Un común denominador sobre Cataluña

Imaginemos que fuera posible una fórmula jurídica que permitiera el siguiente acuerdo de mínimos: el Govern de la Generalitat, de acuerdo con el Gobierno español (o viceversa) convoca a los catalanes a una consulta no vinculante con la siguiente pregunta: "¿Considera usted que el Estatuto de Autonomía actualmente en vigor es adecuado para el autogobierno de Cataluña?" A partir del resultado de esa consulta, cada cual decidiría el siguiente paso, si fuera necesario.

En caso de que el sí fuera mayoritario, no habría que modificar el marco legal vigente. Si ganara el no, se abriría un plazo para buscar una nueva fórmula de autogobierno para Cataluña, y cada cual defendería lo que considerara más oportuno: modificación del Estatuto, reforma de la Constitución, confederación, federalismo, la independencia, o la que prefiriera. Lo que resultara de esa negociación también debería someterse a votación, solo de los catalanes o del conjunto de los españoles en función de lo acordado. Esa discusión sería posterior. Todo por la vía de la legalidad, como pide el Tribunal Constitucional en reciente sentencia. ¿Qué sentido político tendría una consulta sobre el Estatuto en vigor? Disponer de un punto de partida legal, y devolver a los catalanes el voto sobre el autogobierno.

En el año 2006, los catalanes votamos en referéndum un Estatuto de Autonomía que después fue modificado por el Tribunal Constitucional, en el año 2010. Esto no supuso ningún problema legal, pero sí ha derivado en un problema político, porque a día de hoy, una gran mayoría de catalanes está en desacuerdo con su norma de autogobierno. Por lo menos, eso se desprende de las encuestas y de las posiciones expresadas por los representantes políticos de los catalanes. Un 80% del Parlamento de Cataluña está en desacuerdo con el actual autogobierno. Un 70% de catalanes votaron en 2012 por opciones políticas que solicitaban un cambio de las leyes de autogobierno. De entre estos, la mayoría planteaba la independencia; otros, la minoría, una solución federal o confederal. Según las encuestas (Estudio 2.956 del CIS, octubre-diciembre 2012) apenas el 25% o el 30% de los catalanes respalda el actual autogobierno. Eso es lo que sugieren las encuestas. No sabemos qué resultado ofrecería una consulta en las urnas: "¿Considera usted que el Estatuto de Autonomía actualmente en vigor es adecuado para el autogobierno de Cataluña?"

Desde el punto de vista de los soberanistas, se mantendría el derecho a decidir de los catalanes. Votar en consulta sobre el actual Estatuto no excluye una posterior votación sobre la independencia. Tampoco sería una vulneración de la legalidad, puesto que votar sobre el actual Estatuto no predetermina una posterior votación sobre la independencia. Se trataría de darse una oportunidad para el acuerdo. Una consulta que, en todo caso, fuera un punto de partida, no el final de un camino. Solo sería un acuerdo de mínimos, en un punto que no es completamente incompatible con las posiciones tan alejadas de cada uno. Como es evidente, una consulta así sería insatisfactoria para muchos: una renuncia inadmisible, llega tarde, es marear la perdiz, una trampa de los nacionalistas, una trampa de España...

No hay ahora ningún clima favorable al acuerdo, pero no solo es una cuestión de clima: políticamente hay una mayoría española que defiende la absoluta inconveniencia de aceptar un punto intermedio entre la Constitución y quien se aparta de la Constitución. Primero, se derrota y rechaza inequívocamente la propuesta extraconstitucional; y luego, se estudia lo que corresponda. También hay una mayoría catalana que considera un error pactar sin forzar antes un cambio en la relación de Cataluña con el resto de España, ya que, según argumentan, la Constitución se ha desnaturalizado. Primero, se consigue el derecho a poder votar la independencia, porque sin ese derecho Cataluña no tendrá fuerza para pactar; y luego, se estudia lo que corresponda.

Por lo visto, leído y escuchado durante los últimos dos años, el bloqueo está planteado en los siguientes términos: una mayoría política catalana plantea resolver la cuestión desde Cataluña, ignorando la opinión del resto de España; y una mayoría política española considera posible, porque es legal, ignorar la opinión de los catalanes sobre su autogobierno.

Por lo que conocemos, va a ser muy complicado que una mayoría de españoles acepte que los catalanes disponemos de un derecho a decidir que podemos activar a voluntad, diga lo que diga la Constitución. Igualmente complicado será que una mayoría de catalanes acepte que su opinión sobre el propio autogobierno es prescindible. Es posible que una de las dos opciones venza. Aunque ahora parezca muy improbable, puede que acaben dándose unas circunstancias que propicien un referéndum sobre la independencia de Cataluña; si es así, será contra la opinión y la voluntad de una mayoría de España. También es posible que el autogobierno de Cataluña quede como está, o retroceda, y hasta que sea suspendido, pero será contra la voluntad de una mayoría de catalanes.

Cualquier movimiento supone pisar una línea roja: o se ignora la soberanía española, o se ignora la opinión de los catalanes sobre su autogobierno. En consecuencia, lo mejor es no hacer nada. Doctrina Rajoy. No hacer nada. Sucede que hacer nada también es una línea roja, porque supone mantener en vigor unas leyes de autogobierno que no cuentan con la aprobación de los autogobernados. Esa es la tercera línea roja, de la que se habla poco, y que todavía complica más (y parecía imposible) el problema. No nos movemos porque cualquier movimiento supone pisar una línea roja, y no podemos permanecer quietos porque vivimos pisando otra línea roja: un Estatuto rechazado por los catalanes. Ni hay margen para moverse ni podemos permanecer quietos. ¿Hay solución?

