Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): 10 argumentos para que España sea valiente con la Tasa Robin Hood
Al Gobierno le va a costar mucho explicar que renuncia a 4.000 millones de euros de los casi 5.000 que podría recaudar con el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que propuso la Comisión Europea en 2011, conocido como Tasa Robin Hood porque pretendía establecer una cierta justicia fiscal, controlar la especulación y que quienes provocaron la crisis comenzasen a pagarla. Por miedo a "desestabilizar los mercados", España se decanta por un impuesto mínimo en lugar del que planteó Bruselas, y está dispuesta a perder una recaudación que equivale a 5,3 veces el presupuesto del Estado de cultura, unas dos veces el de servicios sociales y todo el presupuesto de fomento del empleo para 2015.
Cuando explotó la crisis financiera en 2008, los líderes políticos mundiales tuvieron una epifanía y vieron clarísimo que los mercados financieros se les habían ido de las manos y había que controlarlos. Algunos, como Nicolas Sarkozy, propusieron "refundar el capitalismo sobre bases éticas". Seis años después el capitalismo sigue ahí, intacto, y no abundan los líderes políticos que se atrevan a poner coto a los mercados. El ITF, que de tanto menguar en la fase de negociaciones corre el peligro de quedarse en nada, es un ejemplo.
La Comisión Europea propuso que se gravasen todas las transacciones financieras -con un 0,1% las acciones y las obligaciones (bonos de deuda pública y privada) y un 0,01% los productos derivados-, con excepción de actividades de particulares y pequeñas empresas, como hipotecas, créditos y contratos de seguro. Solo 11 países de la UE decidieron ponerlo en marcha -Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia-, y la Comisión calcula que podrían ingresar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año entre todos. La idea inicial era que el impuesto entrase en vigor el 1 de enero de 2014, pero el año se termina y aún no hay acuerdo. Los Gobiernos tendrían que darse mucha prisa para cerrar las negociaciones antes del último Ecofin del año, que se celebra el 9 de diciembre, para no dilatarlo un año más.
Francia, históricamente impulsora del gravamen -que tiene un antecesor en la famosa Tasa Tobin-, se puso nerviosa en julio de 2013. Su ministro de Economía planteó que podía ser perjudicial "para el futuro de la plaza financiera de París" y pidió a la Comisión suavizar el impuesto. París propuso entonces no gravar ni los derivados financieros ni los bonos, en contra de la opinión liderada por Alemania, que apuesta por un tributo amplio. España, como Italia, se ha sumado a la corriente francesa y solo quiere gravar las acciones, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a El HuffPost.
Si se abre más el abanico España está dispuesta, como mucho, a considerar que se aplique solo a los derivados sobre acciones -quedarían fuera los de renta fija y variable, índices bursátiles, bonos, tipos de interés, etc-, y de forma progresiva. Nada más, "para no alterar el mercado y sobre todo, la deuda pública. Para que no afecte a la política monetaria", según estas fuentes. Intermon Oxfam calcula que de esa forma, de los 4.700 millones de euros que se podrían recaudar, se pasaría a unos 675 millones, según María Villanueva, de esta organización.
Expertos y organizaciones de la sociedad civil animan al Gobierno a ir a por todas. Estos son sus porqués, que le ponen muy difícil al Ejecutivo justificar su apuesta a un impuesto descafeinado:
1. Mostraría que no cede al lobby financiero
"El ministro de Economía [Luis de Guindos] se hubiera marcado un buen tanto y hubiera quedado libre de todo tipo de duda, dado que él venía de la banca de inversión, si hubiera mantenido el alineamiento con la posición alemana", como explica el Emilio Ontiveros, presidente Analistas Financieros Internacionales (AFI). "Cuando un Gobierno no tiene una posición clara propia, específica, la vulnerabilidad a los grupos financieros, los lobbies, es mayor, y probablemente eso es lo que ha ocurrido en España", señala.
2. Es un paso hacia la justicia fiscal
Según el profesor de Economía, en un país que necesita aumentar la recaudación y que no tiene una gran presión fiscal a las grandes empresas, esta era "una oportunidad absoluta" que está perdiendo. El ITF presenta una ocasión redonda para, primero, "reconciliarse con la mayoría de los contribuyentes, que son los que más pagan", pero además, "para hacer ver que al mismo tiempo que ayuda a los bancos, también puede establecer un mínimo gravamen de imposición indirecta" en un sector que "en general sale siempre bien parado fiscalmente frente a otros".
"Es muy importante la contribución del sector financiero a los costes de la crisis. Los servicios financieros no tienen IVA, no están gravados", señala María Villanueva, de Oxfam, que antes coordinaba la plataforma de 35 organizaciones de la sociedad civil española que defiende el impuesto y que aboga por invertir lo recaudado en la lucha contra la pobreza y el cambio climático, dentro y fuera del país.
3. Tiene un gran poder recaudatorio
Una transacción de un millón de euros en derivados financieros pagaría solo un euro al año. Sumadas todas las transacciones, Bruselas calcula que España podría ingresar casi 5.000 millones de euros.
4. No es algo nuevo ni experimental
"El establecimiento de un impuesto indirecto que grave el volumen de determinadas o de todas las transacciones financieras es algo en lo que ya hay experiencia comparada", recuerda Emilio Ontiveros. Un informe del Banco de España recoge 11 casos, y otro realizado por Economistas frente a la Crisis para Salud por Derecho -la organización que sustituye a Oxfam en la coordinación de los que defienden el impuesto- analiza 31 países y destaca que en siete de esos estados recaudan 23 billones de dólares, la mitad de los cuales corresponde solo a Reino Unido y Corea del Sur.
