El PP impulsó la reforma de la Justicia Universal... pero algunas de sus consecuencias no le gustan.
Esta contradicción la ha evidenciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha lamentado este jueves que la Audiencia Nacional no adoptase "medidas cautelares" para evitar la excarcelación de narcotraficantes detenidos en alta mar antes de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la aplicación del cambio legislativo.
En una entrevista en RNE, Gallardón se ha mostrado "muy satisfecho" con la decisión del Supremo porque pone "líneas sólidas" en la interpretación de la norma y en que "no puede haber impunidad", pero ha destacado que su eficacia total está condicionada a que los excarcelados -un total de 53- sigan en España y se les pueda detener.
El Supremo invalidó este miércoles por unanimidad las excarcelaciones de 53 narcotraficantes acordadas por la Audiencia Nacional en una interpretación errónea de las consecuencias que la reforma de la Justicia Universal podía tener sobre la competencia para esos delitos de las autoridades españolas.
El Alto Tribunal entiende que los estados ribereños de un determinado espacio marino pueden intervenir contra delitos de tráfico de drogas, piratería, contra la seguridad en el mar y de tráfico de personas, en aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, Gallardón ha dejado claro que no habla de exigir responsabilidades a los magistrados de la Audiencia Nacional porque entiende que "actuaron según su leal saber y entender" y, simplemente, sus resoluciones son "susceptibles de recurso".
Gallardón ha dicho que aunque le pareciesen criticables las prisas de la Audiencia, él no hará la crítica porque tiene claro lo que le corresponde a cada uno. Eso sí, ha deslizado que no todos tienen claro esa separación: "Aunque determinados jueces quieren participar en el debate político, que corresponde a los que han sido elegidos por los ciudadanos, el Gobierno no va a entrar en hacer crítica jurídica porque ese no es su papel".
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