Intentemos dejar de lado -por un momento- el debate sobre un referéndum para la independencia. Sabemos que no existe acuerdo. ¿Podríamos aceptar que hay indicios más que razonables de que una gran mayoría de catalanes no está de acuerdo con su ley de autogobierno? ¿Sería posible tratar de resolver este problema dentro de los márgenes de la Constitución?

A lo largo de los últimos años, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, no ha encontrado ocasión de aclarar si consideraría conveniente que una mayoría de catalanes estuviera de acuerdo con sus leyes de autogobierno. Conveniente para el conjunto de los españoles, conveniente para los catalanes, conveniente para la estabilidad de España. ¿Considera que sería interesante? ¿Considera que es indiferente? ¿Es irrelevante? No hay ningún territorio de España donde una mayoría amplia de su Parlamento esté en desacuerdo con su Estatuto de Autonomía.

Se podrá discutir -se discute- si la responsabilidad de este conflicto está en los socialistas, que propiciaron una reforma del Estatuto catalán sin contar con el PP; o en el PP por recurrir un Estatuto ya refrendado; o en los nacionalistas, en los magistrados del Constitucional, en los medios de comunicación, en todos, o en unos más que en otros, pero la discusión sobre la responsabilidad del problema no elimina el problema.

Recientemente, el PP y el PSOE han acordado recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, algo que venía proponiendo UPyD desde años atrás. PP y PSOE consideran que así se evitará que, en el futuro, vuelva a darse el "choque de legitimidades" (según lo han llamado los socialistas; el PP opina que se evitarán "errores del pasado") que se deriva de que un Estatuto aprobado en referéndum sea modificado posteriormente por el Tribunal Constitucional. Es un acuerdo para evitar problemas "en el futuro", pero ¿qué sucede con el problema del presente, con el choque de legitimidades del presente, que nos tiene en un bloqueo político del que no sabemos cómo salir?

Josep Antoni Durán i Lleida ha solicitado varias veces desde la tribuna del Congreso de los Diputados que España asuma lo que sucede en Cataluña como un problema español, no catalán. Pero sucede que la solución que plantea la mayoría catalana, de la que él es portavoz, ignora el marco constitucional español y propone una decisión desde Cataluña que prescinde de la soberanía española. La respuesta es fácil: esto no es constitucional. El Gobierno español dispone de un amplísimo apoyo, político y social. El anuncio de convocatoria de un referéndum sobre la independencia facilita mucho las cosas a Mariano Rajoy, porque le permite evitar una pregunta incómoda: ¿considera razonable que en Cataluña exista una ley de autogobierno que no cuenta con el respaldo de los autogobernados?

El presidente del Gobierno, como él mismo dice, lo es también de los catalanes: ¿tiene algún plan para conseguir que una mayoría de catalanes esté de acuerdo con su autogobierno? El hecho de que Artur Mas, junto con una mayoría de fuerzas políticas catalanas, ofrezca una respuesta extraconstitucional no exime al presidente del Gobierno de España de la responsabilidad de buscar una solución constitucional. No solo una solución al desafío de Mas. Una solución constitucional para el hecho -si es que es un hecho, habría que comprobarlo- de que una mayoría de catalanes rechaza su ley de autogobierno. La solución que considere conveniente. Es el presidente del Gobierno de todos los españoles, y líder del principal partido político español. Si piensa que la inestabilidad política que irradia Cataluña puede ser perjudicial para toda España, ¿no entraría dentro de la lógica que planteara un plan político para lograr que una mayoría de catalanes esté de acuerdo con su ley de autogobierno?

Se considere cada cual independentista, unionista, federalista, constitucionalista, nacionalista, autonomista, regionalista o como quiera definirse, no puede dejar de preguntarse, en primer lugar: ¿tiene sentido que una mayoría de catalanes esté en desacuerdo con su ley de autogobierno? En segundo lugar: ¿es posible que una mayoría de catalanes esté de acuerdo con una fórmula constitucional de autogobierno? Y por último: ¿sería conveniente que del debate en las Cortes del 8 de abril, en torno a la propuesta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, además de un no, surgiera una alternativa para resolver el choque de legitimidades o enmendar los errores del pasado desde un planteamiento constitucional?

Naturalmente, el Gobierno español tiene de su lado la ley para impedir un referéndum independentista, y puede hasta suspender la autonomía, llegado el caso. Estará aplicando la ley, pero eso no hará que aparezca una mayoría constitucionalista en Cataluña. Aparecerá una mayoría constitucionalista en Cataluña -o reaparecerá: la ha habido durante treinta y cuatro años- si la aplicación de la Constitución permite una ley de autogobierno con la que esté de acuerdo una mayoría de catalanes. Los catalanes partidarios de la Constitución llevan las de perder en todas las discusiones, porque es muy complicado ir a una reunión de bar, a una cena de amigos, y defender que es completamente normal que una mayoría de catalanes esté en desacuerdo con la ley de autogobierno de Cataluña.

Muchos en toda España se exclaman: ¡Pero cómo pueden quejarse, con un nivel de autogobierno tan alto! ¡España es el país más descentralizado del mundo! ¡Cómo pueden quejarse de su Estatuto! Muchos en Cataluña responden: sí, un Estatuto tan estupendo como usted quiera... pero no es el que yo voté. Esa es, en mi modesta opinión, la herida que no se sabe cómo taponar, y por esa herida se ha ido, o se está yendo, la mayoría constitucionalista que existía en Cataluña. El presidente del Gobierno dice tener un plan para impedir la independencia de Cataluña, y otro para derrotar a Artur Mas, pero no es fácil apreciar si dispone también de un plan para conseguir que una mayoría de catalanes esté de acuerdo con las leyes de autogobierno.