Ponen fecha al fin del castigo de los pescadores españoles en aguas de Marruecos

La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha augurado este martes que "habrá dos años de suspensión" de la actividad de la flota que faena en caladeros marroquíes incluso si, "en el mejor de los casos", la sentencia de la que depende el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos permite su renovación.

"Veremos lo que dice la sentencia, pero la voluntad de la Comisión Europea es renovar el acuerdo si el fallo no lo impide", ha explicado Aguilera a Europa Press tras la reunión de este martes de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

El protocolo del acuerdo expiró el pasado 17 de julio, fecha en la que la flota afectada suspendió su actividad y cuya posible renovación depende de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto, a la que precederán las conclusiones del Abogado General de la UE, que se esperan para el próximo 21 de marzo.

"Lo que expiró por plazo es el protocolo, aunque el acuerdo se mantiene", ha precisado la eurodiputada socialista, que ha apuntado que la Comisión mantiene contactos para la cooperación científica y técnica de aquellos proyectos previstos en el acuerdo más allá de la pesca.

Aguilera calcula que "no habrá posibilidad de renovación en todo el año" y aunque la sentencia permita renovar el acuerdo, "todavía quedaría la negociación posterior", por lo que considera que, "en el mejor de los casos, habrá dos años de suspensión".

El último acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos entró en vigor el pasado 18 de julio de 2019, lo que permitió reanudar la actividad de la flota comunitaria, que llevaba suspendida desde el 14 de julio de 2018.

Sin embargo, en 2021, dos sentencias del Tribunal General de la UE, a petición del Frente Polisario, anularon el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos y el acuerdo sobre preferencias arancelarias, que incluía ilegalmente el territorio saharaui ocupado, aunque ahora el TJUE debe pronunciarse sobre los recursos que el tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra los fallos anteriores, en los que defienden la legalidad del acuerdo.

La suspensión de la actividad afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a las flotas andaluza, gallega y canaria.

En lo que respecta a las ayudas por la paralización de la pesca, Aguilera ha indicado que estas sólo podían recibirse durante un máximo de seis meses, ya que el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) no contempla la expiración de un acuerdo como una "causa mayor".

"Creo que el sector ya preveía esta situación y ha buscado otros caladeros, pero existe una presión importante en el golfo de Cádiz", ha advertido Aguilera, ya que considera que "han concurrido diversas circunstancias que tensionan a la flota" en esta zona, una situación a la que "no ayuda" la expiración del acuerdo.

No obstante, aboga por esperar al resultado de la sentencia y, en el caso de que esta impida la renovación del acuerdo, cree que "habrá que abordar esa presión", que puede resolverse, a su juicio, con "otras fórmulas", como un mejor reparto de las artes menores en la pesca del atún rojo.