Caso Nóos: Diego Torres se niega a declarar ante el juez Castro
Diego Torres no abre la boca. El exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, imputado por el caso Nóos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez Castro, instructor de la causa, con quien tenía declaración este viernes en los juzgados de Palma.
Apenas diez minutos ha estado Torres ante el magistrado, abandonando los juzgados pasadas las 10:20 horas. Castro le había citado tras imputarle por un nuevo delito fiscal, después de recibir un informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a que Torres había defraudado al fisco a través del IRPF en 2007.
Durante la instrucción de esta causa, ya le fueron localizados a Torres unos 900.000 euros depositados en el Credit Suisse de Luxemburgo. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.
FRAUDE A HACIENDA
El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya interrogó tanto a Torres como al Duque de Palma en torno a un supuesto fraude fiscal de unos 470.000 euros, de acuerdo a los datos suministrados a principios de año por la Agencia Tributaria y en base a los cuales la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta Cristina.
Hacienda les atribuye haber defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos en 2007 y 2008.
En concreto, la Agencia Tributaria eleva a al menos 230.979 euros la cantidad que en 2007 la entidad aparentemente sin ánimo de lucro habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades, presentando para ello gastos ficticios. Unos gastos que según Hacienda y el Ministerio Público eran "irreales", por lo que "no podían deducirse válidamente".
