La Audiencia Nacional investiga si se dio la nacionalidad a un venezolano por lanzar un bulo contra Pablo Iglesias

La Dirección General de la Policía, bajo el Gobierno del Partido Popular, impulsó la concesión de un permiso de residencia extraordinario al venezolano Carlos Alberto Arias, bajo el pretexto de su colaboración en asuntos de seguridad nacional. ¿En qué había contribuido? En participar en la creación y difusión de un bulo que atribuía al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Granadinas, en el Caribe.

Tal y como adelanta eldiario.es, la solicitud de residencia, tramitada por el entonces comisario general de Extranjería, Emilio Baos, destacaba que Arias había prestado ayuda a la seguridad del Estado. No obstante, se advirtió que esta colaboración no se documentó por temor a represalias violentas hacia su familia en Venezuela. El proceso fue avalado por la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa, dirigida en esa época por el comisario Eugenio Pino, imputado en la causa que investiga las acciones que durante años realizó la policía política contra Podemos.

El juez Santiago Pedraz, encargado del caso, citó a Emilio Baos en julio, aunque la declaración se suspendió por motivos de salud del excomisario. También estaba prevista la comparecencia de Carlos Alberto Arias como testigo, pero este no se presentó, a pesar de que se disponía de una dirección vinculada al periodo en el que se le concedió la residencia.

Entre las operaciones investigadas figura la publicación, en mayo de 2016, de un artículo en OkDiario que acusaba a Iglesias de recibir 272.000 dólares en una cuenta en el Euro Pacific Bank, vinculada a fondos procedentes del Gobierno venezolano. La entidad bancaria desmintió la información ese mismo día, afirmando que Iglesias nunca tuvo una cuenta allí ni recibió transferencias de las instituciones mencionadas. No obstante, el daño ya estaba hecho porque la noticia circuló ampliamente a pocas semanas de las elecciones generales del 26 de junio de 2016.

Podemos aportó como prueba un documento en el que Arias afirmaba ante notario que los papeles publicados por OkDiario provenían de servicios de inteligencia cubanos y venezolanos y que él mismo los entregó a la Policía española, quien a su vez los habría facilitado al medio. Este documento fue usado en la defensa del periodista Eduardo Inda en una demanda de Iglesias por intromisión al honor, que fue desestimada.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre las maniobras de la brigada política durante el Ejecutivo del PP, dirigida a desacreditar a Podemos. Entre los imputados se encuentran altos cargos de la época, incluido Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior.