Reforma de las administraciones: Del 'vuelva usted mañana' a la 'gran poda'
Mariano Rajoy se la juega con la reforma de la administración. Es una de sus grandes promesas y desde su discurso de investidura ha defendido llevar a cabo una transformación de las administraciones públicas. Ha llegado la hora prometida.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al informe encargado por el presidente para acometer estos grandes cambios de la administración. Ha comenzado la 'gran poda' a fin de hacer, según el Gobierno, unas administraciones más eficientes. Pero esta esperada revolución en el sector público tiene sus luces y sus sombras.
Rajoy ha sido concejal, presidente de diputación, miembro de un Ejecutivo autonómico, diputado, ministro (de Administraciones Públicas, entre otros departamentos) y... presidente del Gobierno. Lleva el tema en la sangre. Y para este proceloso camino ha escogido a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como jefa de operaciones.
Junto a ella, está dirigiendo este proyecto su subsecretario, Jaime Pérez Renovales, uno de los fichajes estrella de La Moncloa y uno de los grandes cerebros en el complejo presidencial.
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La 'número dos' del Gobierno es una auténtica experta en esta cuestión. De hecho, se forjó políticamente en las negociaciones de los estatutos de autonomía de segunda generación, aprobados durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha presumido de este "histórico" informe, que no tiene precedentes en nuestro país. La vicepresidenta lo ha llegado a calificar como el "niño", que es "sietemesino" -pues lo encargó Rajoy en octubre-, por lo que ahora le toca un poco de "incubadora".
COSAS QUE PASAN
La administración general del Estado tiene abiertas 4.800 cuentas. Enviar una notificación 'rosa de toda la vida' cuesta 2,55 euros, frente a los 0,19 si es por vía electrónica. Una infraestructura estuvo paralizada durante once años a la espera de que se tramitara la declaración de impacto ambiental.
Estos son algunos ejemplos de ineficiencia en la administración. El Gobierno confía en poder acabar con este tipo de trabas burocráticas. Hay incluso episodios como los de comunidades autónomas que contratan empresas privadas para obtener información del tiempo cuando la podrían conseguir a coste cero de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para evitar este tipo de situaciones, en el documento el Ejecutivo presenta propuestas y alternativas a las autonomías, a las que no puede obligar en muchos casos. Tramitar una queja en el Defensor del Pueblo a nivel nacional cuesta unos 400 euros, mientras que en algunos de corte autonómico la cifra se eleva hasta los 800 euros.
CIFRAS, CIFRAS, CIFRAS
El Gobierno ha precisado que la reforma de las administraciones supondrá un ahorro de 37.700 millones desde el año 2012 hasta el 2015. ¿Cómo se consigue? En este dato suman los recortes en los funcionarios (algo más de la mitad del total), el adelgazamiento de la administración, las medidas del informe y la reforma de la administración local.
El Gobierno cuenta con una disminución de gastos en las arcas públicas de 8.000 millones de euros gracias a la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Pero esta norma todavía se encuentra en fase de informe y sin consenso con los ayuntamientos.
El Ejecutivo pretende llevarla este mes al Consejo de Ministros. La ley se ha ido posponiendo desde el inicio de la legislatura ante la presión de los alcaldes, muchos del propio Partido Popular. En un primer momento llegó a plantearse reducir el número de concejales, a través de una reforma de la ley electoral.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió sacar de la reforma local este polémico asunto y ajustar gastos a través de eliminación de duplicidades, reordenación de competencias y bajada de salarios.
Las medidas incluidas en el documento que ha visto el Consejo de Ministros supondrían un ahorro de unos 6.500 millones de euros. El Gobierno defiende que ha podido hasta quedarse corto en esta previsión y que no ha cuantificado incluso otras medidas. El impacto de ahorro en los ciudadanos será superior a los 16.000 millones, sostienen en La Moncloa.
¿HABRÁ DESPIDOS?
El fantasma del despido de funcionarios aparece cada vez que se toca la reforma. No obstante, el Gobierno ha garantizado que no se va a realizar, como ha pasado en países como Grecia.
Sí saldrán de la administración personal eventual, es decir, asesores. Este tipo de ajuste de empleados se realizará principalmente en los ayuntamientos, ya que el borrador de la nueva ley local fija el número de asesores en función de la población de los municipios.
En el caso del Gobierno y de las comunidades las cifras sobre eventuales están más ajustadas, por lo que no se espera que haya muchos despidos por su parte.
Otra de las preguntas es qué pasará con los empleados de los organismos que van a desaparecer o fusionarse. En concreto, el Gobierno llevará a cabo un proceso por el que se eliminarán 57. Los funcionarios que trabajen allí podrán ser reubicados.
El Ejecutivo quiere que se muevan los funcionarios en relación a las necesidades que haya en los diferentes departamentos.
Todo ello aderezado con la implantación de las nuevas tecnologías. Del famoso 'vuelva usted mañana' a la 'gran poda' de la administración. ¿Qué sucederá?
