Entrevista a Ada Colau: "El PP nos pidió rebajar la presión social a cambio de debatir la ILP"

Ada Colau (Barcelona, 1974) no para. "No sé lo que es un día tranquilo", confiesa al llegar a la entrevista. Viene de otro plató de televisión y le espera un tren para regresar a Barcelona. Las últimas semanas han sido frenéticas para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de publicar junto a su pareja y cofundador de la plataforma, Adrià Alemany, su segundo libro titulado ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (Destino), en el que repasa los motivos que han propiciado la actual situación hipotecaria, ya explicados en Vidas Hipotecadas (2012), y relata cómo vivieron la admisión a trámite de la ILP presentada en el Congreso.

- El lema de la PAH en las manifestaciones es "Sí se puede, pero no quieren". ¿Qué es lo que quieren?

Que haya un mensaje de desesperanza: que no hay nada que hacer, que todo es culpa nuestra y que nos merecemos lo que nos pasa. Frente a eso, la ciudadanía se está organizando y está demostrando que no es cierto, que unos son más responsables que otros. Con la ILP culmina un proceso en el que hemos interpelado a las administraciones y al Estado por todas las vías posibles y hemos demostrado cuál es la voluntad ciudadana, que apoya nuestras demandas, perfectamente posibles. Por eso decimos "sí se puede, pero no quieren". Todo el mundo sabe lo que hay en juego y que no aprobar estas medidas supone un sufrimiento insoportable a miles de personas.

- Después de la votación en el Congreso, que deja fuera las medidas de mínimos que recogía la ILP, ¿sigue pensando que sí se puede?

Desde luego. El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha cedido a la presión de los bancos. Pero las medidas están más vivas que nunca. Por eso pedimos retirar la ILP, porque vamos a seguir defendiéndola en la calle, donde nació. Esas demandas nosotros las hacemos efectivas cada día: parando desahucios, negociando con los bancos daciones en pago y alquileres sociales, y en los juzgados poniendo recursos para paralizar los procedimientos. Lo que exigimos es que el Congreso legisle para que no tengamos que estar batallando caso a caso y que eso sea realmente el derecho de todo el mundo.

- Una de las demandas de mínimos que no se aprobó es la dación en pago, ¿qué supondría para el mercado hipotecario?

La banca ha querido difundir la idea de que nosotros pedimos barra libre para que nadie responda a sus deudas. Nunca pedimos eso. Lo hacemos sólo para casos de primera y única vivienda y deudores de buena fe, algo regulado en países de nuestro alrededor. Además, la gente no la quiere, porque no quiere perder su vivienda, que es lo que implica la dación en pago, y toda la inversión realizada. Pero si se quedan en el paro y no pueden pagar, no tiene sentido que se queden con una deuda de por vida. Tampoco es cierto que vaya a suponer el hundimiento del sistema. Ya se está aplicando de forma masiva a las inmobiliarias, lo inaudito es que lo puedan hacer las inmobiliarias y no las familias vulnerables. El sistema financiero se ha hundido solo. Los estudios económicos hablan de que la dación supondría, como mucho, entre 5.000 y 20.000 millones en costes para la banca, nada comparado con los más de 100.000 millones que han percibido las entidades. También haría que los bancos fueran más responsables concediendo créditos y en sus tasaciones, y bajarían los precios de la vivienda, con lo que toda la sociedad saldría ganando.

- En el libro hablan de que se ha creado un paradigma social de que comprar era lo bueno, alquilar era lo malo, y que todo eso estaba orquestado por la banca...

Con la complicidad de los gobiernos de turno, tanto socialistas como populares.

- ¿Cuánto poder tiene realmente la banca?

