El 9N y la manipulación ideológica en los centros educativos

El Gobierno de Artur Mas ha escogido como escenario para su charlotada que han dado en llamar "consulta participativa" los centros de educación secundaria públicos y concertados. Supongo que daban por hecho que encontrarían la complicidad de la mayoría de directores para esta nueva performance de dudosa legalidad. No me extraña, ya que, no en vano, desde que CiU se hizo por primera vez con el poder, el control y la manipulación ideológica en todos los niveles de la educación ha sido uno de sus grandes objetivos.

En octubre de 1990, José Antich publicó en El País un artículo titulado El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. En él se explica que CDC desgrana, a lo largo de 20 páginas, "[L]a obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos -el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo-, y las referencias a un ámbito geográfico -los Países Catalanes- que sobrepasa los límites del Principado".

Una de las piezas fundamentales del nacionalismo catalán es la educación, por lo que resulta lógico que en este documento programático se hablara de la necesidad de controlar a los educadores para que se cumpliera lo estipulado en la doctrina nacionalista. Para ello, se instaba a vigilar la composición de los tribunales de oposición, así como a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilaran la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza e incidir en las asociaciones de padres. Sin embargo, dicho proceso de catalanización se había iniciado mucho antes de que surgiera el documento.

En 1981, la Consejería de Educación dispuso en los Servicios Territoriales carteles en los que informaba que para poder presentar la solicitud para formar parte de la bolsa de profesores era imprescindible la posesión del título de maestro de catalán, lo que dificultaba el acceso, especialmente a las personas que provenían de otras comunidades autónomas.

Con este nuevo criterio, todos aquellos que se licenciaban en Filología Catalana ese mismo año pasaban por delante de cientos de maestros que llevaban tiempo esperando su turno en la lista de interinos. Además, los maestros de EGB que terminaban ese curso Magisterio en la Escuela Normal de Barcelona solo tendrían el primer ciclo de catalán acabado. Dicha escuela tenía alumnos de toda España y parece claro que lo que se pretendía era dificultar todo lo posible su entrada en el sistema educativo catalán.

Además, los cursos de reciclaje de catalán duraban tres años para los catalanohablantes y cinco para los castellanohablantes, lo que tuvo como resultado inmediato que muchos maestros y profesores con plaza en Cataluña pidieran traslado a otros lugares de España. Si a esto sumamos que en los tres años siguientes las únicas personas que iban a acceder a los puestos de trabajo eran los licenciados en Filología Catalana, parece evidente que el objetivo principal era catalanizar el sistema educativo, como explica Antonio Robles en su libro 1979/2006. Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña.

Esta estrategia de catalanización del profesorado fue, sin lugar a dudas, un éxito del pujolismo, como se puede comprobar al leer los análisis de Thomas Jeffrey Miley en Nacionalismo y política lingüística: el caso catalán. A lo largo del libro se van analizando encuestas de temas como la procedencia, el uso de las lenguas, la sensación de pertenencia al país y a la comunidad autónoma, la concepción de Cataluña como nación o región y un largo etcétera, y después compara los datos de la población general con los de los políticos autonómicos, municipales y los maestros y profesores. Esta comparativa arroja conclusiones realmente significativas, como por ejemplo, que tan solo uno de cada tres catalanes residentes descienden de padres nacidos en Cataluña y solo la cuarta parte tiene abuelos nacidos aquí. Sin embargo, este segmento está significativamente sobrerrepresentado en la política y la educación: el 45% de los educadores, el 51% de los políticos locales y nada menos que el 67% de los parlamentarios autonómicos nacieron en Cataluña, así como sus dos progenitores. Podemos comprobar, pues, cómo la maniobra de potenciar la presencia de personas de origen catalán en el sistema educativo se saldó con bastante éxito y eso implica, obviamente, la mayor presencia de catalanohablantes en las aulas y órganos de decisión.

En estos momentos, los nacionalistas catalanes están recogiendo los frutos del proceso de manipulación ideológica de los centros educativos iniciado en los albores del pujolismo y es fácil comprobar cómo las aulas y los puestos de decisión en este ámbito están copados por personas afines a esta ideología y, por eso, no sorprende, como decía al principio, que Mas contara con la complicidad de los directores para el 9N. Sin embargo, no han logrado unanimidad y son muchos los miembros de los equipos directivos y del profesorado que se han sentido incómodos ante semejante y, cuanto menos, irregular propuesta.

Es para echarse a temblar cada vez que alguien sugiere que para apaciguar el secesionismo, nada mejor que blindar la educación y las políticas lingüísticas. Los partidarios de terceras vías deberían pensárselo dos veces o, al menos, leer a Stéphane Dion y sus críticas a la política del contentamiento para con los nacionalistas.