5. Las transacciones no huyen del impuesto
Solo hay que mirar el caso de Londres, "paradigma de la plaza financiera mundial", como señala Ontiveros. Aunque se ha negado a la implantación de este gravamen en toda la UE y no participa en la iniciativa, Reino Unido tiene un impuesto similar -Stamp Duty- que aplica en determinadas operaciones y no ha impedido que su mercado sea líder. Fuentes próximas al Banco de España, que aclaran que el Regulador no tiene competencias sobre este tema, señalan sin embargo: "El hecho de que el impuesto no tenga una implantación universal, en un contexto de globalización de los mercados y de libertad de movimiento del capital, sugiere que no puede descartarse la posibilidad de que se produzca migración financiera".
"Depende mucho de la cuantía; por un porcentaje muy pequeño no se van los operadores, está demostrado", replica Ontiveros. El propio Banco de España en su informe de 2011 reconocía además que la propuesta de la UE destaca "la importancia de diseñar el impuesto de forma que su evasión sea mucho más costosa que su pago".
6. Puede disuadir la especulación
"Es conocido que la crisis fue provocada por las transacciones altamente especulativas que no tienen ningún tipo de control. El impuesto trataría de desincentivar esas transacciones, y por tanto, introducir cierta tranquilidad, sosiego, al sistema financiero", señala Vanessa López, de la ONG Salud por Derecho. Ontiveros coincide en que el ITF tiene capacidad para actuar como elemento "parcialmente disuasorio" no solo en operaciones abiertas al riesgo, que es la forma de definir la especulación, sino también las que consisten en mover continuamente el mercado, como las denominadas high frequency trading.
7. Es ilógico eximir a los derivados
Dice el Ministerio que España solo estaría "cómoda" gravando acciones. Prefiere no oír hablar de derivados, pero si hay que hacerlo, quiere que la conversación se limite a los derivados de acciones, porque según asegura, "gravar los derivados sobre los tipos de interés tendría un efecto en la política monetaria y en la deuda pública".
A Ontiveros, que sí estaría dispuesto a discutir sobre qué tipo de bonos gravar, y que podría considerar una menor tributación para los bonos públicos en épocas con deuda pública importante, la exención de los derivados en cambio le parece el argumento con "menos consistencia lógica" del Gobierno. "Tienen un volumen transaccional grande, y si se trata de un gravamen del 0,1% no va a tener un impacto disuasorio brutal", apunta. Además cree que tampoco va a empujar las transacciones desde Europa a otras plazas financieras. Para el experto, se trata más bien de que los operadores de derivados -bancos, fondos de inversión, de pensiones, hedge funds, etc- "son los que están teniendo éxito en sus presiones" al Gobierno.
8. La deuda pública no peligra
El Ministerio insiste mucho en que la deuda pública "es un tema sensible" y nadie se lo niega, por eso Ontiveros no está en contra de "un cierto trato de favor, entre comillas, sobre compras en los mercados de deuda pública". El analista propone más bien "generar mecanismos que favorezcan la canalización del ahorro, de las inversiones, hacia la deuda pública. No de forma muy competitiva, ni penalizando la deuda privada, pero sí teniendo en cuenta que un título de deuda pública es un título de todos que ayuda a financiar lo de todos".
Sobre el mercado de deuda, recuerda que sigue muy activo y que "una centésima de volumen transaccional no penaliza, teniendo en cuenta además que los compradores son los grandes fondos" y que, además, "hay gente que entra para mover el mercado, no para comprar".
9. El G-20, el FMI, la Comisión Europea, a favor
Si el Gobierno desconfía de los perroflautas de las 300 organizaciones de la sociedad civil en 17 países europeos que abogan por este impuesto, hay otras fuentes a las que suele obedecer sin rechistar. Aparte del Ejecutivo alemán liderado por Angela Merkel, a favor de este gravamen ya se ha pronunciado la Comisión Europea, que conoce bien la situación de deuda de España y otros Estados Miembros y tras analizar el impacto del ITF, ha propuesto su implantación en la UE.
El Fondo Monetario Internacional también ha estudiado el tema, y ha recomendado "la adopción de gravámenes sobre las instituciones financieras para pagar el coste generado por el rescate de las entidades en problemas o ante futuros fallos o crisis", y un impuesto similar al IVA para las entidades financieras, según el informe de Economistas contra la Crisis. No es lo que propone Bruselas, pero supone igualmente gravar el sector financiero.
Además, en la reunión del G-20 de 2011 el ITF consiguió apoyos de Francia, España, Alemania, Brasil, Argentina, Etiopía y Sudáfrica, y 1.000 economistas de 53 países firmaron una carta para convencer al resto de miembros del G-20 de su idoneidad.
10. Ofrecería información muy valiosa
La gobernanza económica mejoraría con el impuesto, según Economistas frente a la Crisis, y se evitaría "que el descontrol de los mercados afecte a los estados". Como señalan, la velocidad de las transacciones y la opacidad de los beneficiarios dificulta cualquier intento de regulación del sector. Un "ITF de base amplia (aplicado a acciones, derivados y bonos), proporcionaría información sobre actividades de alta velocidad de la que ahora mismo no se tiene registro". Y la información, como señala, es un activo importante para Gobiernos y reguladores.