Muchísimo, porque es quien ha concedido los créditos, quien ha inflado las tasaciones y quien ha decidido el precio de la vivienda. El banco calculaba que podías llegar a pagar 300.000 euros y tasaba la vivienda por ese importe. Son directamente responsables de esa alza incontrolada de los precios y de la burbuja inmobiliaria. Pero no dejan de ser empresas que buscan el máximo beneficio. Lo escandaloso es que los bancos, no sólo no hayan sido regulados, sino que el Estado ha participado de esa burbuja inmobiliaria, la ha animado y la ha inflado con políticas muy agresivas, que han incentivado sólo la compra, nunca el alquiler. Alquilar en España es caro, inestable y de mala calidad. Todo eran facilidades para el crédito: desgravaba la compra y no el alquiler. La gente no se ha vuelto loca porque sí. En España en los años 50 más de la mitad de la población vivía del alquiler y en muy pocas décadas ha habido un cambio muy radical.

- Curiosamente, procedente de un régimen franquista...

Lo increíble es que llega la democracia y profundiza y sigue la política que empezó con la dictadura. Eso se hace por intereses puramente económicos que están por encima de las ideologías de los partidos del Gobierno.

- Denunciáis también el control que tienen los bancos sobre los partidos políticos debido a sus grandes deudas.

Debido a las deudas y a la 'puerta giratoria' que parece que se ha normalizado y es escandaloso. Debería estar prohibido que un ministro vaya a un consejo de administración y, de allí, pase al Ministerio. El ejemplo del ministro De Guindos [titular de Economía] es uno de tantos. Rato es otro. Cómo puede pretenderse objetividad y defensa del interés general en De Guindos que ha estado en Lehman Brothers, que fue un fracaso histórico, y en Banco Mare Nostrum, que está recibiendo ayudas públicas. Y ahora que nos diga cómo salir de la crisis cuando, probablemente, cuando salga del Ministerio tiene el lugar asegurado en cualquier consejo de administración de un banco. Hay un conflicto de intereses que hay que regular, porque así no vamos a salir jamás de la crisis.

- Hablando de clase política, ¿cómo fue el recibimiento en el Congreso el pasado 5 de febrero?

Digamos que no es un lugar especialmente acogedor para alguien profano. Está muy pensado para los propios políticos y no te sientes cómodo en una comparecencia. Menos cuando hablas de manera directa y clara, cosa poco habitual en el Congreso, muy habituado al lenguaje políticamente correcto y a no llamar a las cosas por su nombre. En la mayoría de los presentes eso generó hostilidad. Hubo algunos que no reaccionaron igual, en concreto Joan Coscubiela (ICV) quien, cuando el presidente de la mesa me llamó la atención diciendo que tenía que retirar la palabra "criminal" [dedicada al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero] y dije que no lo iba a hacer, él insistió en que el presidente de la mesa no le representaba y que no se había sentido incomodado. Fue un gesto más bien excepcional. En general les molestaba que hubiera algún ciudadano hablando como habla la gente en la calle.

- Una semana después, ustedes volvieron al Congreso para la votación de admisión a trámite de la ILP, ¿notaron un cambio en algunos grupos?

Todos los partidos habían mejorado su trato, algunos nos habían ofrecido ya su apoyo, como es el caso de Izquierda Plural, ERC, BNG. El PSOE modificó su postura muy en el último momento también. CiU, que había dicho que se abstendría y se había mantenido muy distanciada, también cambió su postura y dijo que iba a votar a favor. El PP, que anunció su veto, había cambiado su actitud, porque desde la comparecencia se visibilizó el masivo apoyo que teníamos en las encuestas. Nos recibieron a mediodía antes de la votación de la tarde. Aunque en ese momento nos decían que iban a votar contra la admisión a trámite, estaban muy nerviosos y se justificaban todo el tiempo. Se notaba que tenían un debate interno, que no lo tenían tan claro y que tenían mucha presión de sus propios votantes.

- En el libro cuentan que les pusieron un par de condiciones.

