Opositores de la Junta de Andalucía denuncian el "desproporcionado" retraso de su proceso selectivo
María vive en la incertidumbre. En diciembre de 2011 aprobó el examen para conseguir una plaza para el cuerpo general de administrativos de la Junta de Andalucía, pero hoy, casi año y medio meses después, continúa “con la incertidumbre" de no saber cuándo empezará a trabajar.
No es la única que está en esa situación. Asegura que hay cerca de 350 personas esperando la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2010 de la Junta, cuya tardanza es, a su juicio, completamente desproporcionada: "La oferta anterior ya fue lenta y tardó 13 meses. Nosotros ya llevamos 17". Este martes, los afectados quieren hacer ruido y denunciar su situación. Por eso, se manifestarán ante la sede de la Dirección General de Función Pública y luego marcharán hasta el parlamento regional.
"No nos dan ningún tipo de información de cuándo van a ejecutar el proceso ni contestan a nuestras cartas... Estamos empezando a pensar mal porque no queremos que metan a gente por la puerta de atrás", explica María, que tiene tres hijos. El Huffington Post se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, que se ha limitado a enumerar las fechas de realización de las pruebas y de las siguientes fases del proceso selectivo.
“La gente cree que una vez que apruebas las oposiciones ya llega inmediatamente la recompensa, pero esta tardanza es absolutamente injustificada”, lamenta, a la vez que explica los trastornos que la situación le está generando. “Llevo más de año entero sin saber cuándo voy a trabajar, sin tener nada que hacer, sin tener ingresos y sin poder trabajar a pesar de haber obtenido una plaza de funcionaria. Es desesperante”.
Los afectados subrayan que el proceso que aún les queda por delante es largo, pero que, si se quiere, se puede hacer "relativamente rápido": "Queda la oferta de vacantes, los destinos concedidos..."
Además, los manifestantes también pedirán este martes la derogación del Decreto-Ley 5/2013, recientemente aprobado, y que, según aseguran, "subvierte las reglas de composición y llamamientos de las bolsas de interinos y se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública". "Esta destinado a meter con calzador a los interinos pata negra, antes que todos nosotros después de haber superado un proceso selectivo", afirman.
