El rompecabezas de la factura de la luz: ¿Qué opciones tiene el Gobierno?

Todo se resume en un porcentaje. El 11% del tarifazo de la luz anulado la semana pasada o entre el 2% y el 4%, lo propuesto este jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo que es poco probable es que el precio de la luz se congele en 2014, como piden las asociaciones de consumidores. Los intereses, presiones y posibilidades para dar carpetazo al escándalo originado tras la última subasta de la electricidad son múltiples y el Gobierno los afronta este viernes en el Consejo de Ministros.

La última reunión del Ejecutivo de 2013 sacará adelante el nuevo diseño de la factura eléctrica anunciada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que el lunes avanzó una factura acorde con "las señales reales del mercado".

Este jueves, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) puso sobre la mesa la primera propuesta tras el llamado "tarifazo", o la subida de casi el 11% en la factura de la luz que fue suspendida por el Gobierno.

La propuesta incluye una subida de o bien el 1,4% o el 2,9% en la parte de la factura que depende del libre mercado. La primera de las fórmulas que recomienda en su informe al Ejecutivo, utiliza como referencia el precio del mercado de futuros del último trimestre, mientras que la segunda consiste en utilizar como referencia los dos últimos trimestres.

Esta parte de los costes representa el 40% del recibo, mientras que el resto está regulado y se conoce como peajes por el transporte y la distribución. Esa segunda parte de la factura, controlada por el Gobierno, también subirá, pero menos de un 2%, según Soria, lo que trasladado al recibo será menos de un 1% para el consumidor.

Según la propuesta de Competencia, en total el recibo podría subir en enero entre un 2 y un 4%.

La CNMC ha diseñado este mecanismo "transitorio" al creer que la subida del 11% era producto de una manipulación del mercado. Sin embargo, no revisa el sistema en sí sino que se basa en el precio de productos energéticos en otros mercados para proponer un nuevo precio de aplicación inmediata.

El regulador advierte de que el nuevo sistema no debe alterar las expectativas de las empresas que comercializan energía por libre y que necesitan flexibilidad para subir o bajar los precios según la evolución del mercado.

La tarifa de último recurso o TUR, que a partir de enero se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía en subasta. A ellos se suman los impuestos.

La primera pata, esos denominados peajes, los fija el Gobierno a través de una orden ministerial y sirven para retribuir todas las actividades reconocidas al sistema. Entre esas actividades está lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica, las primas que se pagan a las renovables, el sobrecoste que supone generarla en sistemas extrapeninsulares o el dinero que nos cuesta financiar el déficit que ha ido generando el sistema eléctrico, el llamado déficit de tarifa.

Con el paso de los años, el déficit se ha ido incrementando a pesar de que los precios de la energía han subido también de manera constante. En otras palabras: la Administración tiene una deuda con las compañías eléctricas. El Gobierno puso en marcha en julio una reforma para intentar acabar con la generación de déficit de tarifa. Sin embargo, esa reforma se ha visto frustrada por la retirada de las aportaciones presupuestarias ante el objetivo prioritario de cumplir con el déficit público.

La falta de esas aportaciones ha obligado a reconocer que este año habrá 3.600 millones de euros de déficit tarifario, frente al equilibrio previsto inicialmente.

Para comenzar a enjugar esta deuda, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha avanzado esta semana que los peajes subirían un 2 % "como mucho", un porcentaje que se refleja en el recibo final en algo menos de un 1 % de incremento.

A la subasta acuden generadores y comercializadores para comprar y vender la electricidad que se suministrará a todos los consumidores acogidos al sistema de tarifa -el resto acude al mercado libre- durante los siguientes tres meses.

La evolución de este concepto depende exclusivamente del mercado, que posteriormente corrige el resultado con una serie de ajustes técnicos.

En la subasta de de la semana pasada hubo menos participantes de lo habitual porque todavía no se ha cerrado la reforma energética, lo que introduce ciertas incertidumbres a la hora de decidir si acudir o no a ella.

Una de esas dudas es que los productores del régimen especial (que engloba las renovables y la cogeneración) no tienen clara su retribución para el próximo año. Además, los comercializadores de último recurso, que abastecen a este tipo de consumidores, no saben con certeza dónde tienen que comprar la electricidad el próximo trimestre. A esto hay que añadir que el sector prevé una baja producción hidráulica y eólica para los próximos meses, lo que supone retirar parte de la generación que abarata el mercado, así como temperaturas más bajas, lo que a su vez implica una mayor demanda de electricidad.

En otras palabras: según las eléctricas, la reforma del Gobierno y las dudas sobre el futuro lastran el funcionamiento del mercado. El precio iba a subir para que se curasen en salud.

El precio de la luz ya subió un 3,1 % en la revisión de octubre y un 1,2 % de forma extraordinaria en agosto en el marco de la reforma eléctrica. Anteriormente, ya se había encarecido en un 3 % en enero, bajado en un 6,6 % en abril y vuelto a repuntar en un 1,2 % en julio.

En 2012, la TUR se congeló en enero para subir después un 4 % en abril y un 7 % en julio y bajar un 2,4 % en octubre, una rebaja que quedó anulada por el incremento del IVA en septiembre (del 18 al 21 %).

Según datos del Ministerio de Industria, entre 2003 y 2011 el recibo de la luz en España se ha encarecido un 63 % y se ha situado entre las más elevadas de Europa, superada tan sólo por Irlanda y Chipre.

Además de esta tarifa regulada, los consumidores tienen la opción de ir al mercado libre, en el que negocian con las comercializadoras diversas opciones comerciales, incluidas facturas combinadas de luz y gas. Sin embargo, los ahorros que consiguen estos consumidores son mínimos ya que, de acuerdo al último informe de la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) correspondiente al primer semestre de 2012, para un hogar medio la diferencia entre la mejor oferta combinada para luz y gas y la tarifa regulada es de 80 euros anuales.

Sí, pero Competencia lo desaconseja. El precio anual tendría la ventaja de evitar variaciones significativas en el coste de la energía, pero por el contrario impediría a los comercializadores de último recurso (CUR) realizar coberturas, ya que el precio lo tendrían cerrado y no sería negociable en caso de que durante el año de aplicación variaría mucho, señala el regulador, que también ha diseñado la aplicación del sistema en caso de que el Gobierno se decida por éste.

Asociaciones como Facua-Consumidores en Acción califica de "inaceptables" los escenarios de revisión de la tarifa eléctrica propuestos por la CNMC y considera que "lo menos malo que podría hacer el Gobierno" es congelar la tarifa.

"Si un Gobierno llega al extremo de acusar a un sector de incurrir en una burda manipulación, no puede ahora subir la tarifa", afirmó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. Facua pide la congelación y una investigación a fondo para esclarecer la manipulación y las maneras de remediarla.

Facua también ha remitido una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, toda vez que considera que "no garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".