El Gobierno anuncia nuevas pruebas de cultura y lengua para lograr la nacionalidad española

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes en el pleno del Senado que reformará el sistema actual de concesión de nacionalidad para acabar con la "discrecionalidad" de la administración. De este modo, ha adelantado que el Instituto Cervantes se encargará de la prueba de idioma y cultura española y se elaborará un manual que deberán estudiar los solicitantes sobre el que se evaluará su grado de integración y conocimiento de la cultura española.

El anuncio se ha producido en el debate de una interpelación instada por el senador de la Entesa Catalana Rafael Bruguera, quien se había interesado por las denegaciones de solicitudes de nacionalidad que se han producido durante el proceso extraordinario abierto por Justicia para agilizar los más de 420.000 expedientes que estaban sin respuesta cuando Gallardón accedió al cargo.

El ministro ha explicado que el Código Civil concede cierto grado de "discreccionalidad" a los jueces de los registros civiles, encargados de medir la idoneidad del solicitante de nacionalidad, con "conceptos jurídicos indeterminados" como "razones de orden público o buena conducta cívica". En la práctica, mientras unos se limitan a realizar una prueba de idioma, otros interrogan al solicitante sobre cuestiones que van desde el nombre de un presidente autonómico hasta una receta tradicional.

"CRITERIOS OBJETIVOS"

"Lo vamos a modificar y vamos a introducir criterios objetivos en las pruebas para la nacionalidad, lo que va a dar seguridad jurídica para evitar una discreccionalidad que en estos momentos tiene la Administración y que los encargados del Registro Civil aplican con su mejor hacer, pero que indica que se pueden producir diferencias", ha señalado.

La primera medida será institucionalizar la prueba de conocimiento del Castellano delegando la tarea en el Instituto Cervantes, "que desde hace años realiza pruebas de español como lengua extranjera" y a quien se le va a encargar "que sea quien realice la prueba de conocimiento de la cultura de este país".

Según ha dicho, estarán exentos del examen "las personas originarias de países donde el Castellano sea lengua oficial y los menores escolarizados en España". Además, la prueba se adaptará a personas con discapacidad y aquellas con las habilidades de lectura y escritura limitadas. "Creemos que el Instituto Cervantes es accesible y garantiza esa objetividad", ha señalado.

En cuanto a la prueba de integración y conocimiento de la sociedad española, el ministro opina que incluso estandarizando un examen "se podría producir discreccionalidad" y por eso apuesta por elaborar "con personas de distintas sensibilidades" y participación de cuantos grupos parlamentarios quieran sumarse, "un manual que sea público y sobre el que se pueda después realizar la prueba".

El objetivo, según ha explicado, es que estando "de acuerdo sobre este manual, ninguno de los solicitantes pueda ser objeto de una pregunta fuera del mismo" y "que todas esas personas que tengan el conocimiento puedan superar la prueba".