En el momento en que se estaba debatiendo, cuando todos los grupos se posicionaron a favor de la ILP y el PP se iba a quedar solo, dos diputados subieron hasta la tribuna de invitados, donde estábamos, y me pidieron que saliera al pasillo. Estaban muy nerviosos y me dijeron que se estaban planteando cambiar el sentido de su voto pero que nos pedirían que rebajáramos el nivel de la protesta social. Yo le dije que no tenía capacidad para negociar nada y que no íbamos a bajar la presión, porque íbamos a mantenerla hasta que se aprobaran las medidas, no sólo su admisión a trámite para que se debatiera. A pesar de que dijimos eso, el PP tuvo que admitir a trámite esta ILP por la presión social tan fuerte que había en la calle.

- Hablemos del parque público de viviendas, que la mayoría está en manos de los bancos. ¿Qué les parecen las medidas tomadas en Andalucía y en Canarias?

Se está empezando a responder a lo que es un clamor. Desde hace mucho tiempo estamos diciendo que es una vergüenza ser el país de Europa que más desaloja y el que más vivienda vacía acumula. Encima, gran parte de esta vivienda vacía está en manos de bancos que han hundido la economía y que las tienen sólo para especular. Eso es una anomalía terrible que hay que subsanar. Si no aceptan por las buenas ofrecerlas en alquiler, habrá que forzarlas de alguna manera, pero no podemos dejar a la gente en la calle. Una cosa es el enunciado del decreto, ahora hay que ver cómo se aplica en la práctica y habrá que estar muy vigilantes.

- ¿Cómo se podría reactivar el mercado del alquiler?

Hay que adecuar los precios a los ingresos de la población. No tiene sentido tener más de seis millones de parados y pretender que la gente pague alquileres de la burbuja inmobiliaria. Hay que hacer que sea asequible y estable. El PP ahora tiene un proyecto de ley para hacer más inestable el alquiler, porque reduce de cinco a tres años el contrato de duración. Para quien quiera hacer un proyecto de vida a largo plazo, el alquiler ahora no es una opción. Debería haber un parque público de alquiler, que en España no llega al 1%. Somos el país de Europa que más ha construido en los últimos años, pero todo ha sido en el mercado privado. Lo que necesita la gente es alquiler social proporcional a los ingresos. Ese parque social no existe pero las viviendas sí están ahí, vacías y estropeándose. Ahora habría una ocasión perfecta con el banco malo. En cambio, el Gobierno cede a los intereses de los poderes económicos y está ofreciendo esas viviendas a inversores extranjeros antes que a los ciudadanos.

- Ustedes afirman que si no se aprueban las medidas en esta ocasión, "será en la siguiente", ¿cuándo va a ser?

Vamos a seguir defendiéndolas en la calle, negociando daciones en pago, parando desahucios e incluso abriendo esas viviendas vacías de los bancos para alojar a las familias que lo necesitan. Lo vamos a seguir proponiendo. Cuando haya voluntad política o cuando la presión social sea tan fuerte que no se pueda aguantar, esas medidas se pueden aprobar en cualquier momento.

- ¿Ven opciones a corto plazo?

Si hay presión social y el Gobierno se da cuenta de que tiene que aprobarlas, se puede hacer por Real Decreto. Si hay para cosas mil veces menos importantes que esta, que se haga también para esta.

- ¿Sentencias como la del Tribunal de Justicia Europeo ayudarán a ello?

Desde luego. Se le está diciendo al Gobierno desde todos lados. Si el poder judicial es tan contundente, es porque la ley no funciona y es profundamente injusta. Luego llega esta sentencia que dice que se ha vulnerado la normativa comunitaria y derechos fundamentales. También Naciones Unidas fue durísima en uno de sus informes. ¿Quién más lo tiene que decir para que el Gobierno deje de ceder a la presión de las entidades financieras y empiece a escuchar el clamor popular?

- ¿Qué pasará después de esta sentencia?

