Bruselas pide a los Gobiernos de la UE que acaben por ley con los "ni-ni" ofreciendo trabajo o prácticas

“Si la educación es cara, prueba con el coste de la ignorancia”. La frase, resucitada como lema anti recortes, ha llegado a Bruselas para inspirar su última propuesta contra el paro juvenil. El Ejecutivo comunitario pidió este miércoles a los Gobiernos de la Unión Europea que garanticen una “oferta laboral de calidad” o unas prácticas a todo jóven en los primeros cuatro meses desde su salida de las aulas o su inscripción en las listas del paro. En otras palabras: acabar por ley con los llamados “ni-ni”, o jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Según el comisario de Empleo, Laszlo Andor, la propuesta interesa especialmente a países como España o Grecia, donde uno de cada dos jóvenes están en el paro. De no hacer nada, “las consecuencias serían desastrosas", alertó ante la prensa. Según la Organización Internacional del Trabajo, poner en marcha lo que Bruselas llama una “garantía para los jóvenes” costaría hasta un 0,45% del Producto Interior Bruto comunitario, unos 21.000 millones de euros.

¿Ciencia ficción?

Más caro es el desempleo, según los cálculos citados por la Comisión en su recomendación. “Los costes de las prestaciones pagadas a los jóvenes desempleados equivalen al 1,21% del PIB”. Es decir, hasta tres veces más.

Un estudio de Eurofund, la agencia de la UE para la mejora de las condiciones de vida, asegura que el coste para la UE de los “ni-ni” es de 153.000 millones de euros al año, 34.000 más que en 2008 (ver más en pdf). La estimación toma en cuenta tanto las prestaciones por desempleo como otras variables, especialmente la riqueza y recaudación de impuestos que se pierde al no tener a los jóvenes ocupados. Los países a los que más caros le salen los “ni-ni” son Italia (32.600 millones), Francia (22.000 millones), Reino Unido (18.000 millones) y España (15.700 millones).

ÉXITO EN LOS PAÍSES NÓRDICOS

Iniciativas similares ya están en vigor en varios países, como Austria, Suecia o Finlandia. En este último país, un 83,5% de los jóvenes en paro en 2011 se benefició de la medida.

Sin embargo, la Comisión Europea reconoce, con una propuesta no vinculante, que la recomendación tiene pocos visos de salir adelante. Aunque está dispuesta a contribuir con partidas del Fondo Social Europeo, no compromete ninguna cifra, argumentando que la dotación depende de las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para 2014-2020. En otras palabras: serían los Estados los que correrían con la mayor parte del coste de la medida, según reconoció el comisario Andor.

MEDIDAS FALLIDAS DEL GOBIERNO

La mayoría de medidas puestas en marcha por el Gobierno en este campo se centran en la bonificación de la contratación de jóvenes, pero fueron sacadas adelante sin consenso con los actores sociales y por el momento no han dado resultados.

“Se trata de voluntad política”, asegura Ignacio Doreste, responsable de la secretaría de Juventud de CCOO. “El coste de no actuar es mayor y todo depende del modelo de Estado que queramos. Si implantamos una tasa a las transacciones financieras, si luchamos contra el fraude fiscal en vez de hacer amnistías para ricos, hay dinero para algo que demuestra que funciona en otros países”. Para Doreste, medidas como los incentivos a la contratación de jóvenes que se incluyen en la reforma laboral sólo fomentan “la precarización” y la “substitución de trabajadores por otros más jóvenes y más baratos”.

"Somos escépticos hasta que no veamos financiación sobre la mesa", asegura Silvia Sazatornil, del área de Juventud de UGT. La medida de Bruselas está pendiente de financiación y deja fuera a los mayores de 25, pero además es "contradictoria" con los pasos dados por el Gobierno, como "los recortes en formación de los jóvenes" y bonificaciones a la contratación "que no van a dar ningún resultado".