¿Por qué votar contra el CETA, el TTIP canadiense?

La Gran Coalición ha dado luz verde al tratado neoliberal de la Unión Europea con Canadá en el Parlamento Europeo. Lo cual no quiere decir que Bruselas o Estrasburgo, ciudades que acogen las sedes del Parlamento Europeo, hayan dado luz verde. Al contrario, la jornada de movilizaciones vividas ayer contra este acuerdo han sido excepcionales a pesar del último intento por desinflarlas de visibilidad al cambiar la fecha y lugar de votación con un mes de antelación. Ayer más que nunca, la sociedad civil ha vuelta a dar una lección.

Las campañas europeas contra el TTIP y el CETA recogieron simbólicamente más de 3 millones y medio de firmas contra estos tratados (sólo en Austria recogieron en enero más de medio millón de firmas para obligar al parlamento a debatir el tema, y es probable que rechace la ratificación del CETA). A día de hoy, más de 2.100 municipios y regiones europeas se han declarado "espacios libres de TTIP y CETA". Todo un mandato popular cargado de argumentos para haber votado este miércoles contrariamente. ¿Por qué tanta gente nos hemos posicionado en contra?

En primer lugar, porque es la primera vez que un tratado de la Unión Europea incluye la liberalización de servicios a través del método de "lista negativa", esto es, que se liberalizan todos los servicios excepto los reflejados en dicha lista. Este método ha sido un logro de los lobbies de las corporaciones, pues logra la liberación de más sectores, incluidos aquellos que aún no se han desarrollado o los que surjan en el futuro con el avance de las tecnologías, por ejemplo.

En segundo lugar, no es un tratado que beneficie a los y las trabajadoras. Con el CETA se calcula una pérdida de 200.000 puestos de trabajo. El argumento del crecimiento económico es inútil aquí: primero, porque como hemos visto, el crecimiento económico significa mucha pobreza, desigualdades y la riqueza concentrada en pocas manos; y en segundo lugar, porque el crecimiento esperado no supera los 0.08% para la UE y el 0.76% para Canadá. De igual manera, en los procesos de privatización y recortes se destruirá empleo público, que por cumplimiento de la ley es un sector feminizado. Por lo que se destruirá empleo de calidad de las mujeres para precarizarlo. El CETA es, por tanto, un acuerdo contra las mujeres.

En tercer lugar, el CETA es un acuerdo contrario a la lucha contra el cambio climático. El aumento de intercambios comerciales inevitablemente llevará a un aumento de las emisiones de CO2, más aún cuando el modelo de desarrollo y de producción que impone el CETA no es en absoluto diferente al que nos ha traído hasta el borde del colapso climático. Canadá es conocida tristemente también por la extracción de petróleos altamente contaminantes -las arenas bituminosas- que genera la destrucción irreparable de extensos bosques en Alberta y viola los derechos de las poblaciones indígenas. Definitivamente, el CETA es un tratado que aumentará la importación de combustibles fósiles a una economía europea tremendamente dependiente de esta fuente de energía que debemos ir abandonando.

En cuarto lugar, este tratado es una herida de muerte para las pequeñas producciones agrícolas y ganaderas. No se debería olvidar que las explotaciones familiares, de pequeña dimensión económica y de menos de 5 hectáreas, ocupan a casi 10 millones de europeos, duplicando el empleo del sector agroindustrial. Por lo tanto es un sector que debemos proteger. Sin embargo, el CETA incrementa la competición desleal, amenaza la seguridad alimentaria y desprotege a las denominaciones de origen, lo que impacta muy negativamente sobre el mundo rural. También es una herida de muerte para las PYMES. Por mucho que se intente vender este tratado como beneficioso para su capacidad de exportación, la realidad es que la mayoría de las PYMES europeas no tienen capacidad para cubrir mercados transatlánticos, pero la llegada de multinacionales si les dificultará la vida y les quita negocio y con ello empleos. La cláusula de trinquete -que contiene el tratado comercial UE-Canadá- fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización. Con ello se limita la libertad de decisión de los gobiernos locales, autonómicos o estatales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios. El CETA incluye un capítulo sobre reglas de contratación pública muy peligrosos con las que se obligaría a las administraciones locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que a las PYMES en la compra pública. Esto viola la libertad de organización municipal. En consecuencia, se perderían empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos quedarían excluidas. Incluso cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, como las promovidas por los ayuntamientos del cambio para luchar contra la corrupción y el despilfarro, podrían ser suprimidas por el CETA.

Por último y no menos importante, la aplicación del CETA supondrá de facto el desmantelamiento de la democracia. A través del maquillado tribunal de arbitraje, las multinacionales podrán demandar a los estados por pérdidas económicas o por pérdidas en sus beneficios proyectados. En 2015, la empresa canadiense Edgewater anunció su intención de exigir una indemnización a España por la negativa del Gobierno gallego a abrir una mina de oro en Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños, La Coruña. El proyecto de la mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto, cuya sede se encuentra en Panamá. La compañía dijo que "utilizará todos los medios disponibles para defender sus intereses. Si España no accede a compensar de forma inmediata a la empresa por las pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje previsto en el tratado bilateral entre España y Panamá". Actualmente, la disputa sigue abierta esperando la resolución. Por otro lado, a través de la llamada "cooperación reguladora" este acuerdo pretende que, antes de que se adopte cualquier medida, haya que comunicarla, no sólo a funcionarios canadienses, sino favorecer que "partes interesadas" (es decir, lobbies) participen en el proceso legislativo. En definitiva, se crea un cauce para que cada "Parte" pueda influenciar en la legislación de la otra y hacer que tienda siempre al mínimo nivel de protección. Estas dos medidas no solo crean una justicia paralela para las multinacionales, sino que generarán un efecto de "miedo a legislar" por miedo de que los gobiernos nacionales, regionales o locales sean denunciados en estos tribunales de arbitraje.