engañó, engañó durante mucho tiempo a mucha gente", ha proseguido Floriano.
El dirigente popular ha abundado en la idea de que la responsabilidad financiera del partido era del tesorero, no de los cargos políticos, e incluso ha asegurado que a día de hoy, él, que es vicesecretario de Organización desde 2012, no ha visto las cuentas de su partido.
"Para eso hay unos responsables, a mí que me pregunten por las juntas locales, los congresos, la posición política, pero las cuentas del partido, las nóminas que se pagan y los gastos que se tienen es una responsabilidad que compete a otro", ha aseverado.
"SU HISTORIAL ES DE TODOS CONOCIDO"
En rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a repetir que el Gobierno "respeta" las decisiones de los tribunales y que serán los jueces quienes tengan que "acreditar los hechos probados y condenar a los que aparecen como imputados". Así mismo ha asegurado que el papel del Gobierno es "adoptar las medidas para evitar que la corrupción pueda producirse en el futuro" y ha defendido las medidas tomadas en este sentido por el Ejecutivo, como la ley de transparencia.
Preguntada por si el Gobierno teme que Bárcenas pueda hacer más declaraciones en la línea de las de su salida de la cárcel que puedan dañar la imagen de Mariano Rajoy, la vicepresidenta se ha negado a hacer "valoraciones de las declaraciones de los imputados".
"No es tarea del Gobierno responder a la estrategia procesal de cada uno. El historial de acusaciones es de todos conocido y cada uno es capaz de sacar sus conclusiones de ese historial", ha añadido.
