El profesorado pide protección: el 22% de docentes asegura haber sufrido una agresión en las aulas

Los profesores han dejado de percibir sus centros de trabajo como lugares seguros y reclaman ahora ayuda y “medidas urgentes” de protección. A raíz del apuñalamiento múltiple llevado a cabo por un alumno de 14 años en un instituto de Jerez, los sindicatos de Enseñanza han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar la protección de los docentes en las aulas. El crecimiento exponencial de las agresiones físicas por parte de estudiantes o familiares ya afecta casi a uno de cada cuatro (22%) maestros, según una encuesta realizada por UGT este 2023.

El cuestionario, realizado a personas que ejercen en distintas etapas educativas, apunta también que el 74% de los encuestados ha sufrido alguna vez a lo largo de su carrera por su integridad física o emocional. Además, un 48% ha asegurado haber tenido situaciones desagradables con algunos de los miembros de la comunidad educativa y haberse sentido abandonado cuando ha solicitado acompañamiento a la administración.

Durante el año 2022 los profesores en España habrían sido objeto de unos 1.960 casos de violencia física y acoso, según datos extraídos en este caso por ANPE. En la mayoría de las organizaciones este incremento de situaciones conflictivas se atribuye a una latente reducción de programas que educaban a los estudiantes en la cultura de la no violencia y en la resolución de conflictos de manera pacífica. “Han desaparecido por falta de apoyo y recursos fruto de decisiones políticas", declara el sindicato andaluz Ustea.

Docentes “quemados” por un entorno complejo

Pero ¿por qué está cada vez más presente la violencia en los centros educativos? Los docentes y sindicatos consultados por El HuffPost lo tienen claro. Desde hace tiempo “realizan su trabajo en un entorno laboral complejo”. Algunos de los ingredientes que estarían contribuyendo a enturbiar el clima serían las clases “masificadas”, así como “la falta de orientadores” y la implantación atropellada de la nueva ley educativa.

“Hay un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la LOMLOE, y una ausencia de herramientas para gestionar las aulas de manera eficaz”, protesta el CSIF a través de un comunicado en el que también ha exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional “que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública en nuestro país”.

Precisamente esta organización cuenta con un servicio de atención específica para atender a los profesionales de la enseñanza, CSIF Ayuda Profes. Este recurso fue utilizado el año pasado por un total de 997 docentes de la escuela pública para denunciar casos de acoso, violencia y burnout (síndrome del docente ‘quemado’) sufridos mientras ejercían su trabajo.

Según indican desde la central sindical, este dato supone un incremento del casi el 23% con respecto a los casos registrados por CSIF en 2021. Asimismo, solo los docentes de educación secundaria representan un 52,2% de los casi mil profesores que usaron dicho servicio, frente al colectivo de maestros de primaria.

En cuanto a la tipología de las denuncias, el burnout es uno de los principales motivos por los que los docentes acuden a este servicio especializado de la CSIF. Otro de los más habituales es el acoso en entorno laboral con el 39,6% de los casos registrados. En este caso, el sindicato ha detectado que este tipo de acoso se produce mayoritariamente en redes sociales y principalmente hacia maestros de Infantil.

En cuanto a los casos de violencia, la mayor parte suceden en Secundaria y es ejercida por el alumnado en forma de violencia verbal, sobre todo insultos graves, lo que hace que los docentes se quejen de “indefensión y falta de autoridad”. Las agresiones físicas suponen el 16% del total en estas peticiones de ayuda.

Medidas de prevención

Con este contexto y tras el trágico acontecimiento ocurrido en el instituto de Jerez, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha subrayado que este tipo de incidentes "ponen de manifiesto la vulnerabilidad del profesorado y que es necesario tomar más medidas para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros”.

El sindicato ha exigido “que se implementen las medidas necesarias que eviten agresiones a los profesionales que desempeñan su trabajo en los centros educativos” y ha solicitado que se empiece por una “ampliación de plantillas docentes” para reducir el número de alumnos a los que atender. Según García esto “redundaría claramente en una mejora del clima de convivencia”. Además, ha exigido que se incremente “el número de profesionales de Orientación Educativa”.