Detenidas 442 personas por vender contratos de trabajo falsos
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero en la operación 'Relisto', y ha puesto a disposición judicial a 422 personas tras realizar detenciones en 27 provincias, según ha informado el Ministerio del Interior.
Entre las personas que han sido puestas a disposición judicial se encuentran beneficiarios de los contratos, integrantes de la red y el máximo responsable, natural de Jerez de la Frontera, y se ha procedido a la detención de catorce reclusos que disfrutaban del tercer grado penitenciario (régimen abierto).
La operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, y las investigaciones se realizan sobre otras personas, españolas y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí.
Las personas que pagaban por estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia en el caso de los extranjeros y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
Los implicados ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos superior a los 2.600.000 euros, cantidad que ya está siendo reembolsada a los organismos correspondientes.
La operación se inició al tener conocimiento la Guardia Civil de Cádiz de la existencia de un entramado que creaba empresas fantasma al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales.
Para la creación de estas empresas, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social. El entramado llegó a montar hasta diez empresas y tenía gran cantidad de trabajadores en nómina.
Por medio de este sistema el entramado y sobre todo su líder obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que se daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas.
Además, a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, como seguros sociales y retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.
