Una captura inesperada

Es muy diciente el hecho de que Juan Manuel Santos le haya pedido al Procurador "acompañar el proceso contra Santiago Uribe para rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales". Es más, si a dicha solicitud se suma el llamado que Santos le hizo a la Fiscalía de "abrir las puertas a una veeduría internacional como observadores del mismo proceso" queda la sensación de que no es poca la preocupación que está sintiendo el Mandatario, tras la medida ordenada por el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Dados los arrebatos con los que a veces nos sorprende el Fiscal General en su afán de mojar prensa, de mandar mensajes cifrados o de congraciarse con el Gobierno, no son de extrañar las suspicacias que puede desencadenar semejante noticia, que sorprendió al mundo político y puso patas arriba al Centro Democrático.

Sin embargo, en este caso concreto no se puede hablar de improvisación ni de una carta que Montealegre sacó de la manga para mortificar al expresidente. Para nadie es un secreto que Santiago Uribe ha estado asociado a varios asuntos penales, por los cuales las autoridades judiciales, en distintas instancias, lo han tenido en la mira desde hace muchos años.

Tampoco puede inferirse -como lo hacen los adeptos del expresidente- que esta orden de la Fiscalía se dio para forzar a Uribe a sumarse al proceso de paz, pues una disposición como esta lograría el efecto contrario, ya que si hasta ahora ha estado reacio a apoyar las conversaciones de La Habana, con su hermano tras las rejas lo esperable es que radicalice aún más su postura.

No nos equivoquemos: aquí hay un largo expediente que no se arma de la noche a la mañana con el único propósito de conspirar contra los integrantes del Centro Democrático o de secundar una persecución ordenada desde la Casa de Nariño para acallar a la oposición que ellos representan. Si bajo circunstancias normales tener privado de la libertad a un hermano de Uribe sería una papa caliente para cualquier gobierno, en la coyuntura actual del país y de Juan Manuel Santos es un verdadero dolor de cabeza.

Con las noticias poco alentadoras sobre la economía, la posibilidad de un apagón a la vuelta de la esquina, la fractura de la Unidad Nacional y la incertidumbre sobre la fecha de la firma de los acuerdos de La Habana, la orden de captura contra el menor de los Uribe Vélez se convierte en nubarrón que oscurece aún más el ya opaco panorama que rodea al gobierno.

Por eso suena absurdo creer que este inesperado arresto hace parte de una componenda de la Presidencia con la Fiscalía para apretar al senador Uribe y es más ridículo aún que, como reacción al mismo, su bancada -esa misma que tanto vocifera contra la impunidad- se haya declarado en "rebeldía", aduciendo persecución política. A Santiago Uribe no lo detuvieron "por estar cogiendo café" -como dijo su hermano cuando se refirió a las víctimas de los 'falsos positivos'- sino por acusaciones muy serias, que los tribunales y los jueces tendrán que valorar.

Para completar, todo este lío se presenta pocas semanas antes de que Montealegre concluya su período y sin que el Presidente haya mandado aún a la Corte Suprema de Justicia la terna para elegir a su sucesor, lo cual puede dejar una vez más en interinidad a la Fiscalía.

Más allá de pedir veedurías internacionales y acompañamientos para darle transparencia a determinado litigio, el Presidente tiene que hacer la tarea y presentar cuanto antes sus candidatos para Fiscal General, tal y como lo propuso un editorial del diario El Tiempo.

Ya es hora de empezar a solucionar de raíz el caos judicial del país y darles algo de tranquilidad a los colombianos, que cada vez confían menos en la justicia.

Este artículo fue publicado originalmente en El Tiempo.