Susana Díaz asegura que la Junta revisa desde hace siete meses las ayudas a formación
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, será “implacable” con todo el que pueda estar implicado en las supuestas irregularidades en cursos de formación subvencionados por la Junta que investigan la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción.
En su primera alusión al tema desde que se destapó el caso, Díaz ha lamentado la “polvareda” y “el mucho ruido” que “ha levantado" el presunto fraude, algo que entiende se ha producido "aprovechado el vacío institucional de la Semana Santa".
Aun así, ha asegurado que quienes piensan que ella no será "implacable en la lucha contra la corrupción, se equivoca". "Si alguien ha defraudado en Andalucía lo vamos a perseguir" y "vamos a ser implacables", ha subrayado.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que la Junta lleva "siete meses revisando las subvenciones a los cursos de formación", algo que, ha recalcado, no se está haciendo en ningún otro territorio.
Díaz, que ha participado en la conferencia Córdoba y Andalucía ante los retos del futuro, ha explicado que en el tema de la corrupción "los ciudadanos nos piden hechos y no palabras", y eso es lo que hace el Gobierno andaluz, con el proyecto de la Ley de Transparencia, para que "ni un solo euro" de dinero público "quede al margen del escrutinio de los ciudadanos".
Esa estrategia, ha reconocido, no tendrá efectos perceptibles "hasta que no pase el tiempo", si bien cree que "Andalucía marcará el camino a seguir".
CAUSA GENERAL CONTRA ANDALUCÍA
Según informó el diario El País el pasado 15 de abril, las irregularidades que se están analizando comprenden a los fondos concedidos entre 2007 y 2013 y lo defraudado podría oscilar entre los 20 y 40 millones de euros. Las investigaciones, apuntaba el rotativo, se encuentran en una fase “muy incipiente”.
Al día siguiente de conocer la información, el consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, acusó al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía" por la gestión de los fondos de formación para el empleo.
