Presión mediática diferencial

Mi amigo Eduardo Santos y yo nos hemos puesto a imaginar y...

19 de julio de 2012. Cientos de miles de personas salen a las calles a protestar por los recortes, la política económica y la subida de impuestos. Al día siguiente el Gobierno dice que respeta el derecho de manifestación, pero que hay que hacer lo que hay que hacer y que por lo tanto, mantendrán la actual línea de política económica. Es lo que debe hacerse, es lo más adecuado y es lo que nos demandan desde fuera. No somos autistas. Estamos dentro de un sistema europeo con una moneda única y por tanto debemos ceñirnos a una política común, aunque esto suponga hacer sacrificios evidentes para los ciudadanos.

Asesinatos recientes. Unos cientos de personas solicitan pena de muerte y cadena perpetua para los agresores. El ministro de Justicia no tarda en reaccionar: dice que respeta el derecho de manifestación, pero que hay que hacer lo que hay que hacer y que por lo tanto, mantendrán la actual línea de política penal. Da una rueda de prensa para explicar a los ciudadanos que el país está ligado en materia penal por compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos. Y que, por lo tanto, no se puede jugar con conceptos como restablecimiento de la pena de muerte o prisión de por vida, porque vulneran claramente el derecho a la dignidad humana y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes. Enumera la abundante jurisprudencia en la materia y aclara que cualquier intervención en contra de estos principios por parte del Estado supondría una condena internacional que traería un evidente descrédito hacia la democracia española. "Y esto es algo que no nos podemos permitir en aras de la credibilidad internacional". Añade que es por esa razón que, acatando la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno va a adoptar de forma inmediata las medidas convenientes para hacer inaplicable la denominada "doctrina Parot", dado que su parte entiende que así debe ser, independientemente de las posiciones políticas que se mantengan acerca de cómo abordar el fenómeno terrorista. Asimismo, a la luz de la más reciente sentencia del TEDH sobre los malos tratos a una mujer nigeriana y la inactividad judicial al respecto, anuncia una inmediata reestructuración de la policía, sistemas de supervisión del respeto a los derechos humanos, radicales modificaciones en el sistema de selección y formación en los cuerpos policiales y severas sanciones para los jueces que amparen abusos policiales.

A preguntas de los periodistas el ministro puntualiza que, a pesar de la evidente y asfixiante presión social en tal sentido, el Gobierno se va a mantener firme y no va a realizar modificación alguna en el código penal en el sentido de provocar un endurecimiento generalizado de las penas. "No podemos convertir infracciones leves en delitos", asevera, para luego explicar que esto quebraría el principio de proporcionalidad y la coherencia interna de todo el sistema de castigos. Pone un ejemplo gráfico. "El código penal sirve entre otras cosas para intimidar. Si acabamos penando más gravemente una violación que un homicidio, ni siquiera estamos respetando la jerarquía de derechos fundamentales entre la vida humana y la libertad sexual". Interpela directamente a los periodistas presentes: "Y a ustedes, ¿qué les parece más grave?"

Al día siguiente la prensa recoge con rigor las palabras del ministro y los analistas ponderan gravemente lo acertado de su intervención y la confianza que sus palabras están generando entre nuestros socios comunitarios. La prensa internacional recoge que el Gobierno está resistiendo adecuadamente a la tentación de instaurar un código penal de corte autoritario y claramente punitivista donde el ciudadano y sus derechos no existan más que de manera formal. La plataforma "Otro derecho penal es posible", habitualmente crítica, valora positivamente su actitud.

Opción contraria: El ministro de Justicia se fotografía con los familiares de asesinados y les promete aceptar sus exigencias de modificación de las leyes penales y penitenciarias. El ministro de Economía toma ejemplo y se fotografía con desempleados, desahuciados, embargados y emigrados con el fin de analizar la situación de los mercados, las medidas anticíclicas a adoptar, la evolución del diferencial con el bono alemán, el déficit de la tarifa energética y la consolidación fiscal, prometiéndoles aceptar sus exigencias de modificación de las leyes y políticas económicas.

Ambos ministros dan una rueda de prensa conjunta, muy satisfechos porque ahora escuchan a los directamente afectados por sus políticas: "Los expertos, estudiosos y universitarios no viven las cosas en primera persona, no tienen un criterio experiencial ni comprenden el sentir de la ciudadanía". Se dice que en las tertulias televisivas y radiofónicas y en las columnas de opinión de la prensa ya no se van a incluir las opiniones de catedráticos, analistas bursátiles y premios Nobel de economía, sino directamente las de las víctimas de la crisis, que son las que han de marcar la política económica.

Por otro lado, en la investigación de los delitos el nuevo paradigma es la lucha contra el dopaje y el caso Ángel Mullera. La presunción de inocencia, el principio de lesividad y en general todos los principios del derecho sancionatorio son un incordio, ineficaz para calmar a los periódicos y preservar la marca España; a partir de ahora bastará con que algún periódico diga que alguien ha enviado a alguien un correo electrónico preguntando por algo delictivo. Es indiferente que el correo electrónico haya podido ser obtenido ilegalmente. No es necesario que el delito se haya cometido, ni que se haya intentado, ni haber dado positivo, ni que se le hayan encontrado sustancias prohibidas, ni transacciones económicas sospechosas, ni resultados deportivos sorprendentes; nada, para sancionar bastará con pensar o fabular con algo delictivo, considerándose agravante escribirlo en un correo electrónico. Pero los delitos, como el dopaje o, en tiempos, el adulterio, solo se castigarán cuando se hagan con notoriedad y escándalo, poniendo en peligro la imagen de los políticos; mientras se haga en la intimidad, si ayuda a extender la marca España por el mundo, se mirará para otro lado.