Detenidos un alto cargo de la Diputación de Sevilla y varios sindicalistas por el 'caso de los ERE'
Nueva fase de la Operación Heracles sobre el caso de los ERE. A lo largo de este martes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado y consumado este martes esta redada que se ha saldado con nueve detenidos y 50 imputados.
Las detenciones y registros se han producido en las provincias de Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla, además de en Madrid y Barcelona.
La Guardia Civil ha informado de que los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.
Igualmente, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.
De momento, ha trascendido la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien ha sido inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004 y esta operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la diputación, según la propia administración.
También han sido detenidos el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto. La operación incluye además un registro en el domicilio particular de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, quien ya fue imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa.
La Guardia Civil prevé detener a una decena de personas e imputar a medio centenar en esta segunda fase, según han explicado a Efe fuentes de la investigación.
Esta operación coincide en la misma jornada en la que la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, declara ante la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE.
MÁS REGISTROS
Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla, así como la vivienda de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada.
Las actuaciones, además, contemplan el registro de la vivienda que posee en Gines (Sevilla) Antonio Manuel Bustamante, presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Surcolor, cuyo ERE figura en la investigación al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas (Sevilla) y exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas.
Bustamente, ya imputado en las actuaciones, está citado a declarar ante la juez Mercedes Alaya el próximo 24 de octubre.
