La Audiencia Nacional no ve clara la reforma del Parlamento, aprobada con la mayoría del PP, que ha liquidado la Justicia universal y que podría acabar en el Tribunal Constitucional.
El juez Fernando Andreu ha preguntado a la Fiscalía y el resto de partes personadas en las dos causas que instruye en virtud del principio de justicia universal si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal que limita su aplicación o, por el contrario, archiva los procedimientos.
En dos providencias notificadas este miércoles el magistrado da un plazo "improrrogable" de diez días a las partes personadas en las causas en las que se investigan el genocidio en Ruanda y el ataque contra un campo de refugiados en Irak para que le informen sobre "la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta".
Se trata del primer juez de la Audiencia Nacional que plantea la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional la limitación de la justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia.
Esta reforma obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA A PEDRAZ
El juez Santiago Pedraz fue el primer magistrado en rebelarse contra la ley aprobada por el Parlamento y decidió no archivar la causa abierta por el asesinato del cámara José Couso en Irak. Este mismo miércoles, la fiscalía de la Audiencia le ha pedido que anule el auto porque de lo contrario está impidiendo a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad por esa reforma.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso solicita al magistrado en su recurso al auto dictado el pasado lunes en el caso Couso, la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, que proceda a la conclusión de este sumario y lo eleve a la Sala de lo Penal para que sea ésta la que resuelva si cabe ese archivo.
En su escrito, el fiscal, que tilda de "extralimitación competencial" la decisión de Pedraz de no archivar alegando que la convención de Ginebra prevalece sobre la reforma de la justicia universal, asegura que si se da traslado a la sala tal y como reclama se puede permitir a las partes "acudir a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad".
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