El juez pide las declaraciones de la renta de la infanta Cristina y de Urdangarin de los últimos diez años

El juez pide las declaraciones de la renta de la infanta Cristina y de Urdangarin de los últimos diez años

GTRES

Continúa la investigación sobre la infanta Cristina por el 'caso Nóos'. El juez José Castro quiere conocer todos los detalles de la situación económica de la hija pequeña del rey y su marido, Iñaki Urdangarin, por lo que ha pedido a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de los duques de Palma.

El juez ha dictado un auto en el que requiere esta información, que había sido solicitada por Manos Limpias como prueba para incorporarla a la investigación, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

En la misma resolución, el juez de instrucción número 3 de Palma eleva a la Audiencia Provincial numerosos testimonios que están en la causa y que se mencionan en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que el magistrado imputó a la infanta Cristina en el caso Nóos.

Elevar estos testimonios es un trámite previo al traslado del recurso de la Fiscalía a la Audiencia Provincial, que tendrá lugar en los próximos días, para que decida si debe ser imputada o no y citada para prestar declaración.

Cuando traslade el recurso en el que la Fiscalía pide a la Audiencia que revoque la imputación de la infanta, el juez remitirá también los escritos de adhesión al mismo que presentaron la Abogacía del Estado y la defensa de la infanta Cristina, así como el de oposición de Manos Limpias.

Tanto en el recurso de la Fiscalía como en los escritos aparecen mencionados varios testimonios de imputados y otros documentos que están en el sumario, como informes de la defensa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y algunos correos electrónicos, que deberán ser remitidos a la Audiencia de Palma.

Precisamente, una juez de Barcelona ha prohibido a los medios de comunicación la publicación de nuevos e-mails de Urdangarin, a petición del duque y como paso previo a la presentación de una demanda contra su exsocio Diego Torres y siete grupos editoriales por difundir los polémicos correos.