Los ganaderos de Galicia se hartan y se van a estas comunidades a comprar sus gallinas
El lío burocrático generado por la ley del Ministerio de Agricultura que obliga a legalizar los gallineros de autoconsumo fuerza la búsqueda de alternativas.
Los ganaderos gallegos se enfrentan a un complicado entramado burocrático relacionado con la regulación de los gallineros de autoconsumo. La imposición de registrar estas granjas avícolas ha generado largas colas en las oficinas rurales de la región. Cerca de 50.000 ganaderos de Galicia se han visto obligados a realizar este trámite, muchos de ellos optando por la vía presencial, a pesar de las dificultades que implica.
Esta medida, establecida por el Real Decreto 637/2021, ha suscitado numerosas quejas entre los ganaderos, quienes consideran excesiva la burocracia exigida para legalizar los gallineros domésticos, especialmente cuando no comercializan carne ni huevos de sus aves.
El registro de los gallineros de autoconsumo se ha convertido en una urgencia para muchos ganaderos, ya que necesitan adquirir aves de reposición, una práctica común en esta época del año. La no regularización puede acarrear multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, lo que ha llevado a algunos de ellos a buscar alternativas fuera de Galicia, como Asturias y Castilla y León, donde las regulaciones son menos estrictas.
El Real Decreto establece un límite de aves para cada tipo de gallinero, siendo en el caso de los de autoconsumo de hasta 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde, sin posibilidad de venta de sus productos derivados.
Para evitar estas multas, los ganaderos deben realizar el registro de los corrales de autoconsumo, un proceso que puede llevarse a cabo de forma presencial en las Oficinas Agrarias Comarcales o de manera online a través de la sede electrónica de la Xunta.
La complejidad de esta normativa ha llevado a muchos ganaderos a buscar alternativas fuera de Galicia, donde la burocracia es menos exigente. Asturias y Castilla y León se han convertido en destinos preferidos debido a criterios más laxos en la aplicación del Real Decreto del Ministerio de Agricultura. Esta situación ha generado tensiones entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, con el primero argumentando que es necesario llevar un registro para prevenir plagas como la gripe aviar, frente a las alegaciones de los ganaderos sobre la excesiva rigidez de la normativa.