Todo el mundo esperaba que después de esta sentencia el Gobierno paralizara los procedimientos en curso, porque se están haciendo con una ley que vulnera derechos fundamentales. El Gobierno no lo ha hecho y lo ha dejado todo en manos de la ley que está tramitando, que no recoge el fondo de la cuestión. Como no se da una solución política y no se repara el daño cometido, ahora nosotros vamos a utilizar mucho más la vía judicial, porque la sentencia es de obligado cumplimiento para los jueces. De hecho, ya hay muchos jueces que están paralizando los procedimientos. Vamos a pedir que se decrete la nulidad de los procedimientos abiertos y también de los que ya se han realizado.

- ¿Eso es posible?

Totalmente. Se está creando un perjuicio. Es gente que ha sufrido un procedimiento que no respetaba la normativa comunitaria, se ha vulnerado sus derechos. Sería discriminatorio que los que están siendo afectados ahora se puedan acoger a esta normativa y los del año pasado no. Vamos a presentar escritos en los juzgados masivamente, unos juzgados que ya están colapsados y en donde se habla de 198.000 procedimientos en curso más los de los últimos años. Por eso insistíamos en que había que dar una solución política como la dación en pago, porque significa que el Estado reconozca que se ha equivocado y hacer un punto y aparte.

- La PAH ha servido de sostén para gente que ha terminado casi al margen de la sociedad. Sin la dación en pago, ¿no van a colapsar ustedes también?

Lo más importante que ha hecho la Plataforma es demostrar que sí se puede. La gente llega a nuestras reuniones que no puede ni hablar, pensando en suicidarse o en poner una bomba. Nosotros canalizamos todo ese malestar y desesperación y lo volvemos positivo. Lo demostramos caso a caso, incluso cuando ya se ha producido la sentencia. La gente que llega encuentra una segunda oportunidad. El problema es la gente que todavía hoy no llega a una plataforma y lo está sufriendo en soledad.

- ¿Cómo se ha sentido tratada por los medios de comunicación con todo el asunto de los escraches?

Entre los periodistas ha habido en general muchísima sensibilidad por el problema tras verlo de cerca. Luego está la dirección de los grandes medios de comunicación. Cuando el PP ha decidido dar la espalda a la ILP, ha dado una orden y determinados medios se han alineado y han intentado criminalizar al movimiento diciendo barbaridades o hurgando en mi vida personal. Pero en realidad se les ha girado en contra, porque la gente conoce a la PAH, sabe que no somos violentos y que estamos respondiendo al problema al que debería responder el Gobierno. Digamos que no ha tenido éxito ese intento de criminalización y, al contrario, ha retratado la talla moral de quien se ha atrevido a banalizar con el nazismo y el terrorismo, que es una barbaridad y que es delito en otros países.

- Se ha hablado mucho de los hijos de los políticos.

Es terrible. Si determinados políticos se atreven a intentar criminalizar los escraches porque molesta el ruido a los niños, esto indigna más a la ciudadanía. Porque a los niños de los ciudadanos, no sólo les molestan con ruido en la calle, sino que los echan violentamente de sus casas. Vulneran su derecho a la intimidad, a la familia, a la seguridad, a la escolaridad, a todo. Niños que incluso están pasando hambre. Que los políticos se rasguen las vestiduras porque hay gente que está gritando en la calle, demuestra lo lejos que están de la ciudadanía y de la realidad social.

- ¿Se considera una heroína?

- ¡Nooooo! ¡Qué va! Soy una persona muy normal que tiene el honor, el orgullo y el privilegio de participar en un movimiento ciudadano ejemplar donde muchísima gente está haciendo un trabajo extraordinario. Yo he sido más visible porque cada uno pone sus habilidades a disposición del movimiento, me explico mejor en público y tengo habilidad para hablar con la prensa. También sé bastante de políticas de vivienda, porque llevo muchos años en el activismo por el derecho a la vivienda. En una sociedad mediática se tiende a personalizar mucho, pero la grandeza de este movimiento es que hay miles de personas muy comprometidas.